Fiscalía acusa y pide juicio contra mega red de trata que operaba en famosa marisquería josefina
(CRHoy.com).-En setiembre del 2018 estalló un mega caso de trata de personas en Costa Rica: una banda presuntamente trajo a Costa Rica a más de 110 personas asiáticas que pagaron para conseguir un mejor destino.
No obstante, las personas debían realizar trabajos en restaurantes o supermercados donde, al parecer, eran explotados laboralmente. En ese momento se detuvo a más de 29 personas y se avanzó en una investigación que tardó más de 5 años.
¿Qué pasó con el caso? La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes confirmó que el pasado 6 de enero envió al Juzgado Penal de San José una acusación y solicitud de apertura a juicio.
"Actualmente, este despacho se encuentra a la espera de que se programe la audiencia preliminar respectiva, por lo que, por el momento, esta es toda la información que se puede brindar", detalló la entidad.
En la audiencia preliminar se determinará si el caso se eleva a un juicio oral y público.
Así operaban
Las autoridades detallaron en el 2018, cuando hicieron las 29 detenciones, que la banda operaba desde una popular marisquería en San José. Además, lograron reclutar 11 agentes de Migración y Extranjería. La investigación fue denominada "Cielo y Tierra".
- Los líderes de la banda tenían contactos en Asia, Europa y Sudamérica, donde reclutaban a las víctimas y les ofrecían un mejor futuro y trabajo.
- Las víctimas pagaron 22 mil dólares, prometiéndoles regularizar su situación migratoria
- Tenían 2 destinos: quedarse en Costa Rica o Estados Unidos – Canadá.
- Ingresaban por medio de facilidades que les daban los agentes de migración reclutados por la banda.
- En el país había otra organización que colocaba a las víctimas en locales comerciales.
- La policía dijo que los líderes de la mega red de trata ganaron más de $2.4 millones de dólares por el trasiego de 110 personas que eran explotadas laboralmente. De ellos, 3 eran menores de edad.
Facilidades migratorias
De igual manera, a los 11 funcionarios se les señaló por presuntamente facilitar sellos oficiales y hasta tenían puertas identificadas para sacar a las víctimas por medio del Aeropuerto Juan Santamaría o en puestos fronterizos terrestres.
Cada funcionario al parecer ganaba entre ¢2 millones y ¢4 millones, los cuales eran entregados en efectivo. En el país, cuando los migrantes llegaban tenían 2 opciones: salir hacia Norteamérica o bien quedarse en el país y trabajar en abastecedores o restaurantes. En Panamá también se detuvieron a 10 personas.
