Extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata se aproxima ¿Qué sigue ahora?
El Gobierno de Estados Unidos ya presentó los últimos documentos necesarios para concretar la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Manuel Gamboa Sánchez y del supuesto cabecilla narco del Caribe costarricense Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata o Diosito.
Se trata de cartas de garantía en las cuales la Corte del Distrito Este de Texas se compromete a no imponer cadena perpetua, pena de muerte ni una sentencia superior al máximo permitido en Costa Rica: 50 años de prisión. Esto, en caso de que sean condenados por los delitos que se les imputan: distribución internacional de cocaína y asociación ilícita para trasegar droga.
Tras la entrega, el expediente fue remitido junto con estos documentos para que un juez del Tribunal Penal de San José los revise y verifique el cumplimiento de este trámite, con el fin de cerrar el proceso que permitiría la entrega de los primeros extraditables nacionales en la historia de Costa Rica.
El juez también debe verificar que las causas penales que Gamboa y López tenían ante la justicia costarricense hayan cesado, dado que la extradición aprobada y ratificada es diferida, lo que significa que solo puede ejecutarse una vez concluidos los procesos penales en Costa Rica y, eventualmente, tras el cumplimiento de las sentencias condenatorias que se les impongan.
No obstante, el Ministerio Público, con Carlo Díaz a la cabeza, ya consiguió que distintos tribunales y juzgados accedieran a aplicar criterios de oportunidad para congelar las causas penales que ambos afrontaban en Costa Rica. Al juez únicamente le corresponde verificar esa información.
Una vez que el juez dé el visto bueno final, comenzarán las coordinaciones logísticas relacionadas con el envío de una aeronave que aterrizaría en suelo nacional para formalizar la entrega. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos enviará un avión especial para trasladar a ambos.
No se trataría de un vuelo comercial ni de una aeronave convencional. La DEA cuenta con una División de Aviación, conocida como Air Wing, integrada por más de 100 aeronaves —entre helicópteros y aviones— y alrededor de 135 agentes especiales pilotos.
Esta división brinda apoyo aéreo a operaciones e investigaciones antidrogas, con el fin de detectar, localizar e identificar actividades de tráfico ilícito de estupefacientes. Sus aeronaves y personal están desplegados estratégicamente en el Caribe, América Central y América del Sur, regiones clave en las rutas del narcotráfico.
Entre los equipos que utiliza figuran aviones pequeños y medianos, como los Beechcraft King Air (B200 y B350) y los Diamond DA42 y DA62, empleados en tareas tácticas y, en algunos casos, en extradiciones de alto perfil en Centroamérica, como la del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en 2022.
Una vez que la aeronave esté en el país, se activará un dispositivo operativo de alta seguridad para trasladar a ambos desde el módulo de máxima seguridad del centro penal La Reforma —donde han permanecido recluidos desde su captura en junio— hasta la terminal aérea que se defina para el despegue rumbo a Texas.
Esto incluirá la custodia del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el uso de vehículos altamente blindados conocidos como La Bestia, la participación de decenas de oficiales y la protección de los extraditables con indumentaria como chalecos antibalas, cascos balísticos e incluso pasamontañas, con el fin de despistar cualquier posible intento de atentado o de liberación.
Será un operativo similar al utilizado para sus traslados hacia los tribunales donde han afrontado juicios y audiencias en los últimos meses, con la diferencia de que no podrán portar objetos personales y que, una vez entregados a los agentes de la DEA, se les cambiará la vestimenta y las esposas.
Primeros ticos por extraditar
Gamboa ocupó varios de los puestos más relevantes dentro de la estructura pública de Costa Rica, especialmente en las áreas de seguridad y justicia. Fue fiscal jefe en varias provincias.
A lo largo de su carrera fue viceministro de Seguridad Pública, cargo desde el cual se esperaba que liderara esfuerzos contra el crimen y el narcotráfico.
Posteriormente, ascendió hasta convertirse en director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el servicio de inteligencia del Estado, y luego fue nombrado ministro de Seguridad Pública, puesto que ejerció durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Tras dejar el gabinete, regresó al ámbito judicial y asumió cargos relevantes en el Ministerio Público, incluido el de subjefe nacional. En febrero de 2016 fue electo por la Asamblea Legislativa como magistrado propietario de la Sala Tercera de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno de los cargos más altos dentro del Poder Judicial.
Estas posiciones reflejan su trayectoria como actor central en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Costa Rica, antes de enfrentar procesos penales tanto en el país como en el extranjero.
El expediente de extradición da cuenta de que, según la DEA, habría utilizado su posición y contactos de alto nivel para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico.
"Pecho de Rata" fue el primero de los extraditables en ser detenido. Fue capturado por el OIJ en una de sus propiedades en Cahuita, Limón. Un informe de la DEA, que respalda la solicitud de extradición, sostiene que López utilizaba una finca en Sixaola para recibir avionetas cargadas con cocaína.
Se trata, aparentemente, de dos propiedades con acceso directo a playa Gandoca y al río Sixaola, ubicadas a solo diez minutos de distancia entre sí, puntos identificados como rutas de ingreso de droga y que, desde 2023, quedaron más expuestos tras el retiro del puesto de Guardacostas.
Las fincas no estaban inscritas a nombre de López Vega, sino arrendadas por la sociedad Hermanos López Tyndall, conformada por sus hijos y en la que él figuraba como fiscal. La sociedad continúa bajo control de sus familiares y las propiedades abarcan unas 95 hectáreas.
Una fuente confidencial declaró que López Vega adquirió la finca en Sixaola para recibir aeronaves con cocaína y que mantenía una estrecha colaboración con Celso Gamboa, incluso en operaciones de lavado de dinero a través de un equipo de fútbol profesional en Limón.