Fiscalía General tramita 46 casos contra miembros de supremos poderes
Corte Plena escuchó esta mañana el informe de la Fiscala General, Emilia Navas. CRH
Emilia Navas, fiscala general del Ministerio Público, brindó su informe de labores este lunes ante la Corte Plena.
Este es el primer informe que presenta la funcionaria como jerarca de la institución desde que asumió el cargo en propiedad a principios del año pasado.
Al filo de las 11:00 a.m. la funcionaria se sentó frente a los magistrados para presentar su repaso de lo que ha sido más de un año de gestión.
Sin precisar en mayores detalles, la funcionaria confirmó que tramitan 46 casos contra miembros de supremos poderes de la República.
Es decir, causas que podrían ser tramitadas -por ejemplo- contra diputados, magistrados o ministros. Incluso, contra personas que ya dejaron esos cargos.
Esos casos son de resorte exclusivo de la Fiscalía General.
Precisamente, en esa dependencia se tramitaron en el último año 395 casos (más de 250 por presuntos delitos contra la función pública). De esa cantidad, se han presentado 4 acusaciones y 3 sobreseimientos.
Asimismo, se han tramitado más de 40 desestimaciones.
Más de la exposición
En un repaso por distintas áreas, Navas planteó ante los magistrados reformas en 3 campos, asumidas en el último año:
.Talento humano.
.Acciones administrativas.
.Abordaje del fenómeno criminal (prioridad en violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales).
La funcionaria aseguró que pese a los problemas en recursos ya tienen 24 funcionarios capacitados para atender la jurisdicción de Crimen Organizado una vez que se apruebe un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
La fiscala reiteró que están pendientes de que se modifiquen algunos alcances de la Ley de Justicia Restaurativa, aprobado por la Asamblea Legislativa durante el año pasado.
También, aseguró que aún se deben trabajar varios aspectos sobre el proyecto de ley de Extinción de Dominio para depurar las capacidades que tendrá el Ministerio Público, con el objetivo de que no solo se convierta en un requisito a cumplir para con organismos internacionales.