Fiscalía encontró avalúos externos con datos falsos para que BCR SAFI pagara $70 millones a sociedad de exdiputado

Dos avalúos externos con supuestos datos falsos del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), analizados por la Fiscalía, permitieron que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) concretara un pago de $70 millones a una sociedad ligada al exdiputado (2018-2022) Humberto Vargas Corrales, pese a que el valor real del complejo de bodegas era hasta tres veces menor.

Así lo detalló la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en la orden de allanamiento relacionada con las 16 diligencias que ejecutaron el pasado jueves 4 de diciembre, como parte de la investigación por la supuesta compra con sobreprecio de al menos nueve inmuebles negociados por varias sociedades donde figuran Vargas Corrales, su hijo y sus socios Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín.

Uno de los puntos analizados por el Ministerio Público se centró en un avalúo pericial externo del 12 de febrero del 2020, realizado una semana antes de que la subsidiaria del banco estatal firmara la compra del complejo de bodegas en Caldera, Puntarenas.

El informe pericial lo elaboraron los arquitectos Luis Fernando Arce Saborío y Javier Chinchilla Medina, de Grupo Ingenio AIC S.A., a partir de una visita al PEP el 31 de enero del 2020 en compañía del ingeniero Luis Carlos Gutiérrez Chaves, funcionario de la Unidad de Ingeniería de la SAFI.

Según la Fiscalía, ellos construyeron un documento con información falsa al fijar como valor del inmueble la suma de $71.509.009,65 e indicar que "… la inspección realizada a los inmuebles es visual, por lo que se refleja en esté informe responde a la misma.".

El expediente señala que estas personas y el funcionario omitieron información clave, como el hecho de que el inmueble era un proyecto en desarrollo con obras pendientes. Para estimar el valor consideraron el proyecto totalmente construido.

"Con la emisión de este peritaje influyeron, dirigiendo y condicionaron en razón de su cargo como sujetos equiparados, en el proceso de adquisición de bienes de BCR – SAFI, para que se produjera un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública a darle al PEP un valor superior al real e infringieron el título V del Acuerdo SUGEVAL SGV-A-199 del 4 de noviembre de 2015".

Segundo informe obtenido por Fiscalía

El segundo informe bajo cuestionamiento, también señalado por supuestamente contener información manipulada para favorecer al grupo económico del exdiputado socialcristiano, permitió direccionar el dinero de la SAFI hacia la compra del Parque del Pacífico por un monto superior a su valor real.

Este avalúo externo lo firmó José Miguel Solano Álvarez, de la empresa Sol Valle, el 19 de febrero del 2020, un día antes de la firma para adquirir el PEP.

En ese documento se habría insertado información falsa y fijó como precio del inmueble $87.913.894,58. No obstante, en el último avalúo hecho este 2025 se tasó el valor en $28 millones.

"Con la emisión de este peritaje influyó, dirigió y condicionó en razón de su cargo como sujeto equiparado, para que se produjera un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública a darle al PEP un valor superior al real, infringiendo el título V del Acuerdo SUGEVAL SGV-A-199 del 4 de noviembre de 2015", sostiene la Fiscalía en la orden.

Con ambos informes avalados por la SAFI, el 20 de febrero del 2020, Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín se presentaron como apoderados generalísimos sin límite de suma de 3-101-764316 S.A., dueña del PEP, para comparecer ante Karla Villalobos Alpízar, notaria del BCR, y vender el inmueble a Rosnnie Díaz Méndez, apoderado generalísimo sin límite de suma de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

La Fiscalía sostiene que Díaz avaló la compra en $70 millones pese a conocer que los avalúos omitían información trascendental que alteraba el valor real del inmueble. Aun así dejó pasar las anomalías.

"(…) intervino en razón de su cargo y se apartó del deber de probidad, cuidado, lealtad, principio de legalidad en la función pública, el prospecto del FIIND, las obligaciones de Gobierno Corporativo y las demás obligaciones inherentes y pagó un precio superior al valor real del bien adquirido generando una ventaja o beneficio económico para Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín y Aguram Sociedad Anónima, quien recibió la transferencia de pago"

Posteriormente notificaron el negocio a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) mediante un Hecho Relevante el 26 de febrero. Según la Fiscalía, lo hicieron bajo influencia de Díaz Méndez para provocar un resultado lesivo al interés público.

"(…) se materializó al emitir el oficio BCR SAFI 117-2020 de fecha 03 de marzo de 2020, en el cual indicó falsamente que la retención de 8.800 dólares correspondió a una garantía de vicios ocultos por ser un inmueble nuevo, cuando en realidad correspondía a una garantía de obras pendientes necesarias para finalizar el proyecto y con esto ocultó al ente regulador que se infringió el prospecto del fondo de inversión e impidió que el ente regulador tomara alguna medida correctiva que comprometiera o pusiera en entredicho la compraventa del PEP".

Nueva solicitud de Sugeval

Un día antes de los allanamientos para secuestrar documentación relacionada con el caso, la Sugeval remitió un oficio a María del Pilar Muñoz Fallas, vicepresidenta del BCR; Julio César Trejos Delgado, gerente general; y Luis Emilio Cuenca Botey, presidente de la SAFI, indicando que el Comité de Vigilancia del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado realizó señalamientos y mostró disconformidad con el plan de acción aprobado por la Junta Directiva General en la sesión ordinaria 35-25.

Debido a que el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el expediente 25-006058-1027-CA, rechazó una medida cautelar provisionalísima Ante Causam solicitada por el BCR, se ordenó realizar una nueva convocatoria a la asamblea de inversionistas.

El objetivo es revisar los señalamientos expuestos por el Comité de Vigilancia, ya que los inversionistas del fondo buscan un mayor nivel de detalle y aclaraciones sobre el plan de acción que aplicarán la sociedad y su controladora para atender la resolución SGV-R-179-2024.

También deberán brindar a los integrantes del Comité una respuesta con las medidas que la sociedad administradora y su controladora adoptarán para resolver los señalamientos y disconformidades.

Finalmente, solicitaron incluir en la nueva convocatoria a la asamblea de inversionistas, como punto del orden del día o en los documentos anexos, la información necesaria para atender adecuadamente los señalamientos y disconformidades antes del 17 de diciembre.