Fiscalía detectó conducta delictiva de presidente del CNE al meter datos falsos en informe de emergencia

Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), detenido el martes por el caso Pista Oscura, habría incurrido en conductas delictivas al incluir datos falsos en un informe que abrió la puerta para destinar fondos de emergencia a un contrato de casi 40 millones de dólares, otorgado por el Gobierno a la empresa Constructora MECO S. A.

Así lo señala la orden de allanamiento correspondiente a la causa 24-000454-1218-PE, en la que se le investiga junto al exministro Mauricio Batalla Otárola, el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, y otras 11 personas imputadas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos.

La causa se relaciona con la adjudicación de un contrato para que esa empresa asumiera la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), bajo el argumento de que presentaba daños provocados por el paso de tres tormentas tropicales. No obstante, informes técnicos previos descartaron que ese fuera el origen de la afectación estructural.

Aun así, Batalla impulsó una modificación al contrato para que MECO continuara con las obras y pudiera cobrar la totalidad del monto acordado, sin recibir sanciones por los incumplimientos detectados.

Desde el inicio, Picado fue quien trabajó con el presidente Rodrigo Chaves Robles, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y el exjerarca de Obras Públicas, Luis Amador, en la elaboración del decreto ejecutivo que permitió licitar esos trabajos por la vía de emergencia, sin necesidad de fiscalización previa por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Picado figura como uno de los principales gestores de las irregularidades, al facilitar la firma del decreto mediante acciones calificadas como delictivas.

"(…) tenemos la posible conducta delictiva del imputado Alejandro Picado Eduarte, quien también como funcionario público y nombrado al momento en que ocurren los hechos Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, se denota que el mismo aprovechó su posición en su cargo para insertar hechos falsos en el informe para la inclusión de la rehabilitación en el Decreto Ejecutivo", confirma el ente acusador en la orden de allanamiento

Añaden que Picado sostuvo que los daños en la capa subyacente de la pista fueron provocados por las ondas tropicales 11 y 12, así como por la tormenta tropical Bonnie, ignorando los análisis técnicos previos que señalaban la inexistencia de un nexo causal.

Según la Fiscalía, esta afirmación tuvo como propósito facilitar la aprobación de las propuestas de reparación incluidas en el decreto de emergencia firmado por el presidente Rodrigo Chaves, con el fin de utilizar fondos de la Comisión Nacional de Emergencias como parte de un procedimiento de contratación por excepción, a sabiendas de que se incurría en una irregularidad.

Chaves también figura como imputado por estos hechos, pero en una causa paralela que lleva la Fiscalía General, por ser miembro de uno de los supremos poderes.

El informe destaca que se manipularon datos para justificar la inclusión del evento en dichas gestiones, pese a que no guardaba relación con una situación de emergencia, lo que habría generado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.

¿Cómo lo justificó?

El documento judicial confirma que Picado actuó irregularmente desde el inicio al emitir, el 20 de junio del 2023, el informe titulado "solicitud de inclusión en decreto de emergencia no. 43626-MP ante
afectación grave de la pista de aterrizaje del aeropuerto intl. Daniel Oduber Quirós”.

"(…) en forma espuria y a sabiendas de que las ondas tropicales número 11, 12 y la tormenta tropical Bonnie no afectaron el cantón de Liberia en la provincia de Guanacaste, solicitaron que se incluyera dicho cantón en el decreto de emergencia 43626″, detallan.

En una solicitud se indicaba que la tormenta Bonnie y otros eventos meteorológicos del año 2022 ocasionaron una contaminación generalizada de la base de la pista con materiales orgánicos, los cuales afectaron los drenajes y redujeron la capacidad estructural en un 60 %. Ambos efectos combinados, según se argumentó, habrían acelerado la tasa de deterioro del pavimento.

Sin embargo, tanto ese como otros argumentos resultaron ser falsos, ya que múltiples informes técnicos evidenciaban que los daños descritos ya existían con anterioridad a dichos fenómenos naturales. Por lo tanto, el supuesto nexo de causalidad entre los eventos climáticos y el deterioro de la pista no se sostiene.

Esta situación provocó que otros problemas estructurales, ocasionados por desastres ocurridos meses después, no pudieran atenderse adecuadamente, ya que los recursos fueron desviados a obras que no guardaban relación con una emergencia real.

"(…) mediante estas acciones, se ocasionaría que se le diera un destino diferente a los dineros públicos provenientes del fondo de emergencias, el cual se rige por las normas del régimen de excepción que es exclusivo para la atención de esta naturaleza, para atender en forma oportuna y con celeridad las emergencias que azotan al país, es decir, se utilizaron recursos financieros finitos y escasos del Fondo Nacional de Emergencias, cuya finalidad primordial es la atención de eventos de emergencia.

(…) lo que imposibilitó la atención de otros eventos de atención urgente como los provocados por el Huracán Julia que si tiene nexo de causalidad con relación a los efectos que generó en el país", sostiene el informe judicial.

A partir de lo hecho por Picado, el exministro Luis Amador y el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo, quienes también figuran como imputados en la causa, iniciaron con el proceso para dar apariencia de legalidad a la intervención de emergencia en el aeropuerto.

Con el proceso concluido se lanzó un cartel de licitación que finalmente se le adjudicó a MECO, pese a que existían propuestas más baratas con similitud de ofertas y el gobierno justificó que se eligió a esa empresa por "experiencia".

Por eso, a las personas investigadas se les atribuye haber accionado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y la constructora.

Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.