Fiscala le ordenó al Presidente que llegara al allanamiento y le decomisó 2 celulares

(CRHoy.com).- La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, tuvo que ordenarle al Presidente Carlos Alvarado y al Ministro de la Presidencia Víctor Morales que se presentaran a Casa Presidencial durante los allanamientos efectuados el viernes pasado por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Las diligencias judiciales arrancaron a las 8 a.m. y tanto Alvarado como Morales no se encontraban en sus respectivas oficinas. Esto hizo que Navas les ordenara acudir a Casa Presidencial, ya que al parecer se encontraban fuera de sus oficinas; ambos llegaron a Zapote en ropa casual.

Durante los allanamientos, el Ministerio Público le decomisó al mandatario su teléfono oficial y un segundo celular personal. Por su parte, al Ministro de la Presidencia solo se le quitó un teléfono móvil que usa tanto para fines oficiales y personales.

Así lo confirmaron fuentes policiales y judiciales que participaron en los allanamientos que se extendieron por más de 30 horas sin descanso. Las acciones judiciales por el caso UPAD terminaron el sábado 29 de febrero a las 3:45 p.m.

Los autoridades judiciales incluso presumen que en Casa Presidencial ya estaban preparados para el allanamiento de la Unidad de Análisis de Datos, pero no imaginaban que los operativos involucrarían al Presidente y al Ministro Morales.

A ambos funcionarios también se les decomisó las computadoras. Estos dispositivos serán analizados una vez que se cuente con la autorización de un juez de la República.

Los allanamientos se dieron luego de que CRHoy.com diera a conocer la existencia de la UPAD, oficina que por decreto tenía acceso a datos confidenciales de los costarricenses. El mismo día de la publicación, el 21 de febrero pasado, el presidente derogó el decreto por medio de un tuit.

Los allanamientos arrancaron el viernes 28 de febrero, luego de que el Ministerio Público lograra el aval de la Sala III. Inclusive, 5 magistrados de esa Sala participaron en los operativos.  El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que 45 agentes formaron parte del equipo de trabajo.

En la causa figuran como imputados el presidente de la República Carlos Alvarado; el ministro de Presidencia, Víctor Morales Mora; al viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; Diego Fernández Montero, encargado de la UPAD; Alejandro Madrigal Rivas, funcionario de la UPAD; Andrés Villalobos, también funcionario de esa dependencia; el asesor presidencial Luis Salazar Muñoz (que renunció el viernes pasado) y Felly Salas Hernández, jefa de despacho.

Según la Fiscalía General, "desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal".

Entre las labores de esa unidad, se ordenó pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y la Fiscalía "cree que Alvarado tenía conocimiento de esto".

"Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto".

En  horas de la noche del viernes, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, se refirió a los allanamientos por el caso UPAD y dijo que él ya había ordenado que se preservara la información.

"Ordené preservar la información y que se pusiera a disposición del Ministerio Público. Sobre el allanamiento en Casa Presidencial, entiendo que es la forma en que nuestra institucionalidad democrática puede dar a conocer la verdad y dar confianza a la ciudadanía", señaló el mandatario.

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Los 8 puntos que investiga la Fiscalía

En la solicitud de allanamiento a la Sala III, Emilia Navas establece como causa de investigación los presuntos delitos de prevaricato, violación de datos personales y abuso de autoridad y señala la concreción de varios hechos, entre ellos la creación de la UPAD sin ningún respaldo legal.

Estos son los 8 puntos más importantes señalados en la solicitud:

1. La UPAD funcionó entre mayo de 2018 a octubre de 2019 con el apoyo de Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero.
2. Felly Salas Hernández en su calidad de jefa de despacho de la Presidencia junto con los asesores habría ordenado a diferentes instituciones datos personales y sensibles y de acceso restringido de la personas ciudadanas, en perjuicio de estos sin mediar orden jurisdiccional o consentimiento.
3. El presidente de la República Carlos Alvarado Quesada avaló la función que cumplía la oficina.
4. Luis Eduardo Salazar y Diego Fernández intentaron revestir de legalidad la labor que venían realizando y justificar la "obtención ilegal de datos personales y sensibles", por lo que propusieron la idea de crear el polémico decreto.
5. Este fue un plan que fue puesto en conocimiento de sus superiores y acogido por ellos con el objetivo de "dar una aparente base de legalidad en las operaciones de la Oficina".
6. Con el decreto ya establecido se daba un aval a la UPAD de solicitar "arbitrariamente" a las instituciones públicas, el acceso a información confidencial.
7. Esta sería una condición "que le permitiría a los denunciados apoderarse de datos personales y sensibles sin que ellos hubieren dado un consentimiento informado, recopilando en apariencia de manera ilegal, dando en principio un tratamiento no autorizado de datos personales y de acceso restringido protegidos por ley, poniendo en peligro la intimidad y privacidad del titular".
8. El decreto, según la opinión de la Fiscalía, resulta contrario al ordenamiento jurídico nacional y representa una "invasión injustificada"por parte del Poder Ejecutivo.