(CRHoy.com) -Los diputados fabricistas -que conforman el bloque independiente Nueva República– revivieron la discusión del matrimonio homosexual y el aborto como una clara estrategia en su lucha por ganar alcaldías en las elecciones municipales del próximo 2 de febrero.

Así lo sostienen los analistas Gustavo Araya y Sergio Araya, así como los legisladores Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta, del Frente Amplio (FA).

Como parte de su estrategia han aglutinado a sectores de otras fuerzas políticas -como algunos congresistas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN) y otras agrupaciones menores- pero la cara visible del movimiento ha sido el bloque parlamentario leal al excandidato presidencial Fabricio Alvarado.

Estos legisladores  impulsan -con el apoyo de los rojiazules- la presentación de un nuevo proyecto de ley para impedir el matrimonio homosexual y solo permitir las uniones civiles entre personas del mismo sexo, a pesar del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en enero de 2018, y la sentencia de la Sala Constitucional, en agosto de ese mismo año.

La Corte IDH resolvió que el Estado está obligado a garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos establecidos en la legislación nacional, incluido el matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.

Meses después, la Sala Constitucional resolvió que el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia -que prohíbe el matrimonio homosexual- es inconstitucional y dio un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para que adecue la legislación nacional. Ese plazo concluirá el 26 de mayo de 2020 y si el Congreso no cumple con el mandato, la norma quedará automáticamente sin efecto.

Es en este contexto en el que Nueva República -particularmente la diputada Ivonne Acuña– se encarga de recoger firmas a favor del proyecto que solo permitiría las uniones civiles.

Los fabricistas también anunciaron este jueves que están dispuestos a boicotear la aprobación de proyectos de ley, si el presidente de la República, Carlos Alvarado, insite en firmar la norma técnica para regular el aborto terapéutico y exigieron al mandatario entregar el borrador de la misma.

En este movimiento, sumaron a congresistas del PUSC, PLN, Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC) y al independiente Erick Rodríguez.

El grupo ultraconservador que lideró Fabricio Alvarado amasó su caudal electoral en las votaciones nacionales pasadas con discursos que apelaban a evitar el matrimonio gay y frenar el aborto, en lo que presentaron como una lucha por los valores morales costarricenses y el derecho a la vida.

Aunque no ganaron el Poder Ejecutivo, lograron conquistar 14 curules en el Congreso bajo la bandera del Partido Restauración Nacional (PRN), que luego se redujeron a 7, tras la división en esa bancada producto de la cual surgió Nueva República.

Apuesta política

El bloque independiente Nueva República comenzó a atizar la discusión de los dos temas a escasos días de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a las votaciones municipales, el próximo miércoles.

El politólogo Sergio Araya sostuvo que la agrupación "está entendiendo que se aproxima una campaña electoral en la que, según algunos estudios, se ve que podría darle réditos a ese partido en términos de alcaldías, curules municipales, apoyo electoral y, evidentemente, esto los insufla, los inyecta para tratar de cristalizar esas proyecciones en hechos concretos".

Como parte de esa estrategia, el bloque lucha por convertirse, ante el electorado, en la verdadera oposición al Gobierno y diferenciarse de otras agrupaciones políticas.

"Son temas que todavía no se han cerrado (el matrimonio gay y el aborto) que permiten su uso en términos de polarización y en términos de movilización de emociones con un objetivo electoral", dijo.

Comentó que esa apuesta podría ser un error porque las elecciones municipales no son el mejor escenario para debatir esos temas, aunque recordó que en política-electoral todo se vale.

Su colega Gustavo Araya opinó que la estrategia de los legisladores fabricistas forma parte de una pugna entre partidos por convertirse en la oposición al Gobierno.

"Este grupo necesitó de hacer ese impasse, ese acto simbólico, para que efectivamente las cámaras volvieran a verlos y entonces hacerse a sí mismos vistos como la oposición al Gobierno. Lo necesitaron en este momento porque hacerlo en octubre era muy evidente", manifestó.

Admitió que aunque los temas del matrimonio gay y aborto podrían estar desgastados, podrían generarles réditos políticos.

"En términos de la población general, de las provincias costeras, de lo que han sido los territorios tomados hoy por la agenda de oposición al Gobierno, estos temas les podrían convocar porque son emotivos, y eso permite organizar a las comunidades", reiteró.

Intereses politiqueros

Desde el oficialismo, el diputado Sánchez expresó que es imposible no detectar intereses político-partidarios, con miras a las elecciones municipales, de parte de Nueva República.

"Son temas que logran movilizar base, convocar gente y reclutar votantes. Aunque sean temas, uno superado constitucionalmente (matrimonio homosexual), y el otro que está absolutamente lejos de la potestad legislativa (aborto), son los que necesitan tener vivos en este contexto", aseguró.

Dijo que por ese motivo insisten en mantener en agenda la discusión de los temas en un tono polarizante.

Villalta, del Frente Amplio, reconoció que los fabricistas se mueven por intereses electorales, pero opinó que el Gobierno hace lo mismo al retrasar la firma de la norma técnica para regular el aborto terapéutico.

"Me parece que son acciones politiqueras, acciones que se enmarcan dentro de la cercanía de las elecciones municipales y el esfuerzo de esta bancada por decirle a sus seguidores que ellos van a seguir luchando, contra viento y marea, para impedir los avances en materia de derechos, que ellos van a seguir luchando contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra la Sala Constitucional, contra la Constitución de Costa Rica", sostuvo.

En su criterio, son acciones sin fundamento alguno, excepto para garantizarse votos en los comicios municipales.