Alias “Gato” usó falsos patrocinios y préstamos ficticios para legitimar dinero, según expediente judicial
Jonathan Álvarez, conocido como alias "Gato", usó falsos patrocinios y dudosos préstamos para lavar el dinero que conseguían en sus negocios ilícitos, según detalla el expediente judicial del Caso Venus 2.0.
Estos préstamos y patrocinios provendrían de empresas que, según la investigación, eran administradas por testaferros vinculados con la misma estructura criminal liderada por Álvarez, dedicada a blanquear ganancias del narcotráfico.
Para ello, según el documento judicial, habrían intervenido Pamela Álvarez Jiménez —hija de Álvarez— y los contadores Randall Espinoza Esquivel y Carlos Sánchez Coto.
Estas tres personas fueron detenidas el martes pasado durante una operación ejecutada por la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que incluyó 20 allanamientos en diferentes partes del país.
La documentación judicial expone conversaciones entre los detenidos en las que discutían estrategias para introducir el dinero al sistema bancario de forma lícita.
Patrocinio de compañía de prófugo
Para lograrlo, plantearon recurrir a contratos de patrocinio ficticios, los cuales se firmarían con compañías registradas a nombre de testaferros vinculados con la estructura criminal o de los propios imputados.
En esas acciones, en apariencia, participó el abogado Franklin Fernández Torrentes, cercano a Álvarez y detenido por segunda vez en este caso durante los allanamientos del martes.
César Augusto Melgar Sandoval, guatemalteco nacionalizado costarricense, figura como otro de los miembros de alto perfil del grupo, ya que aparece como uno de los principales socios de "El Profe" en el lavado de activos mediante negocios vinculados con la ganadería.
Melgar estuvo implicado en un decomiso de droga hace más de una década y permanece en fuga desde mediados de 2025, cuando el OIJ ejecutó la primera operación del caso Venus.
Dinero a centro de pádel
Las investigaciones también revelan que Álvarez mantenía comunicaciones con su hija, los contadores Sánchez y Espinoza y el abogado Fernández sobre el manejo del centro de pádel.
Según el OIJ, esos intercambios permitieron establecer que esa empresa habría funcionado como receptora de capital de procedencia ilícita.
En las conversaciones se evidenció la preocupación de Álvarez ante la posibilidad de que las cuentas ligadas al negocio fueran investigadas, por lo que solicitó asesoría para evitar que esa información llegara a manos de la policía judicial.
"De dichas conversaciones se extrae que la posibilidad de que no existiera una causa lícita que les permitiera justificar los fondos ingresados a las cuentas bancarias asociadas al Smash Padel, lo que motivaría a los investigados mencionados supra a buscar una justificación falsa para tal propósito", indica el informe.
A partir de ese momento, los sospechosos comenzaron a planificar cómo justificar el ingreso de dinero por otras vías, como supuestos patrocinios con personas cercanas al negocio.
Caso Venus. Negocios de hermanos bajo la lupa por posible lavado de dinero.
Préstamo ficticio
Los investigadores también ubicaron conversaciones entre el imputado Franklin Fernández y César Melgar relacionadas con la creación de préstamos que sirvieran como justificación para el ingreso de dinero.
Según el expediente, Melgar consultó a Fernández Torrentes cómo justificarían un supuesto préstamo proveniente de una empresa del guatemalteco. Además, le indicó que para respaldar esa operación debían ponerse de acuerdo con terceras personas.
Las autoridades señalaron que ese intercambio se confirmó con un supuesto contrato localizado durante uno de los allanamientos vinculados con el caso Venus.
El documento corresponde a un Contrato de Préstamo Mercantil firmado a finales de junio de 2024 por Pamela Álvarez Jiménez, en representación de Smash Padel, y por César Melgar Sandoval como representante de la sociedad Lavodnas.
Mediante ese acuerdo se pretendía establecer que Smash Padel se constituyó en deudora de Lavodnas por un monto de ₡10 millones.
Según la investigación, esta circunstancia acredita —en grado probable— la utilización de patrocinios y préstamos simulados como una técnica para introducir fondos en el sistema bancario con justificaciones que no coincidirían con la realidad.
"Autopréstamo"
Los investigadores también analizaron comunicaciones entre el contador de Álvarez, Carlos Sánchez Coto, y otros sospechosos, particularmente Randall Alberto Espinoza Esquivel.
De acuerdo con la hipótesis policial, estos mensajes resultan contundentes y de fácil interpretación, ya que confirmarían la probable participación de ambos como piezas clave dentro de las operaciones financieras del grupo criminal.
El análisis sugiere que tanto Sánchez como Espinoza manejaban información contable y financiera de la organización.
Según el expediente, ambos habrían asumido funciones relacionadas con la verificación de los dineros que ingresaban a las cuentas del negocio Smash Padel, con el objetivo de justificar su procedencia, debido a que la entidad bancaria solicitaba información sobre esos movimientos.
Los investigadores también revisaron la forma en que los sospechosos ideaban esas explicaciones. En apariencia, Carlos Sánchez consideró utilizar patrocinios como una estrategia para justificar los ingresos.
Según la hipótesis policial, esa práctica incluso sugería que el imputado Jonathan Álvarez podría estar incurriendo en una especie de "autopréstamo" de dinero para intentar justificar el origen de los fondos.
Los investigados permanecen detenidos desde el martes y esperan la resolución sobre las medidas cautelares que deberá definir el Juzgado Penal de San José.
