Fiscalía admite error del Congreso en trámite de inmunidad de Gerald Campos
El fiscal general Carlo Díaz, coincidió con la defensa del ministro de Seguridad Gerald Campos: la anterior Asamblea Legislativa cometió un error al no votar el levantamiento de su inmunidad, aunque el jerarca renunció voluntariamente a ese derecho en julio de 2025.
La posición del fiscal, sin embargo, difiere en lo esencial de la que sostienen los abogados defensores. Mientras estos piden anular el proceso, Díaz considera que el error es corregible: la Corte Suprema debe devolver el expediente a los diputados para que realicen el antejuicio correspondiente —análisis en comisión especial y votación en el plenario— antes de continuar con la causa penal.
Tal como reveló CR Hoy a inicios de mes, la defensa de Campos presentó un recurso para impugnar el trámite seguido por el Congreso anterior. En lugar de ejecutar el antejuicio legislativo exigido constitucionalmente para procesar a miembros de los Supremos Poderes, los diputados de entonces simplemente recibieron la carta de renuncia a la inmunidad y reenviaron el expediente a la Corte.
En el escrito al que tuvo acceso CR Hoy, Díaz señala que esa renuncia carece de efecto jurídico porque no fue sometida a valoración ni a votación por los legisladores. Agrega que Campos la firmó sin asistencia legal, lo que habría vulnerado su derecho de defensa. El fiscal subraya que el levantamiento de inmunidad es un trámite de naturaleza estrictamente legislativa y que la manifestación unilateral de un ministro imputado no puede sustituirlo.
Para Ronny Durán, integrante del equipo legal del jerarca Gerald Campos, el hecho de que la anterior Asamblea Legislativa no siguiera el procedimiento adecuado al aceptar la renuncia a la inmunidad era razón suficiente para anular el caso de forma absoluta.
Los magistrados de la Sala de Casación Penal, que actúan como jueces del caso, deberán resolver esta situación. También tienen pendiente una solicitud de recusación contra la magistrada Patricia Solano.
La acusación formal atribuye a Campos supuestos actos de corrupción cometidos entre mayo de 2015 y enero de 2016, cuando se desempeñaba como subdirector del OIJ. Se le imputan peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales: presunta alteración de horarios en giras oficiales para justificar pagos indebidos de alimentación por cerca de ₡900.000, uso de vehículos institucionales para viajes privados y pago excesivo de horas extra y viáticos a su entonces custodio —el agente Jara Barquero—, quien fue absuelto recientemente.
El proceso sufrió retrasos cuando Campos asumió como ministro en el gabinete de Rodrigo Chaves y adquirió inmunidad como miembro de los Supremos Poderes. La Sala Tercera ya había fijado fecha para juicio, pero el caso permanece paralizado mientras los magistrados resuelven.
