Fiasco en Río Azul: CNFL pagó millonaria asesoría a exmagistrado pero lo despidió antes de audiencias
Tras diez años, contencioso está listo para etapa de juicio a inicios de 2020. Empresa reclama $35 millones
(CRHoy.com) Por alrededor de seis años, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) le pagó a un exmagistrado de la Sala Constitucional para que los asesorara en una demanda contenciosa, pero en medio proceso, y antes de que se realizaran las audiencias, la entidad decidió despedirlo.
El caso se remonta a 2009 cuando la CNFL acudió a los servicios del exmagistrado de la Sala Constitucional en el periodo 1997-2001 Mauro Murillo Arias, para que los ayudara a defenderse por una demanda planteada por la empresa Saret.
La firma había resultado adjudicataria en diciembre del 2000 para construir y operar una planta de biogás que aprovechara las emisiones generadas por la basura.
La planta fue construida con cierto éxito y comenzó a operar en 2004, pero una serie de incumplimientos en la entrega de los terrenos y a que tanto la CNFL como la Federación de Municipalidades del Este (Fedemur) -que actuaba como administradora del relleno- permitieron que el lugar se siguiera utilizando para depositar basura. La planta de biogás terminó en un monumental fiasco, con todas las tuberías y pozos destruidos e inundados de basura.
El fiasco fue a dar irremediablemente al Tribunal Contencioso Administrativo, que a partir de 2010 comenzó con la recolección de pruebas y testimonios, celebración de audiencias y resoluciones procesales. El caso ha sido tan complejo que se ha tardado casi una década y no es sino hasta ahora que está listo para elevarse a juicio en marzo del próximo año.
Sin embargo, justo en momentos en que el Tribunal se aprestaba a las audiencias, la CNFL decidió de manera unilateral rescindir el contrato al abogado.
Según consta en documentación legal del caso en poder de CRHoy, el 6 de abril de 2016 el Tribunal Contencioso notificó a las partes de que las audiencias se llevarían a cabo el 30 de mayo de ese año.
Fuerza y Luz recibió dicha notificación el 14 de abril de ese año a las 10:04 a.m., pero mediante un escrito enviado al Tribunal solo dos semanas después – el 2 de mayo- la CNFL comunicó que había revocado los permisos especiales a su representante legal.
Murillo confirmó dicho movimiento al Tribunal, pero rechazó en ese momento que se hubiese tratado de un acuerdo mutuo y acusó a Fuerza y Luz de adeudarle parte de sus honorarios.
Por este contrato con el abogado externo, Fuerza y Luz pagó un total de ₡3.471.390 correspondientes a la contestación de la demanda y ₡45 millones del contrato de servicios profesionales #2201-471-2011 por la primera etapa del proceso; es decir, la contestación de la réplica del demandante.
Según Guillermo Sánchez, director Jurídico de la CNFL, el total de la asesoría era por ₡300 millones, "menos que la tabla legal".
Sin embargo, el exmagistrado no llegó hasta el final del proceso y fue despedido antes de lo previsto.
"Por oficio de la Asesoría Jurídica Empresarial, se le comunica al Dr. Mauro Murillo Arias, la decisión administrativa de iniciar el procedimiento de rescisión y la revocación de poderes, debido a la valoración de la nueva Gerencia de la CNFL, en el sentido de que la Asesoría Jurídica Empresarial cuenta con personal experto y profesional para atender el resto de las etapas de la demanda hasta la fecha", dijo el representante legal de Fuerza y Luz, consultado por CRHoy.
Murillo confirmó su participación pero dijo a este medio que producto del diferendo con Fuerza y Luz existe otro juicio contencioso administrativo planteado por él contra la Compañía. El abogado reclama que la CNFL le adeuda unos ¢50 millones adicionales.
"Mi contrato de servicios de abogacía la CNFL lo rescindió aduciendo falta de recursos únicamente. La decisión fue de las autoridades superiores. Primero lo rescindieron revocando el poder judicial. Luego hicieron un procedimiento formal. Efectivamente estimé que no se me había indemnizado debidamente y tengo pendiente un contencioso administrativo contra la Compañía, reclamando la diferencia no reconocida de unos ¢50.000.000. El proceso de Saret se inició en el 2010. Se me separó del caso en el 2016. En el 2018 demandé a la CNFL", afirmó Murillo.
Planta a la basura: historia de un proyecto fallido
La planta de biogás de Río Azul fue concebida como un proyecto que no solo permitiría aprovechar los residuos depositados para generar electricidad, sino también para beneficiar ambientalmente al país, evitando la emisión de más de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera durante cerca de 10 años.
