Fiscal de Cibercrimen sí estaba incapacitado cuando participó en marcha promovida por Chaves

Esteban Aguilar Vargas, funcionario del Ministerio Público (MP) investigado a nivel disciplinario por participar en la marcha promovida por el mandatario Rodrigo Chaves Robles contra el fiscal general de la República, estaba incapacitado cuando asistió a la manifestación.

Aunque originalmente se informó que el fiscal coordinador de Cibercrimen empezó a descontar un permiso sin goce de salario el 18 de marzo, cuando se realizó la protesta, en realidad ese día todavía contaba con una licencia médica para ausentarse de su trabajo.

Ante la consulta de CRHoy, la Fiscalía General informó que el funcionario presentó una incapacidad para el período del 18 al 31 de marzo, aplazando así la entrada en vigencia de su permiso sin goce de salario.

En la misma solicitud, este empleado del Ministerio Público pidió que se varíe el plazo de inicio del permiso sin goce de salario, aunque aún no se ha detallado la nueva fecha. Aguilar ha tomado notoriedad por ser hermano de Gabriel Aguilar, jefe de despacho de Rodrigo Chaves.

Con él posó abrazado en una tarima semiimprovisada durante la protesta contra Carlo Díaz. Esta relación llevó al fiscal general a tomar precauciones, luego de que circularon informaciones en octubre del año pasado sobre una posible filtración de información de causas penales contra figuras del Gobierno.

En la protesta, el fiscal de Cibercrimen, quien ha acusado a su superior de supuesto acoso laboral —lo que fue desmentido por Díaz—, incluso tomó la palabra después de que Chaves y sus figuras más cercanas intervinieran.

Aguilar emitió declaraciones contra el fiscal general: "Aquí los únicos que han sido elegidos por Dios son todos ustedes, quienes nacieron en Costa Rica", dijo irónicamente en referencia a declaraciones de Díaz y replicando un ataque recurrente del mandatario.

Además, "responsabilizó" a Carlo Díaz, a fiscales adjuntos y a otros funcionarios del Ministerio Público en caso de que "le pase algo". Minutos antes, el mandatario defendió a Esteban Aguilar en su discurso y aseguró que el fiscal general "lo ha atacado".

El funcionario incapacitado fue precedido por las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y Paola Nájera, así como por los exministros del actual Gobierno Laura Fernández, Mauricio Batalla, Anna Katharina Müller y Francisco Gamboa, entre otros seguidores de Chaves.

Aguilar Vargas solicitó autorización para ausentarse de sus funciones durante un año, apenas dos días hábiles después de ser notificado sobre una de las investigaciones disciplinarias en su contra.

El 3 de marzo se incapacitó por primera vez por un plazo de dos semanas y, ese mismo día, envió un oficio al fiscal general de la República pidiendo que se le otorgara un permiso sin goce de salario por 12 meses, a partir del 11 de marzo.

Sin embargo, el Artículo 2 del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud establece lo siguiente:

El otorgamiento de una incapacidad formaliza un compromiso recíproco entre el profesional en Ciencias Médicas (médicos y odontólogos), autorizados por la Caja, y el asegurado (a) activo (a), cuyo fin último es propiciar la recuperación de la salud mediante el reposo de este último y su reincorporación al trabajo, el cual genera el derecho a obtener el pago de un subsidio o de una ayuda económica, derechos que están sujetos a los plazos de calificación establecidos en el Reglamento del Seguro de Salud.

El asegurado activo (a) incapacitado (a), en función del reposo prescrito, como parte de su tratamiento, queda inhabilitado para el desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada y no remunerada, pública o privada, tanto en su horario ordinario, como fuera de él, así como cualquier actividad intelectual, física o recreativa que interfiera con la recomendación médica (excepto criterio especial del profesional que extiende la incapacidad, que recomiende lo contrario, lo cual debe quedar anotado en el expediente clínico, indicando el tiempo y el tipo de actividad física o recreativa que requiere el asegurado para su recuperación), lo cual deberá ser comunicado a la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades, para los efectos que corresponda.

La fiscala subrogante, Karen Valverde, asumió la solicitud y la aprobó, por lo cual el permiso empezaba a regir a partir del 18 de marzo, fecha en que el fiscal de Cibercrimen debía regresar a sus funciones. Sin embargo, ese día inició su segunda incapacidad, lo que retrasó su salida temporal del Ministerio Público.

A finales de la semana pasada, Aguilar reconoció en sus redes sociales que estaba fuera por "razones médicas". "Sigo siendo fiscal, de hecho me encuentro incapacitado y se les comunicó respectivamente (que había) solicitado una variación en la fecha del permiso", dijo en su perfil de Facebook.

