Fiscalía Anticorrupción investiga presunto uso de carros decomisados al narco para espiar a jerarcas

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene a cargo investigar las denuncias sobre el supuesto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para presuntamente espiar a miembros de los Supremos Poderes.

La entidad detalló a través de un correo electrónico, que la causa se tramita bajo el expediente 24-000761-0619-PE y -de momento- se sigue contra ignorado. Es decir, aún no hay personas imputadas individualizadas.

Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, reveló el 10 de setiembre ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que recibieron una denuncia que advertía un aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico, en poder del Estado, para espiarlo a él y a otros jerarcas.

Dichos vehículos son administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) e históricamente algunos se han asignado a otras entidades de gobierno para ser utilizados.

"No sé si de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Vean, tal vez voy a revelar una investigación que llevamos. Se dice que no son vehículos de la DIS. Más bien, son vehículos que se le decomisan al narcotráfico, que posteriormente entran al ICD, eso es lo que dice una denuncia que tenemos y que esos vehículos son los que se utilizan para darnos seguimiento", detalló Díaz.

El funcionario agregó que, en días recientes, detrás de la casa donde reside, detectaron un sujeto con un vehículo parqueado en una actitud "sospechosa".

"Eso ocurrió cuando yo iba llegando ¿Qué significa eso? Igual, no me importa (…) Esas son parte de las amenazas. Los seguimientos no son solo al fiscal general. Es a magistrados, es a diputados. Es a todo el que se oponga", indicó Diaz.

Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) y miembro de esa comisión, reaccionó a la explicación dada por el fiscal y puntualizó que este tipo de actitudes responderían a acciones orquestadas desde Casa Presidencial y desde el oficialismo.

Sofía Guillén, legisladora del Frente Amplio (FA), relacionó la campaña de desprestigio contra Díaz y el Ministerio Público con recientes investigaciones penales sobre presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Salud.

Entre las instituciones que utilizan vehículos decomisados al narcotráfico, mediante convenios con el ICD, figuran: la CCSS, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Rodrigo Chaves, presidente de la República, y la diputada Pilar Cisneros, así como otras figuras del oficialismo, realizaron una serie de ataques contra el fiscal Diaz justo después de que el Ministerio Público allanó el Ministerio de Salud y luego la CCSS, arrestando a Marta Esquivel fue suspendida del cargo por orden de un juez en el marco de una investigación por presuntos sobreprecios en una contratación adjudicada a 5 cooperativas para administrar 138 Ebáis en 10 áreas de salud de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En la audiencia del jueves, la diputada Cambronero le preguntó a Díaz si los ataques de Chaves eran un incentivo al narcotráfico. El fiscal en afirmarlo. "Es un incentivo bastante grande, los exalta a que nos estén atacando, a tratar de debilitarnos, pero por mis compañeros, sé que eso no nos va a debilitar de ninguna manera".

El funcionario acotó que el presidente Chaves no respeta que hay otras autoridades y que trata de deslegitimar el trabajo que hace la Fiscalía.