Fiscalía apelará resolución que negó extradición de Macho Coca hacia EE. UU.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, confirmó que el Ministerio Público presentará un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal Penal de Limón que denegó la extradición hacia Estados Unidos de Gilbert Hernán de los Ángeles Bell Fernández, alias Macho Coca.
Tal como reveló CR Hoy en primicia este lunes, un juez determinó no conceder la entrega de este empresario limonense, de 62 años, a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que requiere juzgarlo por una causa denominada EE. UU. vs. "Macho Coca", por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.
Según Díaz, la Fiscalía acudirá a este recurso con el fin de que la decisión sea revisada por el Tribunal de Apelación de Sentencia, para que una terna de jueces determine si procede o no la extradición.
"No compartimos el argumento del Tribunal. Consideramos que sí se deben aplicar las normas aunque sean posterior a la comisión de los hechos, porque son normas de cooperación internacional", señaló Díaz.
El plazo para impugnar es de tres días. El Tribunal de Apelación tiene tres opciones: mantener la negativa, cambiar de criterio y conceder la extradición o, bien, devolver el expediente al Tribunal de Limón para que sustente mejor el fallo.
La extradición fue denegada principalmente porque los hechos criminales por los que era requerido —entre marzo de 2022 y agosto de 2023— son anteriores a la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, la cual entró en vigor el 28 de mayo de 2025.
La defensa del supuesto cabecilla alegó que la reforma constitucional al artículo 32 no puede aplicarse retroactivamente a hechos atribuidos antes de su vigencia, ya que ello afectaría derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas.
El juez acogió este criterio e indicó que la modificación del numeral constitucional solo puede aplicarse a hechos posteriores a la fecha de su publicación (28 de mayo de 2025), no a hechos anteriores.
Al denegar la extradición por motivo de nacionalidad y por el principio de irretroactividad de la ley, el Tribunal determinó que Costa Rica debe investigar y juzgar los hechos en el país, conforme a las leyes nacionales.
En consecuencia, se rechazó la solicitud de extradición, se dejó sin efecto la detención cautelar y el impedimento de salida del país asociados a esta causa, se canceló la orden de captura y se ordenó devolver el pasaporte, para que Macho Coca quedara de inmediato a la orden del Ministerio Público para su juzgamiento en Costa Rica.
Sigue en la cárcel
El empresario ya permanecía recluido en el centro penal La Reforma desde octubre de 2024, cumpliendo prisión preventiva —otra figura de privación de libertad— luego de que se le vinculara al caso PetroCoke, como presunto cabecilla de una red dedicada al robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La medida cautelar se ha ampliado en varias resoluciones y actualmente está vigente hasta abril próximo. Por esa razón, no fue excarcelado, sino que seguirá en máxima seguridad.
La acusación penal por la que se solicitó la extradición de Bell Fernández, hacia Estados Unidos surgió de una investigación sobre una organización de tráfico de drogas (OTD) que, según la Administración para el Control de Drogas (DEA), era dirigida por él desde Costa Rica.
De acuerdo con el expediente judicial en manos de CR Hoy, la estructura criminal operó aproximadamente entre marzo de 2022 y agosto de 2023, o alrededor de esas fechas.
Según las autoridades estadounidenses, la organización se habría constituido como una asociación delictiva dedicada a importar, fabricar y poseer cocaína con la intención de distribuir grandes cantidades de esa droga en Estados Unidos.
Durante la investigación, las autoridades identificaron a Bell Fernández como el líder de la organización, quien habría conspirado con al menos otras cuatro personas.
Según la acusación, estos individuos participaron en la importación, fabricación y posesión de cocaína con la intención de distribuirla en territorio estadounidense. Posteriormente, al menos dos de ellos se convirtieron en fuentes confidenciales de la DEA.
Estas personas mantuvieron comunicaciones electrónicas, telefónicas y reuniones presenciales con Bell Fernández. Bajo la dirección de la DEA, se hicieron pasar por asociados de una red internacional de narcotráfico que supuestamente distribuía toneladas de cocaína en Estados Unidos para su posterior redistribución.
En marzo de 2022, o alrededor de esa fecha, miembros de la organización iniciaron conversaciones con uno de estos informantes sobre la compra de grandes cargamentos de cocaína que pretendían transportar a través de suelo costarricense para supuestos clientes en Nueva York y otros lugares.
Durante esas conversaciones iniciales, muchas de las cuales fueron grabadas en audio, los integrantes del grupo confirmaron que Gilbert Hernán era el líder de la organización y aseguraron que podían proporcionar cargamentos de varias toneladas de cocaína.
Tras varias semanas de conversaciones, los miembros de la estructura presentaron a Macho Coca como el "padre" o líder del grupo.
En los meses siguientes, un agente encubierto habló directamente con Bell Fernández en múltiples ocasiones, tanto en persona como por teléfono, para negociar los términos de una posible asociación de distribución de cocaína.
Durante esas conversaciones, Bell Fernández afirmó que tenía los medios para sacar toneladas de cocaína fuera de Costa Rica y aseguró que su organización podía coordinar la venta de una muestra de droga antes de concretar posibles transacciones de mayor escala.
En febrero de 2023, o alrededor de esa fecha, y con la aprobación de Macho Coca, un miembro de la organización entregó al confidente una muestra de un kilogramo de cocaína en Costa Rica a cambio de aproximadamente $6.000.
Posteriormente, los informantes continuaron las conversaciones con Bell Fernández y otros miembros del grupo sobre una posible asociación para distribuir cocaína a gran escala.
Según la investigación, en agosto de 2023 Bell Fernández también discutió la entrega de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína que serían transportados hasta la ciudad de Nueva York.
La acusación fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.