Bajo investigación

Aguilar ya acumula seis expedientes disciplinarios administrativos abiertos ante la Inspección Judicial, el órgano disciplinario del Poder Judicial. Así lo confirmó el departamento de prensa de la institución ante una consulta de CRHoy.

El proceso más reciente se abrió de oficio y responde a su asistencia a la protesta impulsada por Rodrigo Chaves contra Carlo Díaz. A pesar de seguir teniendo una relación laboral con el Ministerio Público, Aguilar tuvo un protagonismo significativo en el acto.

Entre los hechos indagados en el expediente más reciente, también se encuentra su participación en entrevistas con medios de comunicación afines a la gestión del Gobierno, en las que elevó reclamos contra su superior jerárquico mientras estaba incapacitado.

Cuatro de los expedientes administrativos-disciplinarios fueron abiertos este año. El pasado 27 de febrero, la Inspección Judicial realizó el traslado de cargos del expediente 25-00312-31-DI en su contra.

En él se le acusa de aparentes incorrecciones en el ejercicio del cargo y en su vida privada, que afectarían la imagen de la institución, además de una falta de respeto hacia sus superiores jerárquicos.

A Aguilar Vargas también se le reprochan infracciones por realizar declaraciones ante medios de comunicación utilizando su cargo, en las cuales pudo haber violado la prohibición de divulgar información que atentara contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pudiera afectar derechos de terceros.

Para hacer la solicitud de permiso, afirmó que su carrera profesional, su salud, su seguridad y su familia son "su prioridad", según consta en un oficio del cual este medio tiene copia.

Cabe recordar que los señalamientos sobre la relación de los hermanos Aguilar Vargas surgieron a raíz de una imagen mostrada por una diputada, en la que se mencionan posibles filtraciones de información en el Caso Barrenador.

Este expediente investiga a la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y actual ministra de Planificación, Marta Esquivel, por un contrato con cooperativas con un presunto sobreprecio multimillonario.

A finales de enero, el fiscal de Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que el fiscal general Carlo Díaz ha negado numerosos viajes al exterior con fines de capacitación a su oficina y a los fiscales bajo su cargo.

No obstante, según registros del Poder Judicial, este fiscal coordinador ha realizado al menos 12 viajes en los últimos dos años. En total, ha estado autorizado para ausentarse con goce de salario durante 67 días.

Aguilar también se quejó de un supuesto cierre de su oficina cuando, en realidad, lo que ocurrió fue una coordinación para reasignar el espacio físico un jefe de Aguilar: el fiscal adjunto 2, Miguel Ramírez López, uno de sus superiores directos, quien no tenía despacho propio.

Ningún funcionario con el rango de fiscal coordinador de Cibercrimen contaba con instalaciones como las que tenía Aguilar. Finalmente, este movimiento ni siquiera se concretó.

En marzo, Aguilar también confirmó la existencia de una causa penal abierta en su contra por aparente violencia doméstica.

Sobre las reiteradas manifestaciones de este funcionario judicial sobre su superior jerárquico, CR Hoy consultó al propio fiscal general el mismo día de la manifestación, quien respondió: 

“En ese caso en específico, nosotros somos respetuosos del derecho de manifestarse de cualquier persona. Él creo que estaba en una incapacidad y creo que ahora ya está con un permiso que solicitó al Ministerio Público.

Es su derecho a manifestarse“, aseveró Díaz en entrevista con este medio, tras unos allanamientos conducidos este martes en Hatillo.

A continuación el limitado detalle facilitado por la Inspección Judicial, dado que las indagaciones están en curso.

25-000068-1821*	Causa en investigación. No hay persona acusada.
25-786-31-DI	Causa en investigación. No hay persona acusada.
25-793-31-DI	Causa en investigación. No hay persona acusada.
24-526-1821-DI	Causa en investigación. No hay persona acusada.

25-000992-0031-DI

Causa en investigación. No hay persona acusada.

25-00312-31-DI

Causa en trámite.  Incorrecciones en el ejercicio del cargo y en la vida privada que afectan la imagen del Poder Judicial Artículo  28.2 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 192.1 Ley Orgánica del Poder Judicial Artículos 5 y 13  Ley Orgánica del Ministerio Público.

*Esta fue abierta el 29 de enero en la Unidad de Inspección Fiscal (UIF), órgano disciplinario del Ministerio Público, pero fue remitida por incompetencia a la Inspección Judicial.