Fiscalía: Jefa y supervisor de BCR SAFI condicionaron informes para ocultar deficiencias y precio real del Parque del Pacífico

La orden que avaló los allanamientos por el caso BCR-SAFI, menciona un informe emitido por Natalia Garro Acuña, jefa de Proyectos, y Marco Carbajal Soto, supervisor de la Unidad de Infraestructura de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), que -en apariencia- se condicionó para ocultar deficiencias e irregularidades en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

La adquisición la realizó el Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificada (Fiind) a una sociedad anónima ligada al exdiputado Humberto Vargas Corrales (2018-2022 por el PUSC), con un aparente sobreprecio que superó los $42 millones.

La orden de allanamiento relacionada con las 16 diligencias ejecutadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) para decomisar indicios contra los 14 imputados de la causa 21-000209-1218-PE revela presuntas maniobras cometidas por Garro y Carbajal, en contubernio con otros actores del BCR, para que no surgieran obstáculos con el negocio del PEP.

El documento confirma que, el 22 de junio del 2021 —año y medio después de la compra del Parque—, ambos funcionarios emitieron el informe UII-179-2021 junto con los ingenieros de la Unidad de Infraestructura de la SAFI, Luis Carlos Gutiérrez Chaves y Rodolfo Monge. En ese documento enlistaron un análisis de 28 obras pendientes en el inmueble.

Los funcionarios indicaron que todas esas obras se habían concluido con satisfacción, según la verificación de esa unidad; sin embargo, la realidad era distinta.

"Con la emisión del informe UII-179-2021 influyeron, dirigieron y condicionaron para que se realizara la recepción de las obras pendientes del PEP, la cual fue un acto lesivo al interés patrimonial de la Hacienda Pública y al interés público, debido a que las obras no se encontraban finalizadas, las características y calidad de lo que si estaba construido no correspondía con lo indicado en los planos constructivos", expone la orden.

No fue la única vez

Esta no habría sido la única actuación en perjuicio del patrimonio del fondo. En octubre del 2019, señala la orden, la compra del PEP la presentó el grupo vendedor, sin intermediación de terceros, ante BCR SAFI.

En esa presentación incluyeron información general del inmueble y varias fotografías del proyecto en proceso de construcción.

Con esa información, Carbajal Soto, Gutiérrez Chaves y Garro Acuña elaboraron el informe UII-010-2019 llamado "Resumen de Estimación del Valor de Inmuebles", en el cual indicaron que realizaron una visita al inmueble el 17 de octubre de ese año e incluyeron detalles que supuestamente eran falsos.

"(…) definieron el tipo de cambio al día 17 de octubre de 2019 y registraron falsamente un detalle de las edificaciones y áreas valoradas, determinando falsamente un valor mínimo de $65,643,670.00 y un valor máximo de $72,553,530.00. Resultado que, según los imputados se obtuvo al utilizar el método de costos y el estado aparente de lo que observaron en la visita.

De esta manera influyeron, dirigieron y condicionaron en razón de su cargo el procedimiento de adquisición de bienes, para que se produjera un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública al darle al PEP un valor superior al real mediante la inserción de información falsa en la Estimación de Valor de Inmuebles, el cual constituye una de las dos piedras angulares sobre la cual se basa el procedimiento de adquisición de bienes de BCR SAFI S.A.", confirma el documento de la Fiscalía.

Posteriormente, el 8 de noviembre del mismo año, el analista financiero de Proyectos y el administrador de Proyectos de la SAFI utilizaron la información suministrada por el grupo vendedor para realizar los cálculos del análisis financiero.

Con esa información definieron falsamente un valor del inmueble de $91.239.199, datos con los cuales presuntamente impulsaron el cumplimiento de uno de los requisitos del procedimiento de adquisición de bienes.

Según la orden de allanamiento, también en esta ocasión actuaron para producir un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública "al darle al PEP un valor superior al real mediante la utilización de información falsa para la elaboración de la Valoración Financiera, el cual constituye la otra piedra angular sobre la cual se basa el procedimiento de adquisición de bienes de BCR SAFI S.A.".

Este es solo uno de los múltiples hechos investigados por la Fiscalía Anticorrupción, razón por la cual el pasado jueves ejecutaron 16 allanamientos en oficinas del BCR y en propiedades de los 14 imputados. Entre ellos figuran Humberto Vargas Corrales, su hijo Humberto Vargas Sotres, dos de sus socios, al menos ocho funcionarios del BCR y dos ingenieros externos que participaron en el proceso.

Análisis de llamadas

Esta información se suma al informe 092-DICR-SANT-ART-2024 de la Fapta, que detalla una revisión de activaciones de radiobases de los imputados para determinar quiénes visitaron las instalaciones del PEP y cuándo lo hicieron.

Para el análisis revisaron activaciones en Esparza y Caldera, Puntarenas, donde se ubica el complejo de bodegas. El periodo estudiado abarcó del 1.º de septiembre del 2019 al 1.º de abril del 2020, tomando como punto georreferencial el Parque Empresarial del Pacífico.

"(…) el analista criminal identificó las radio bases ubicadas en esa zona de interés y se plasmó el mapa para uso como referencia, las cuales de los 18 números aportados y considerados de interés por la Fiscalía, solamente 14 presentaron activaciones en las radio bases localizadas en las inmediaciones del Parque Empresarial del Pacífico, siendo la mayor cantidad de activaciones que se registraron, las pertenecientes a los integrantes del grupo vendedor conformado por Manrique Gutiérrez Loría, Héctor Giovanni Barrantes Marín y Humberto Miguel Vargas Corrales".

También se ubicó en 46 ocasiones a Natalia María Garro Acuña, exjefa de Proyectos de BCR SAFI, coincidiendo con días en los que estuvieron Gutiérrez y Barrantes, socios del exdiputado Vargas.

Las radiobases confirmaron la presencia del supervisor de Ingeniería de la SAFI, Marco Carbajal Soto; el gerente de Negocios y Proyectos de la SAFI, Marlon Sequeira Gamboa; Giovanni Barrantes Marín; el jefe de Gestión Inmobiliaria, Federico Herrera Oviedo; Luis Carlos Gutiérrez Chaves; Jorge Alberto Chinchilla Medina; y Luis Fernando Arce Saborío.

"De esa información puede concluirse entonces que los funcionarios de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión encargados de valorar, analizar y presentar el proyecto del Parque Empresarial del Pacífico sean Marlon Sequeira Gamboa, Natalia Garro Acuña, Rossnie Humberto Díaz Méndez, Marco Antonio Carbajal Soto y Luis Carlos Gutiérrez Chaves así como el encargado de llevar a cabo el estudio de la debida diligencia de la SAFI el señor Álvaro Antonio Jiménez Villegas, bien podrían haber conocido plenamente el estado constructivo del inmueble y que este no se encontraba completo al momento de su valoración, descartándose así que no eran construcciones menores las que estaban pendientes de construcción sino eran edificaciones de gran importancia para el buen funcionamiento, de forma que fuese considerado un buen proyecto de inversión la compra del Parque Empresarial del Pacífico".

La Fiscalía también documentó la presencia en el sitio de los arquitectos externos Luis Fernando Arce Saborío y Javier Alberto Chinchilla Medina, quienes estuvieron el 31 de enero del 2020 para realizar la valoración pericial del inmueble.

Ellos definieron un valor basado en un proyecto que aparentaba estar finalizado en sus naves industriales, naves de frío y áreas de predios, situación que no coincidía con la realidad.