Fiscalía investiga existencia de red de falsificación de informes y firmas en Minae
En apariencia buscaron beneficiar a 31 empresas con informes alterados y condicionados.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga la existencia de una red de funcionarios en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) dedicada a la falsificación de informes técnicos sobre gasolineras y empresas distribuidoras de gas, para borrar incumplimientos normativos y plazos de corrección.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público indica que las modificaciones las realizan adulterando una firma digital y describe delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude de ley.
La última información fue recibida por la Fiscalía esta semana, luego de que en marzo se recibiera la denuncia inicial.
Debido a que la investigación es reciente, todavía no se ha tipificado el delito a perseguir. Esto se determinaría conforme avance la causa.
Lo que sí confirmó el Ministerio Público es que la causa se sigue contra el dueño de la empresa Blue Flame, de apellidos Ramírez Sandí, y un funcionario del Minae, de apellidos Salas Picado.
Falsificaciones para "limpiar" expedientes
De acuerdo con la denuncia, la firma digital adulterada clonaba la estampa de tiempo original, pero carecía de validez legal ante los validadores oficiales.
El denunciante se percató de las anomalías al revisar el expediente de la Estación de Servicio Pacífico S.A. El ingeniero firmó el informe original el 22 de abril de 2022 con conclusiones específicas.
No obstante, días después recibió una copia alterada que, aunque mantenía "mágicamente" la misma estampa de tiempo, contenía textos distintos.
Posteriormente, surgieron más informes modificados de varias gaseras, entre ellas Blue Flame.
Ese es el motivo por el cual el propietario de la compañía, de apellido Ramírez, figura en la causa penal junto al jefe de ingeniería del Minae de apellido Salas.
Esta última empresa enfrenta fuertes cuestionamientos tras la emergencia por explosión en su plantel de Santa Ana en marzo pasado.
Se consultó a Rafael Rodríguez, abogado de la empresa Blue Flame, sobre los hechos, sin embargo, a la hora de la publicación de esta nota no había emitido un criterio.
Anteriormente cuando fue consultado en marzo por la investigación inicial contra su cliente, aseveró que desconocían de la investigación judicial pero que se pondrían a disposición del Ministerio Público.
Firmas "fantasma"
La gravedad del caso aumentó al verificar la autenticidad de los archivos. El sistema del Banco Central detectó que la firma del ingeniero denunciante estaba alterada y no tenía validez.
Aunque visualmente aparece su nombre, el validador oficial no lo reconoce, mientras que el documento sí muestra como válida la firma de su jefe inmediato, el funcionario Salas.
"Me encuentro ante una labor mentalmente desgastante… llevo más de dos años a la defensiva por la inseguridad jurídica en relación a mis informes", dijo el funcionario.
El ingeniero decidió romper el silencio por temor a que su nombre se utilice para avalar hechos "técnica, normativa y moralmente dudosos", pero pidió proteger su identidad por temor a represalias.
Al comparar los documentos originales con las versiones que circularon en los departamentos legales, en la información que analiza la Fiscalía destacan tres cambios graves:
- Desaparición de incumplimientos: El informe original señalaba observaciones pendientes, pero la versión alterada omitió estas menciones.
- Eliminación de plazos: Valverde recomendaba 20 días hábiles para subsanar deficiencias; sin embargo, en el informe adulterado borraron esta orden.
- Suavizado de consultas: Se modificó la redacción de las consultas técnicas dirigidas al Ministerio de Salud para restarle peso al requerimiento.
Ministro conoce los casos desde el 2024
La denuncia no toma por sorpresa al Minae, pues desde setiembre del 2024 el ministro de la cartera Franz Tattenbach conoce del caso.
A raíz de esto, el Minae instaló una comisión investigadora interna con participación del ministro.
Este medio consultó sobre el avance del proceso abierto en el 2024, sin embargo, las respuestas al correo inicial del 9 de abril indican que el caso se remitió al Viceministerio de Ambiente, sin que a la fecha exista un reporte sobre el estado de la investigación.
CR Hoy dio a conocer el pasado 9 de marzo que se dio trámite a una denuncia por supuestos pagos indebidos o sobornos a funcionarios públicos estratégicos del Minae y de la Dirección de Hidrocarburos, hechos que tendrían relación con estos informes alterados y firmas falsificadas.
Franz Tattenbach, ministro del Minae, en conferencia. CRH
Ampliación: 31 informes bajo sospecha
Tres días después de la primera alerta, el denunciante presentó una ampliación ante el ministro Tattenbach.
El nuevo análisis detectó al menos 31 informes técnicos adicionales alterados tras ser entregados a su superior.
La denuncia señala al jefe de Ingeniería de apellido Salas como presunto responsable. Todos los informes cuestionados pasaron exclusivamente por sus correos electrónicos antes de aparecer modificados en el sistema oficial de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, del Minae.
Blue Flame
La planta de Blue Flame en Santa Ana es el rostro más visible de este escándalo en el Minae.
Según la ampliación de la denuncia, esta compañía figura entre las beneficiadas por la alteración de criterios técnicos.
Tras la voraz explosión del pasado 7 de marzo, el Minae dictó una medida cautelar de suspensión total de operaciones.
Actualmente, vecinos de la zona exigen el cierre definitivo, alegando que la planta operaba bajo una fiscalización deficiente que pudo evitarse con controles rigurosos.
La Fiscalía y el OIJ mantienen la investigación abierta para determinar responsabilidades penales por el incendio y la validez de los permisos otorgados.
Blue Flame está operando en las instalaciones de la empresa Nano Gas, tras el cierre de sus instalaciones luego de la emergencia en marzo.