Fiscal presenta recurso contra Justicia por romper convenio para audiencias virtuales
Carlo Díaz, fiscal general de la República, presentó un recurso de amparo contra la decisión del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, de romper un convenio que permitía realizar audiencias judiciales de forma virtual con privados de libertad.
Se trata de un acuerdo entre el sistema penitenciario y el Poder Judicial que facilitaba la realización de cierto tipo de audiencias desde las cárceles del país, evitando traslados a los tribunales de justicia y generando ahorros millonarios para ambas entidades.
Díaz presentó el amparo contra el jerarca el pasado 7 de agosto y este se encuentra bajo estudio de admisibilidad.
En el recurso, el fiscal plantea que la terminación inmediata de este mecanismo podría afectar la continuidad de determinadas actuaciones judiciales y, con ello, derechos fundamentales de los reclusos, las víctimas y demás intervinientes en los procesos penales.
Además, solicitó a los magistrados una medida cautelar urgente para suspender provisionalmente los efectos de la decisión impugnada, mantener operativa la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de las audiencias mediante videoconferencia mientras se resuelve el fondo del recurso.
La ruptura del convenio ocurrió el 3 de agosto. La decisión provocó una rápida respuesta legal por parte del Ministerio Público para intentar frenar la medida.
El detonante principal fue la disputa por la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Justicia pretendía que compareciera de forma virtual desde el centro penitenciario La Reforma por motivos de seguridad; no obstante, los tribunales rechazaron la solicitud y ordenaron su traslado físico a San José.
El Poder Judicial aclaró que la presencialidad en el caso de Diablo no fue un capricho ordinario, sino un requerimiento excepcional debido a que agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) debían entrevistarse cara a cara con el detenido para abordar trámites relacionados con su extradición.
El Poder Ejecutivo alegó que las autoridades judiciales muestran una supuesta preferencia por realizar audiencias presenciales, por lo que consideró que el convenio perdió vigencia práctica.
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jerarcas judiciales, como jueces, fiscales y el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, catalogaron la decisión como un grave retroceso.
Advirtieron que obligar al traslado físico de miles de reclusos generará gastos millonarios en combustible, viáticos y alimentación, además de poner en riesgo la seguridad pública en carreteras y tribunales. El volumen de afectación es masivo.
Durante el primer semestre de 2026, el Sistema Penitenciario Nacional procesó 2.416 audiencias virtuales bajo este convenio, lo que demuestra el alto impacto operativo que tendrá su suspensión. Muchas de ellas serían imposibles de atender si se retorna a la modalidad presencial.