Fiscalía asegura que liberación de sospechosos del megacaso de fraudes “Madre Patria” no afectará investigación
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) aseguró que la liberación de 18 sospechosos del megacaso de fraudes conocido como "Madre Patria" no implica un debilitamiento de la causa ni afecta el curso de la investigación, que —según indicó— se mantiene "con solidez jurídica" y suficiente sustento probatorio.
El pronunciamiento surge luego de que el Juzgado Penal de San José ordenara, el pasado 20 de febrero, la libertad inmediata de 18 imputados, a quienes sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares menos gravosas, como firma periódica, impedimento de salida del país, obligación de mantener domicilio y trabajo, prohibición de contacto con otros imputados y testigos, así como entrega de pasaporte.
De acuerdo con la Fiscalía, en la resolución el propio juzgado dejó claro que se mantiene la probabilidad de que los imputados hayan cometido los delitos investigados, y que la variación de las medidas respondió exclusivamente a una valoración sobre nuevos elementos de arraigo aportados por las defensas.
El Ministerio Público enfatizó que, hasta la fecha, no existe ninguna resolución judicial que establezca que el expediente se haya debilitado o que carezca de sustento probatorio.
Según detalló, las modificaciones en las medidas cautelares obedecen a la evaluación que realizan los juzgados penales sobre riesgos procesales como peligro de fuga, eventual obstaculización de la investigación o afectación a la prueba testimonial.
En este caso, el órgano jurisdiccional consideró que propuestas laborales y domiciliares presentadas por las defensas constituían circunstancias novedosas que disminuían el riesgo de fuga.
No obstante, reiteró que se mantiene la probabilidad de la comisión del hecho delictivo para todos los imputados. La Fiscalía informó que apeló la decisión el pasado 23 de febrero y está a la espera de que se señale audiencia para conocer ese recurso.
El caso "Madre Patria" se remonta al 25 de junio de 2024, cuando se realizaron allanamientos que culminaron con la detención de varios sospechosos.
El 6 y 7 de julio de ese año, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José impuso un año de prisión preventiva a la mayoría de los imputados, mientras que a dos se les dictó arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Posteriormente, el 25 de setiembre de 2024, el Tribunal Penal de San José confirmó la prisión preventiva para 21 personas y el arresto domiciliario para dos imputados.
A lo largo del proceso se han registrado prórrogas, variaciones y nuevas imposiciones de prisión preventiva, producto tanto de solicitudes de la Fiscalía como de apelaciones de las defensas.
En julio de 2025, el juzgado prorrogó la prisión preventiva para ocho imputados, pero sustituyó esa medida por arresto domiciliario sin monitoreo electrónico para otros 11.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, tras recursos presentados por el Ministerio Público y las defensas, se confirmó la prisión preventiva de los ocho y se volvió a imponer esa medida a los 11 que habían quedado en arresto domiciliario.
En diciembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José amplió por dos meses más la prisión preventiva para 19 imputados y extendió el arresto domiciliario para otros tres.
Finalmente, el 20 de febrero de 2026, el Juzgado Penal resolvió la más reciente solicitud de cambio de medidas cautelares y ordenó la libertad de 18 sospechosos bajo nuevas condiciones.
La Fiscalía insistió en que la causa continúa conforme al debido proceso y que la variación de medidas cautelares no altera la línea investigativa ni el sustento del expediente. Mientras se resuelve la apelación presentada por el Ministerio Público, los 18 imputados permanecerán en libertad bajo las restricciones impuestas por el juzgado.
El megacaso "Madre Patria" investiga una presunta estructura dedicada a fraudes de gran escala, cuya causa ha pasado por múltiples revisiones judiciales en materia de medidas cautelares, sin que hasta ahora se haya cuestionado formalmente la probabilidad de los hechos atribuidos a los sospechosos.