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Fiscalía acusa a “Macho Coca” por construcción de muelle en Portete

Empresario pesquero habría hecho obra en terrenos estatales

Por Pablo Rojas | 9 de Ene. 2018 | 5:11 am

El empresario pesquero limonense, de apellidos Bell Fernández, alias Macho Coca, podría ir a juicio acusado por presunto delito de usurpación de bienes de dominio público al aparentemente construir un muelle ilegal de 60 metros en Portete de Limón durante 2014.

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental confirmó que el 22 de diciembre anterior presentó la acusación por el expediente  15-000440-063-PE, en el cual también figuran como imputados un hermano de Bell Fernández y 7 hombres apellidados: Álvarez Fernández, Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón, Picado Grijalba, Lindo Roves y Buchanan Sthepens.

En ese mismo expediente se sigue otra causa contra Macho Coca por la construcción 'más reciente' de un muelle, en apariencia también ilegal, en Portete.

Al parecer, el empresario realizó las construcciones sin contar con el aval de la Municipalidad de Limón y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La solicitud de apertura a juicio está en proceso de comunicación a las partes, incluida la Procuraduría General de la República (PGR). Luego, dependerá de que el Juzgado Penal de Limón fije fecha para la audiencia de apertura a juicio.

[leer-mas url="https://www.crhoy.com/nacionales/investigan-construccion-reciente-de-muelle-clandestino-en-propiedad-de-macho-coca/" caption="Investigan "construcción reciente" de muelle clandestino en propiedad de Macho Coca"][/leer-mas]

¿Quién es Macho Coca?

Como empresario ligado al sector pesquero de Limón era conocido, sin embargo Bell acogió relevancia nacional en 2015 por la supuesta construcción ilegal en Portete.

De igual forma, por una cuestionada reunión que sostuvo en ese sitio con el entonces ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora y Ann McKinley Meza, jerarca de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En esa oportunidad, pese a la reunión, McKinley dijo desconocer detalles sobre el muelle o los propietarios. Pero, Anita McDonald, entonces directora del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), quien tuvo que dejar el cargo por este asunto, aseguró en ese mismo año que la construcción era propiedad de Bell Fernández.

En un documento, con fecha del 28 de julio de 2015, y cuya copia llegó a los diputados, el empresario solicitó autorización al Incopesca para descargar mariscos en el muelle de Portete.

Las dudas sobre el tema crecieron cuando un informe elaborado por el Registro Nacional, a petición de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, reveló que los terrenos sobre los que se constituyó el muelle eran propiedad de la Municipalidad de Limón.

Bell Fernández fungió por varios años como asesor de Incopesca, hasta que dejó el cargo en razón de este caso.

[leer-mas url="http://www.crhoy.com/archivo/diputados-alistan-informe-sobre-mulle-ilegal-y-macho-coca/nacionales/" caption="Diputados alistan informe sobre mulle ilegal y "Macho Coca""][/leer-mas]

Otro caso más

En su momento, el Ministerio Público ligó al empresario como componente de una agrupación dedicada a movilizar cocaína y marihuana entre Limón y San José.

Por ese caso fue detenido en octubre de 2015 en su casa ubicada en Limón. Tras 6 meses en prisión preventiva, el 8 de abril de 2016 fue puesto en libertad bajo medidas cautelares.

De hecho, Bell fue separado del expediente principal y pasó a ser investigador aparte por posibles delitos de narcotráfico y legitimación de capitales (en un testimonio de piezas).

La Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado (FACDO) confirmó que la causa continúa bajo investigación.

Eso sí, a finales de 2016, fue sobreseído por el presunto delito de penalidad del corruptor, al aparentemente pagar dádivas a oficiales de la Policía de Tránsito para que permitieran pasar carros de su propiedad por algunas zonas de Limón.

"Macho Coca" permanece en libertad bajo medidas cautelares: firmar cada 15 días, no cometer nuevos delitos, no salir del país, no comunicarse con ningún imputado en la causa y no acercarse a 100 metros de ningún puerto.

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