Fiscalía Anticorrupción insistirá en imponer estas 2 medidas cautelares contra Batalla y sospechosos
Juzgado rechazó las principales medidas contra exministro e implicados en caso Pista Oscura
El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública comunicó este lunes la resolución, que, entre otras disposiciones, dejó completamente en libertad a Alejandro Picado Eduarte, quien podrá reincorporarse de inmediato a su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
A Batalla y al resto de los imputados —como el director general de Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo, y un ingeniero de la CNE, Henry Villalobos— únicamente se les ordenó no contactar ni perturbar a testigos, así como abstenerse de acercarse a las instituciones involucradas.
Pese a este resultado, el Ministerio Público insistirá en solicitar a los jueces que se imponga un impedimento de salida del país a Batalla, la obligación de firmar una vez al mes ante un despacho judicial, y la suspensión del cargo para Picado y los otros dos funcionarios activos.
"Claramente la Fiscalía no comparte estos argumentos, considera que la investigación y los peligros procesales daban para que estas medidas cautelares fueran otorgadas y en razón de ello se formuló un recurso de apelación correspondiente", confirmó el fiscal del caso, Diego Maroto.
El fiscal también aclaró que la jueza, en ningún momento, cuestionó los hechos investigados y considera que sí existen posibles delitos imputados por la Fiscalía, pero mantuvo dudas sobre la influencia que pudieron haber ejercido algunos de los involucrados.
Ahora, el Ministerio Público debe esperar a que se fije una nueva audiencia para volver a argumentar su solicitud de medidas cautelares.
El pasado martes, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con la Fiscalía Anticorrupción, intervino las casas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde además procedieron con sus arrestos, dado que figuran como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia en contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Esta causa está relacionada con una serie de anomalías supuestamente orquestadas para desviar unos $40 millones y realizar una reparación parcial de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia.
Las acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación. La primera está vinculada con la preparación del contrato para las obras y la modificación de un decreto de emergencia emitido meses después de varias tormentas, con el objetivo de incluir a Liberia —y por ende, a la terminal aérea— en dicha declaratoria.
Según el órgano acusador, la emergencia se justificó de forma falsa, pues se atribuyeron los daños que presentaba la pista a la tormenta tropical Bonnie y a otras ondas tropicales ocurridas en 2022. No obstante, los perjuicios se habían presentado con anterioridad a esos fenómenos naturales.
Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, lo que habilitó una contratación por $39,9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S. A.
Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para ejecutar las obras se simplifican, ya que se requiere realizarlas en el menor tiempo posible. Esto implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere el refrendo previo de la Contraloría General de la República.
La segunda línea de investigación recae sobre la ejecución de las obras, dado que, al parecer, en medio de irregularidades, se redujo la cantidad de trabajos en la pista y el valor del contrato solo bajó en $4 millones.
Además de los capturados, en la causa se investiga a otras diez personas, entre ellas el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo Elizondo; el exministro del MOPT Luis Amador Jiménez (ya indagado por la Fiscalía General); la exministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana.
También están otras personas de apellidos Marín Fallas (jefe de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE), Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil), Murillo Saborío (encargado del mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil), Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones), Baltodano Aragón (miembro de la Junta Directiva de Conavi), Sánchez Zumbado y González Chinchilla (presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).
