Fiscalía investiga presunta “estructura paralela de espionaje político” en Casa Presidencial

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia que expone la supuesta creación de una presunta estructura paralela de "espionaje político", dedicada a dar seguimiento ilegal a políticos y funcionarios que tienen "enemistad con el presidente" Rodrigo Chaves Robles.

A este caso se le asignó el expediente 24-000761-0619-PE y -de momento- se sigue contra ignorado, según confirmó el Ministerio Público ante consulta de crhoy.com.

Este medio tuvo acceso a la denuncia que analiza el ente acusador, donde textualmente se expone que "desde hace más de un año está operando una estructura paralela a la de Seguridad Pública y la de la DIS" cuya misión es "obtener información de las personas o grupos que eventualmente atacan o podrían investigar al presidente (Chaves) y a sus principales ministros".

El documento señala que esa unidad hace "investigaciones irregulares para atacar a enemigos políticos de Chaves, principalmente diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, sin que se tenga sustento probatorio de un delito más que ser adversarios ideológicos del mandatario".

También se indica que 2 personas de "alto nivel", que operan bajo el mando directo del presidente de la República, son los que dirigen con sus indicaciones cada operación asignada, sin tomar en cuenta otros mandos medios del MSP o a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), los cuales son órganos encargados de algunas tareas de vigilancia hasta donde el marco legal lo permite.

"Las órdenes y el mando de esta unidad o estructura paralela de espionaje político, las emite un oficial de nombre Eduardo Guzmán (nombrado a lo interno como comandante) con el respaldo de otro oficial de nombre Jeffrey Cerdas", dice la denuncia.

Cerdas es el jefe de la Unidad de Seguridad de Casa Presidencial y es el director general de la Unidad Especial de Intervención (UEI), la cual es el cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia y Guzmán también tiene un alto rango en esa unidad.

La denuncia expone que los vehículos que serían utilizados no son los del Ministerio de la Presidencia, pues al menos 5 "fueron tomados ilegalmente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP)" y que incluso varios oficiales de esa cartera estarían bajo investigación administrativa por esas acciones irregulares.

Además, añade que 12 o 13 funcionarios fueron tomados irregularmente de la planilla de Seguridad Pública y están trabajando en esa operación, a sabiendas de que estas acciones podrían configurar varios delitos, pues estarían ejecutando hechos que "violan el derecho de las personas que no son criminales al espiarlos ilegalmente".

Presuntamente, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) del MSP también serían víctimas de seguimientos y vigilancias irregulares por parte de este grupo.

Al ser consultados por el fondo de la denuncia, el Ministerio Público señaló que "de acuerdo con esta solicitud, la Fiscalía General informó que, por tratarse de hechos en investigación, no es posible suministrar detalles del caso".

Roles de Guzmán y Cerdas

Jeffry Cerdas León es el actual director de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) y de la UEI de Casa Presidencial, cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico.

Cerdas fue cuestionado recientemente por reportar varias reuniones con la sede de gobierno en Zapote, con el empresario Pacheco Dent, quien es investigado en un proceso que sigue la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la FAPTA por presuntos delitos como prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en el expediente de tala y los delitos de presunto tráfico de influencias relacionados con estas visitas y acciones de Pacheco y otros funcionarios públicos.

Las irregularidades se habrían cometido durante el otorgamiento de permisos por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar 29 árboles en 16 hectáreas ubicadas en una finca propiedad de la sociedad Playa Manzanillo S.A., representada por Pacheco Dent, quien tiene relación cercana con el presidente Chaves.

Intentamos contactar a Cerdas mediante una llamada a su celular, sin embargo, tras varios intentos no fue posible ubicarlo.

De igual forma se envió varias consultas a la oficina de prensa para conocer una posición del funcionario y de Presidencia, pero al cierre de esta nota no habían enviado respuesta.

Sobre Guzmán, Casa Presidencial confirmó, tras una consulta hecha en enero de este año, que es un oficial activo de la UEI. Se enviaron varias preguntas sobre su accionar dentro de ese cuerpo policial y estas fueron las respuestas:

• Quisiéramos saber ¿en qué puesto se desempeña el señor Eduardo Guzmán López, dentro del Ministerio de la Presidencia?
  Es un oficial activo de la Unidad Especial de Intervención, ente adscrito al Ministerio de la Presidencia.
• ¿Cuál es la relación del señor Guzmán López con el señor presidente Rodrigo Chaves?
  El señor Guzmán tiene la misma relación con el Presidente que tiene cualquier oficial de la UEI.
• ¿En qué operaciones ha estado designado Guzmán López en el último año?
  El señor Guzmán ha trabajado el último año las labores propias de su puesto como oficial de la UEI.
• Requerimos conocer si Presidencia tiene conocimiento de ¿qué hacía el señor Eduardo Guzman López el lunes 2 de octubre de 2023 en La Sabana, pocos autos atrás de Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock? Cercano a narcotraficantes limonenses, justamente fue rescatado de un atentado ese mismo día.
  Es falso que el oficial Guzmán estuvo a pocos carros del sujeto mencionado en su consulta. Él llegó al sitio posterior a su detención a realizar labores propias de su cargo y a darle colaboración a la Fuerza Pública.
• ¿Qué tipo de recursos se le otorgan a Guzman López y qué control existe sobre ellos?
  Los mismos recursos y controles que tiene cualquier oficial destacado en la Unidad Especial de Intervención, en apoyo al Ministerio de Seguridad Pública.