Pero los esfuerzos por lograrlo terminaron literalmente en la basura. Una serie de irregularidades y desacuerdos entre la CNFL, Fedemur y WPP Continental de Costa Rica llevaron a un cierre prematuro del proyecto, con gran parte de su infraestructura convertida en desechos.
Saret, adjudicataria de la obra, demandó a la CNFL como única entidad estatal autorizada para el desarrollo del biogás a partir de la basura en ese entonces. Solidariamente demandó a Fedemur y WPP.
El reclamo ascendió inicialmente a unos $25 millones, aunque con los intereses ahora la empresa lo calcula en unos $35 millones, según consta en el documento de Convenio Preventivo enviado al Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José el 13 de agosto de 2018.
Para Saret perder esta demanda representaría un duro golpe en sus finanzas, pues la empresa atraviesa un serio problema de liquidez que la llevó a pedir el convenio preventivo para evitar la quiebra.
El dinero forma parte del acuerdo ofrecido para pagar a sus acreedores. No ganar la demanda la pondría en mayores problemas de pago.
Pero para la CNFL también representaría un problema, dado que la entidad ha venido atravesando serios problemas de finanzas desde hace cinco años. En los estados financieros de 2018 la entidad tenía aprovisionados ₡7.726 millones para hacerle frente a este litigio y en sus notas señaló:
El caso es complejo, se considera que existen grandes posibilidades de ganar el caso; sin embargo, hubo inercia de la administración en rescindir el contrato en su oportunidad, lo cual podría repercutir con el reconocimiento de algunas pretensiones de la demanda. Pendiente de reprogramación de continuación de audiencia preliminar.
La inercia y el descuido aceptados por la propia compañía se evidencian en la documentación en poder del Tribunal Contencioso Administrativo.
Después de adjudicar el proyecto a Saret en el 2000, en 2001 la CNFL firmó el contrato con WPP para el cierre técnico del botadero, pero en 2004, después de que la empresa ya había concluido la planta y había alcanzado acuerdos a nivel internacional para vender certificados de carbono, las cosas no caminaron como lo esperado.
El botadero se dividió en tres segmentos, pero a la firma solo se le dio un primer bloque. La CNFL le dijo que la entrega sería paulatina de los restantes segmentos.
A pesar de la existencia de una medida de cierre, el botadero siguió recibiendo basura, y mucha de ella se depositó en zonas donde existían pozos y tubería para la planta. Se denunció la invasión de maquinaria y el daño de infraestructura, pero ni la CNFL ni Fedemur pusieron coto al problema.
En octubre de 2005 la CNFL se comprometió por escrito con Saret a hacer algo al respecto al punto de amenazar a Fedemur con tomar medidas legales. Estas medidas nunca llegaron, como tampoco dejaron de llegar los camiones de basura a Río Azul.
Para 2007 el botadero seguía utilizándose, al un punto tal que la basura alcanzaba ya la mayor parte de los sitios donde había infraestructura necesaria para la operación de la planta. En ese momento la planta operaba apenas con una sola de las máquinas y al mínimo, hasta que en 2009 se produjo la demanda. La rescisión del contrato por parte de la CNFL llegó hasta 2011.
Etapa final
Durante el proceso Saret decidió retirar la demanda contra Fedemur luego de que ésta fue disuelta tras el cierre de Río Azul.
En un intento por trasladar la responsabilidad, Tribunal se percató de que esta organización nunca tuvo un representante o personero inscrito ante el Registro Nacional. Esto dejó en el proceso a la CNFL y WPP como únicas demandadas.
Julio Fonseca, abogado de la empresa WPP confía en que su representada saldrá bien librada, y señaló que Saret no cuenta con pruebas suficientes para lograr su reclamo.
"Lo que le puedo decir es que consideramos que la parte actora que es Saret no cuenta con elementos de prueba suficientes para lograr la sentencia estimatoria y pues guardando el deber de fidelidad, nos sentimos confiados de una sentencia favorable", dijo el representante legal, al señalar que no podía ahondar en el fondo por ser un tema en discusión a nivel jurídico.
Guillermo Sánchez, director Jurídico de la CNFL señaló por su parte que el proyecto quedó desechado por la imposibilidad de operar "dadas las condiciones técnicas adversas".
"Por tal motivo se paralizó definitivamente y no se tiene pensado retomarlo a futuro".
El representante legal afirmó que no ven probable una resolución adversa, pero en caso de pierdan el juicio se atendería con recursos propios o una línea de crédito. Descartó que el eventual costo pueda ser trasladado a los usuarios vía tarifas pues iría en contra de la ley.