Fiscalía entrevista a Rocío Aguilar como testigo en caso Cochinilla

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) entrevistó a la superintendente general de Entidades Financieras y de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya, como testigo en el caso policialmente conocido como "Cochinilla".

El interrogatorio se concretó el 10 de febrero pasado en los tribunales del I Circuito Judicial de San José, aunque fue seguido por cuatro defensores de manera virtual, según consta en un acta del Ministerio Público, al que CRHoy.com tuvo acceso.

"Se le explica a la testigo que, si bien se trata de una entrevista informal, igualmente cuenta con un deber de decir verdad, su eventual comparecencia en debate, así como las penas por el delito de falso testimonio", se lee en el documento, que forma parte del expediente 19-000025-1218-PE.

En la entrevista, que tiene una extensión de 7 páginas, Aguilar Montoya hace referencia a su gestión como ministra de Hacienda entre el 8 de mayo de 2018 y el 23 de octubre de 2019, al tiempo que da explicaciones sobre normativa presupuestaria y los planes de gastos en esos años, tanto en el plano general, como en el caso particular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) así como del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La exjerarca incluso respondió preguntas del órgano acusador, así como de los abogados Fernando Apuy Sirias, Juan Marcos Rivero Sánchez y Rodrigo Arias Rojas; por su orden, representantes de los imputados Carlos Solís Murillo (exgerente de Adquisiciones y Finanzas del Consejo de Vialidad), Mélida Solís Vargas y Roberto Acosta Mora (dueños de la constructora H. Solís), así como Carlos Cerdas Araya (propietario de la constructora MECO).

A lo largo de su relato, la testigo explicó que en 2018 existió un diferendo entre la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), en cuanto al monto que este último pretendía cobrar por el concepto del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), como rubro del marchamo correspondiente al 2019.

"La discusión se demoró tanto que esos fondos entraron muy tarde, es decir, después del 20 de diciembre (de 2018). Esos fondos entran directamente a Hacienda. Como entraron tarde, y en vista de que no había recursos para girar, no se transfirieron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el Consejo Nacional de Vialidad, que ascendía a unos ¢7.000 millones. Esto atrasó también comedores escolares y otros presupuestos que no se pudieron girar integralmente", se lee en el reporte.

Asimismo, la superintendente dejó en claro que, en caso de que el Consejo de Vialidad (Conavi) careciera de recursos o necesitara usarlos de otra manera, debía recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) para su aprobación, siempre dentro del monto del tope que ya tenía. Pero sí tenía presupuestado el dinero, y este no le ingresó, el único camino que tenía el órgano desconcentrado era la de un plan de gastos extraordinario, que tenía que coordinarse con las carteras de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, y luego someterse a aprobación de la Asamblea Legislativa.

Sobre los ¢70.000 millones, Rivero Sánchez preguntó a Aguilar Montoya, si esos recursos habían sido utilizados para beneficiar de alguna forma a las constructoras involucradas en el escándalo de supuesta corrupción en contratos de obra pública, ante lo que esta respondió: "Esos fondos se quedaron en Hacienda, el Ministerio no contrata con empresas". De seguido se le consultó si sabía si esas empresas habían tenido alguna responsabilidad en el manejo y destino de los fondos, sobre lo que insistió: "Esos recursos no salieron del Ministerio de Hacienda en 2018, que se los dejó sin transferir y los usó para los pagos ordinarios y fueron consumidos para el presupuesto de la República. El Ministerio no tiene relación con las empresas, sino sólo con entidades. A lo sumo con empresas relacionadas con alquileres. Era imposible que esos fondos se usaran para algo diferente porque se quedaron en el Ministerio".

Entrevista clave

Consultado por este medio, sobre lo señalado por Rocío Aguilar Montoya, el defensor de la empresaria Mélida Solís Vargas, Francisco Campos Aguilar, destacó la importancia del interrogatorio en el tanto que se judicializó declaraciones que la exministra de Hacienda ha dado a la prensa así como ante la comisión especial que investigó el caso Cochinilla en el Congreso.

El abogado aseguró que esas manifestaciones de la superintendente de Entidades Financieras y Pensiones "elimina el mito" de que producto de el escándalo de aparente corrupción, se generó un hueco financiero de ¢78.000 millones. Lo anterior en el tanto que este -en apariencia- no fue trasladado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes -y por ende, tampoco al Consejo Nacional de Vialidad- hasta en 2019 y de manera parcial.

La tesis del caso es que, producto de diferentes supuestos actos de corrupción, se generó un faltante presupuestario ¢78.000 millones. Esto en el tanto que, presuntamente, desde el órgano desconcentrado se dieron ventajas indebidas a compañías constructoras, según explicó el 14 de junio de 2021 -día en que se destapó el escándalo- el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza.

"Dentro del proceso de análisis, que además tiene un sesgo de orden patrimonial, financiero y de peritación de lo que ocurrió en el espacio temporal de trabajo, se ha establecido como premisa inicial, por parte de especialistas en el tema, que estos movimientos irregulares, esta malversación de fondos, esta utilización indebida de dineros previstos para un proyecto y usados en proyectos que beneficiaban o favorecían a otras personas, generó un enorme déficit de carácter presupuestario, lo que podríamos denominar como una especie de laguna financiera o un hoyo o un hueco de carácter presupuestario que, en el periodo de estudio, que es del 2018, el 2019 y los primeros trimestres del 2020, generaron un desbalance de aproximadamente ¢78.000 millones", manifestó en aquella oportunidad el jefe de la Policía Judicial.

Campos Aguilar destacó que, con la declaración de Aguilar Montoya, buscará que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública estudie un cambio de la medida cautelar dictada a su clienta -en prisión preventiva hasta el 26 de marzo próximo- en el tanto que esta ya había ofrecido una caución real -conocida como fianza- de $3 millones, pero el Tribunal Penal de la jurisdicción la rechazó tras conocer una apelación del Ministerio Público, al considerar que esa disposición incumplía "los criterios de idoneidad requeridos", en el tanto que el monto supuestamente malversado era mucho mayor al ofrecido como garantía.

El jurista indicó que la defensa de Solís Vargas por ahora valora  si presentará una solicitud de revisión de las medidas cautelares o si esperará a que la Fiscalía solicite una prórroga de las disposición, lo cual está previsto que suceda a medida que se acerque el vencimiento de la prisión preventiva.