Sobre la presunta unidad irregular de espionaje denunciada ante la Fapta, Guzmán respondió a crhoy que de momento no conoce nada sobre lo que se tramita en el Ministerio Público debido a que no ha sido notificado de la misma.

"Primero desconozco de la denuncia y segundo si ya existe yo no me puedo referir porque está en curso la investigación judicial. Cualquier persona puede presentar una denuncia ante las instancias judiciales y tiene que presentar las pruebas pertinentes, pero como no conozco del caso no me puedo referir. Apenas yo pueda o tenga conocimiento puedo darle un criterio sobre esa situación, pero ahorita no puedo", explicó.

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Carros con actitud sospechosa

Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, reveló el 10 de octubre ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que recibieron una denuncia que advertía un aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico, en poder del Estado, para espiarlo a él y a otros jerarcas.

Dichos vehículos son administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) e históricamente algunos se han asignado a otras entidades de gobierno para ser utilizados.

“No sé si de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Vean, tal vez voy a revelar una investigación que llevamos. Se dice que no son vehículos de la DIS. Más bien, son vehículos que se le decomisan al narcotráfico, que posteriormente entran al ICD, eso es lo que dice una denuncia que tenemos y que esos vehículos son los que se utilizan para darnos seguimiento”, detalló Díaz.

El funcionario agregó que, en días recientes, detrás de la casa donde reside, detectaron un sujeto con un vehículo parqueado en una actitud “sospechosa”.

“Eso ocurrió cuando yo iba llegando ¿Qué significa eso? Igual, no me importa (…) Esas son parte de las amenazas. Los seguimientos no son solo al fiscal general. Es a magistrados, es a diputados. Es a todo el que se oponga”, indicó Diaz.

Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) y miembro de esa comisión, reaccionó a la explicación dada por el fiscal y puntualizó que este tipo de actitudes responderían a acciones orquestadas desde Casa Presidencial y desde el oficialismo.

Sofía Guillén, legisladora del Frente Amplio (FA), relacionó la campaña de desprestigio contra Díaz y el Ministerio Público con recientes investigaciones penales sobre presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Salud.

Entre las instituciones que utilizan vehículos decomisados al narcotráfico, mediante convenios con el ICD, figuran: la CCSS, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Rodrigo Chaves, presidente de la República, y la diputada Pilar Cisneros, así como otras figuras del oficialismo, realizaron una serie de ataques contra el fiscal Díaz justo después de que el Ministerio Público allanó el Ministerio de Salud y luego la CCSS, arrestando a Marta Esquivel, quien fue suspendida del cargo por orden de un juez en el marco de una investigación por presuntos sobreprecios en una contratación adjudicada a 5 cooperativas para administrar 138 Ebáis en 10 áreas de salud de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En la audiencia del jueves, la diputada Cambronero le preguntó a Díaz si los ataques de Chaves eran un incentivo al narcotráfico. El fiscal no dudó en afirmarlo. “Es un incentivo bastante grande, los exalta a que nos estén atacando, a tratar de debilitarnos, pero por mis compañeros, sé que eso no nos va a debilitar de ninguna manera".

El funcionario acotó que el presidente Chaves no respeta que hay otras autoridades y que trata de deslegitimar el trabajo que hace la Fiscalía.

Funciones de la UEI

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UEI, en el Capítulo IV se especifica que las funciones de este órgano tiene como principales atribuciones proteger a los miembros de los supremos poderes y dignatarios si se encuentra en peligro por la acción de grupos terroristas o del narcotráfico.

También están autorizados a actuar para proteger a los dignatarios que visiten el país, en coordinación con otros cuerpos policiales que intervengan; y únicamente durante el tiempo que resulte estrictamente necesario, a fin de preservar su poder de respuesta ante otras situaciones que pudieran presentarse.

Pueden también intervenir en la atención de emergencias que involucren artefactos explosivos, procediendo a su desactivación, mediante el personal especializado y procurando evitar todo protagonismo innecesario de terceros o riesgo a la ciudadanía común.

Tienen autorización de intervenir en operativos de alto riesgo derivados del terrorismo, del narcotráfico y en aquellas situaciones de evidente o sumo peligro para la vida de las personas o para proteger los bienes estratégicos o del alto valor nacional, de conformidad con las normas legales y operacionales que la necesidad justifique.

Aparte de estas funciones, no se menciona ninguna labor vinculada con lo que se expone en la denuncia incorporada al expediente 24-000761-0619-PE, por lo que de ser ciertas las aseveraciones señaladas en el documento, se estaría incumpliendo primeramente con el reglamento interno.

Esto implicaría, según la normativa, en la apertura de un expediente administrativo, bajo las disposiciones que rigen la materia en la Ley General de Policía.