Fiscalía concluye que todos los negocios de BCR SAFI con grupo de exdiputado estaban plagados de inconsistencias

Un informe de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) concluyó que existieron irregularidades e inconsistencias en todos los negocios realizados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) con el Grupo HVC, del exdiputado Humberto Vargas Corrales (2018-2022) y sus sociedades anónimas vinculadas.

Se trata de la adquisición de al menos nueve inmuebles que, según la investigación, Vargas Corrales, su hijo Humberto Vargas Sotres y sus socios Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín vendieron con sobreprecio a la subsidiaria. Esa maniobra habría dejado beneficios superiores a los $92 millones para este grupo, al que el Ministerio Público calificó como una organización criminal.

La orden de allanamiento subraya que estas cuatro personas actuaron bajo un plan delictivo previamente establecido y con una distribución clara de funciones, junto a otros imputados que en ese momento ocupaban puestos dentro de la SAFI.

El objetivo: concretar la compraventa paulatina y concatenada de propiedades del Fondo Inmobiliario No Diversificado y del Fondo de Inversión del Comercio y la Industria No Diversificado (FIIND).

Los inmuebles señalados en la investigación son CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca, BC San Pablo, BC Ciudad Colón, BC Pavas y Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

El análisis de las adquisiciones, realizado por los fiscales del caso, determinó que detrás de los negocios entre la subsidiaria del BCR y las sociedades del exlegislador hubo acciones fuera del marco legal.

"Las conclusiones anteriores, señalan irregularidades en todas las negociaciones que se realizaron entre el BCR SAFI y el Grupo HVC, siendo la más evidente de ellas la obtenida del Registro Público de la Propiedad de donde se puede apreciar como BCR SAFI pagó una diferencia injustificada en los precios de compra al Grupo HVC por más de noventa millones de dólares".

El documento detalla que el CE Guadalupe adquirido por el grupo de Vargas en $1,3 millones fue vendido a la SAFI en $12 millones. Asimismo, una sociedad del exdiputado el 10 de agosto de 2018, compró el edificio BC Uruca 02 en $6,6 millones y lo vendió el 19 de setiembre de ese mismo año en $26,2 millones, lo que generó una ganancia cercana a los $20 millones en poco más de un mes.

"Este mismo patrón se identificó en el Parque Empresarial del Pacífico, el cual fue adquirido por el grupo vendedor en 16 millones de dólares y vendido a BCR SAFI en 70 millones de dólares, en poco más de un año un incremento de 54 millones de dólares.

Aunado a lo anterior por medio de dicho informe se permite conocer que ese modelo de trabajo que se daba entre la SAFI y las sociedades relacionadas con el grupo HVC estaba plagado de inconsistencias, omisiones y ocultación de información relevante para la toma de decisiones, además de inconsistencias en los modelos utilizados para la adquisición de inmuebles, falta de fiscalización por parte de los órganos decisores (Comité de Inversión y Junta Directiva) así como trato privilegiado y permisivo a las sociedades relacionadas con el grupo Aguram, que finalmente desencadenaba en compra de inmuebles que no generaban rendimientos esperados para los Fondos de Inversión".

Responsabilidades internas y externas

A criterio de la Fiscalía, para que este esquema se concretara se dio la participación y posible responsabilidad de funcionarios de la SAFI, integrantes del grupo vendedor, peritos externos contratados y personeros del Comité de Inversión y de la Junta Directiva de la SAFI, quienes en apariencia conocieron y aprobaron los proyectos.

Estas personas, según el expediente, no ejercieron labores de fiscalización ni control. Además, aceptaron sin mayor cuestionamiento la información presentada sobre el Parque Empresarial del Pacífico, pese a tratarse de la compra más costosa realizada por ese Fondo de Inversión.

"Señalándose puntualmente a los personeros del área administrativa del BCR SAFI, peritos externos, e integrantes del grupo vendedor, señalando del área de la Gerencia de Adquisiciones y proyectos de la SAFI de ese momento a Marlon Sequeira Gamboa y Natalia Garro Acuña que se prestaron para presentar el perfil de un proyecto tanto al Comité de Inversión como a la Junta Directiva de esa entidad, para ser adquirido por uno de los Fondo Inmobiliarios que tiene como finalidad el adquirir proyectos finalizados y que sean rentables, sin embargo; como se ha venido analizando a lo largo de esta resolución, esa presentación que realizaron de ese perfil de proyecto, no estaba apegada a la realidad, ya que incluyeron información incorrecta o falsa sobre que se adquiriría un inmueble completamente finalizado y con inquilinos de amplia trayectoria que brindarían seguridad financiera en el pago de rentas".

La orden de allanamiento también indica que los personeros del área de Ingeniería de la SAFI, Marco Carbajal Soto y Luis Carlos Gutiérrez Chavarría, presentaron un informe de valoración inicial el 17 de octubre de 2019 basado en la observación del estado del inmueble, pese a que no existían edificaciones construidas en el sitio.

La Fiscalía cuestionó que el entonces gerente, Rosnnie Díaz Méndez, no interviniera pese a las evidencias. Tampoco impulsó acciones correctivas, de control o de denuncia después de que varios testigos le expusieran las anomalías.

También figura el accionar de Álvaro Antonio Jiménez Villegas, encargado del área legal de la SAFI, quien —como reveló CR Hoy— presentó un informe sin incluir aspectos relevantes como el estado inconcluso del inmueble y la falta de idoneidad del Fondo de Inversión Inmobiliario en dólares para adquirirlo. El documento tampoco contenía análisis municipales ni estudio de los contratos de los supuestos inquilinos.

"El mismo escenario se presentó de igual forma con los personeros del Grupo Ingenio AIC Javier Alberto Chichilla Medina y Luis Fernando Arce Saborío (peritos externos) que pudieron haber incluido información falseada en el informe de valoración que realizaron, ya que también presentaron mediante dicho documento un inmueble completamente finalizado, así como espacios de predios inexistentes, y llegando a conocer como ya se detalló que el inmueble no estaba finalizado y el área de predios no correspondía a los 399 000 m2 que se quería hacer creer."

Contubernio en negocios

Sobre el grupo económico señalado como organización criminal —integrado por Manrique Gutiérrez Loría, Héctor Giovanni Barrantes Marín, Humberto Vargas Corrales y Humberto Vargas Sotres— la Fiscalía sostiene que aprovecharon años de realizar negocios con la SAFI y de concretar ventas previas en La Uruca y Santa Ana para, mediante irregularidades y sin fiscalización, cerrar la compra del PEP.

El Ministerio Público también apunta a la participación de quienes integraban el Comité de Inversión de la SAFI del BCR: Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O. Ambos habían cerrado negocios con Vargas Corrales previamente, lo que podría configurar un conflicto de interés que influyó en sus decisiones dentro del Comité.

Ambos son investigados desde 2023 por destruir documentos propiedad del BCR en las oficinas del banco. Esos documentos contenían información sobre el negocio del PEP, presuntamente por orden del entonces gerente general Douglas Soto Leitón, según informes entregados a la Fiscalía.

Los dos crearon sociedades en Panamá junto a Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios y Proyectos de la SAFI, pocos meses después de la millonaria compra del Parque del Pacífico y tras su salida abrupta del BCR.

Estas personas figuran entre las 14 investigadas por presunta comisión de los delitos de sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública, sancionados con penas máximas de hasta 10 y 8 años de prisión.