Fiscalía investiga a rectora del TEC tras denuncia por contratación de transporte estudiantil

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• La Fiscalía Anticorrupción investiga a la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, por un presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, a raíz de una denuncia ciudadana basada en una publicación de CR Hoy sobre contratos irregulares de transporte estudiantil.
• El TEC firmó convenios directos con Transportes TRC S. A. para varias rutas estudiantiles sin realizar licitación pública, lo que el Departamento de Aprovisionamiento calificó como una contratación irregular contraria a la Ley General de Contratación Pública.
• Los convenios generaron pagos por ₡88,4 millones; la empresa fue sancionada con seis meses de inhabilitación, mientras el TEC asegura haber tomado medidas administrativas y la rectora afirma no haber sido notificada oficialmente por la Fiscalía.

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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.

Según informó el Ministerio Público ante la consulta de este medio, la causa se tramita bajo el expediente 25-000029-1878-PE y fue presentada mediante una denuncia ciudadana en setiembre de 2025. De momento, el caso se encuentra en etapa de investigación, con la recolección y análisis de pruebas.

La denuncia se fundamenta en una noticia publicada por este medio el 15 de agosto de 2025, titulada "TEC sancionó a empresa autobusera y estudiantes se quedan sin transporte", en la cual se revela que la Dirección del Departamento de Aprovisionamiento del Campus Tecnológico Central de Cartago, a cargo de la licenciada Evelyn Bonilla Cervantes, determinó la existencia de un contrato irregular en la prestación de servicios de transporte para varias rutas estudiantiles.

El denunciante señala que "la resolución del Departamento de Aprovisionamiento del TEC, que da a conocer la nota periodística, deja claro que el TEC debió seguir un proceso de licitación pública que no se hizo; en su lugar, se firmaron convenios irregulares".

"En mi criterio, la Dirección del Departamento de Aprovisionamiento del TEC debió ordenar piezas al Ministerio Público de forma inmediata para que se procesara judicialmente a todos los funcionarios del TEC involucrados en la creación, redacción, firma, ejecución y pago de los citados Convenios de Servicio de Transporte Colectivo de Personas entre el TEC y Transportes T. R. C. S. A., porque, a todas luces, esos convenios fueron creados, redactados y propuestos por el mismo TEC. En los documentos adjuntos puede apreciarse, en papel membretado, la firma del TEC, así como la firma de su rectora y de su asesor legal", señaló el denunciante.

Contrato de servicios

Según el expediente al que CR Hoy tuvo acceso, desde 2022 el TEC intentó en varias ocasiones contratar el servicio de transporte subvencionado para la ruta Cartago–Campus Central–Cartago; sin embargo, los procesos resultaron infructuosos. En dos ocasiones, las ofertas fueron rechazadas por precios excesivos o por la ausencia de oferentes.

Ante esta situación, en 2023 la institución recurrió a su propia Unidad de Transportes y a un contrato de servicios especiales con Transportes TRC S. A. para suplir temporalmente la demanda. A finales de ese año y a inicios de 2024, otras empresas que cubrían rutas desde Tibás y Desamparados también abandonaron el servicio debido a la baja demanda.

Para garantizar el transporte estudiantil, el TEC firmó directamente con TRC una serie de "Convenios de Servicio de Transporte Colectivo de Personas" para cubrir algunas rutas. Sin embargo, según la resolución administrativa, dichos convenios no siguieron el procedimiento de contratación pública establecido en la Ley General de Contratación Pública.

La empresa Transportes TRC S. A. estuvo a cargo de las siguientes rutas:

• Cartago–TEC y viceversa (desde el 1.° de febrero de 2024).
• Alajuela–TEC y viceversa (desde el 13 de marzo de 2024).
• Coronado–Campus Cartago y viceversa (desde el 13 de marzo de 2024).
• San José–Tibás–Desamparados y ramales–Campus Cartago y viceversa (desde el 20 de febrero de 2024).

El Departamento de Aprovisionamiento determinó que los convenios firmados no podían considerarse acuerdos de cooperación, ya que implicaban el uso de dinero público y el pago por un servicio, por lo que debieron someterse a un proceso de licitación. Su firma directa constituyó una contratación irregular, conforme a los artículos 103 y 119, inciso k), de la Ley General de Contratación Pública, así como el artículo 279 de su reglamento.

De los convenios suscritos se generaron 19 facturas entre abril y setiembre de 2024, por un monto total de ₡88,4 millones. El TEC pagó ₡55,6 millones y reconoció una indemnización adicional de ₡32,8 millones a favor de TRC, tras aplicar un rebajo del 10 % por utilidades no reconocidas, como establece la ley para los contratos irregulares.

En aplicación del artículo 118 de la Ley General de Contratación Pública, se impuso una inhabilitación simple de seis meses para que la empresa participara en licitaciones del TEC. La sanción rige desde su notificación y ya venció o está próxima a vencer, tomando en cuenta que la resolución final del procedimiento administrativo 001-2025 se emitió el 23 de mayo de 2025.

Posición del TEC

Según indicó en aquella ocasión el TEC a CR Hoy, por medio de su oficina de prensa, la contratación con la empresa correspondía a una modalidad temporal, destinada a apoyar a la Unidad de Transportes cuando las unidades o el personal conductor disponible resultaran insuficientes para cubrir los servicios.

"Durante este año se recurrió a esta modalidad; sin embargo, el TEC se encuentra cerca del monto máximo permitido por la normativa para este tipo de contratación. Además, la empresa con la que se tenía ese contrato se encuentra inhabilitada por seis meses debido a irregularidades", señaló la institución.

Asimismo, confirmó que se tomaron las medidas administrativas correspondientes tanto contra la empresa —proceso que culminó con la sanción— como contra los funcionarios presuntamente involucrados. Este último procedimiento se encuentra en trámite y, por lo tanto, no pueden brindar más detalles, al tratarse de una etapa confidencial.

"Ambos procedimientos (el de la empresa y el interno) se realizan en apego a lo que establece la Ley General de Contratación Pública. Por lo tanto, el servicio no fue suspendido, puesto que nunca se realizó conforme a la ley. Se estaba prestando de forma irregular y, una vez detectada la situación, la administración tomó las medidas necesarias para regularizarla mediante los mecanismos que la ley provee", indicó el TEC.

CR Hoy contactó a Estrada por medio de WhatsApp para conocer su posición al respecto y señaló que no se puede referir al respecto, puesto no ha recibido notificación oficial alguna por parte del Poder Judicial, "no he sido citada o requerida por ninguna autoridad judicial".

"Desde el TEC y mi persona estamos en la mayor disposición de colaborar con las autoridades como siempre lo hemos hecho. Respetando la institucionalidad, la transparencia y la legislación nacional", agregó la rectora.

Además, este medio solicitó nuevamente una posición o una entrevista a la empresa Transportes TRC S. A.; no obstante, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta a los correos enviados.