El fideicomiso que constituyeron abogados contratados por Yanber para blindar a la empresa de embargos "fue un acto irregular, y posiblemente un delito".

La afirmación la hizo este miércoles Mario Gómez, administrador del otro fideicomiso, en una comparecencia en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga créditos cuestionados otorgados por la banca pública.

Gómez explicó que fueron dos los fideicomisos que se constituyeron.

Uno fue el que hicieron Luis Alberto Vargas y Francisco Luis Vargas en mayo de 2015 y en momentos en que la empresa acudió a la vía judicial para evitar su quiebra. A este se traspasaron los activos de la compañía, incluyendo bienes muebles e inmuebles.

El otro fue el de los bancos que administra Gómez y que tiene las acciones de Yanber. Este se constituyó el 17 de febrero de 2016 en momentos en que se negociaba la venta de la empresa a Francis Durman.

"Lo voy a decir con toda claridad. Creo que el fideicomiso que hicieron los señores Vargas es un acto irregular, y posiblemente un delito porque fue un acto hecho para evitar la ejecución de embargos, que son dictados por jueces de la República, fue un acto simulado porque no era como el de nosotros, que teníamos que estar en la trinchera viendo cómo resolvíamos, sino que fue un fideicomiso donde todo lo operaba Yanber, o sea fue un Yanber paralelo", declaró.

Confirmó que el abogado del fideicomiso creado por Yanber recibió honorarios de aproximadamente $1,8 millones, como lo dijo el 26 de febrero el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Según Gómez, ellos hicieron una solicitud formal a los Vargas para que presentaran una liquidación de ese fideicomiso, pero nunca la entregaron, excepto un documento de finiquito.

"Fue un ordeño"

Solís reiteró que el fideicomiso constituido por los Vargas tuvo como propósito evitar que los bienes de Yanber fueran embargados.

"Los Vargas se ganaron su plata. Aquí lo dijeron, que la función del fideicomiso fue blindar los activos de Yanber para evitar que fuesen embargados por los acreedores. Pero más grave que eso, además, es que los Yankelewitz (Samuel y Andrés, anteriores propietarios) siguieron siendo administradores de Yanber con ese fideicomiso y ordenaron giros que no ayudaban a la empresa", manifestó.

Indicó que, en lugar de ser un deudor que trataba de arreglar los problemas, "trató de sacar en la era del fideicomiso el último jugo a los bancos, ordenando giros no solo para la empresa, sino para cuentas personales. La deshonestidad de los Yankelewitz fue más allá, en la última esquinita de tiempo en que controlaron la empresa para beneficiarse. Fue un ordeño final a los acreedores de Yanber".

Gómez también sostuvo que cuando la firma auditora R. Artavia y Asociados entregó su informe de auditoría, el 29 de abril de 2016, el entonces gerente de Yanber, Ronald Soto, les confesó, después de ser increpado, que los estados financieros de la empresa eran falsos.

La anterior administración de Yanber alteró los estados financieros de la empresa para obtener créditos en los bancos públicos y privados.

La empresa pidió alrededor de $37 millones 7 meses antes de solicitar el Convenio Preventivo de Acreedores, una figura que le permitió suspender el pago de esas deudas y negociar un arreglo.

Pero también hizo exportaciones ficticias por $29 millones a la sociedad Interplastic Industries, radicada en Panamá.

Los diputados de la comisión investigadora sostienen que los expropietarios de Yanber estafaron a los bancos públicos y privados.

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