Fiscalía: Narcos presumían contactos para amarrar contratos en Racsa de escáneres de Moín

Los presuntos integrantes de una organización narco que exportaba cocaína líquida a Europa y Asia, presumía en sus conversaciones de tener contactos que les permitía tener "gran poder de decisiones en temas referentes a contratos que estaría adjudicando la empresa Racsa a empresas privadas".

Así lo revela un informe de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos en el expediente 22-000088-0622-PE que investiga a 14 personas por tráfico internacional de drogas del conocido policialmente como Caso Corona.

Los sospechosos hablaban de poder meter mano específicamente en los contratos que esa entidad otorgaría para la operación de los escáneres que el gobierno puso en marcha en Moín, como uno de sus grandes logros durante la gestión de Rodrigo Chaves.

Varias secuencias de intervenciones telefónicas hechas a las personas investigadas, entre ellas la 1530105, señalan que los líderes del grupo confirmaron tener alianzas por personas importantes dentro de instituciones gubernamentales que les permitían inferir en decisiones de relevancia.

"Además la aparente sociedad que existe entre Herrera Soto (empresario de refrescos), Fonseca Vargas conocido como Ómar y Montes Fonseca, también cuenta con alianzas de personas con un gran poder de decisiones en temas referentes a contratos que estaría adjudicando la empresa Racsa a empresas privadas, que se encargarían de operar los nuevos escáneres que instalaría el Gobierno de Costa Rica en varios puertos y puestos fronterizos", señala el informe del Ministerio Público incluido en el expediente del cual CRHoy.com tiene copia.

El análisis de las intervenciones telefónicas menciona que detrás de los contratos podría darse un tráfico de influencias, debido a que personas involucradas en el negocio de la droga, estarían manipulándolos por medio de sus contactos para tener beneficios a la hora de sacar su mercadería por el puerto limonense.

La propia Radiográfica Costarricense anunció el 30 de noviembre del 2022, mediante un comunicado de prensa, la puesta en marcha del proyecto de colocación de escáneres en diferentes puertos y puestos fronterizos del país.

Posteriormente, el 10 de febrero del 2023, el gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes Quesada, le dijo al Semanario Universidad que subcontratarían a una empresa privada para que opere los escáneres.

"Existen más de siete empresas interesadas en participar, que deben pasar por los procesos de inscripción y evaluación de socios establecidos por Racsa", señaló Barrantes a ese medio.

La misma secuencia 1530105, de intervención telefónica realizada el 16 de mayo, a varios de los imputados, revela que ellos buscaban adueñarse de esa licitación para poder manipular los escáneres a su antojo y así poder exportar la droga sin ningún problema.

"Siendo que de dichas alianzas obtendrían contratos, los cuales estarían manipulados por personas encargadas de otorgarlos, generando así un posible delito en el cual se utilizan influencias para su beneficio. Siendo así de concretarse las negociaciones y obtengan uno de estos contratos para operar uno o varios escáneres, tendrían a su disposición una ruta con una gran libertad de exportar contenedores fiscalizados por ellos mismos, generando así una gran posibilidad que sean utilizados para exportar algún tipo de producto o sustancia ilícita, ya que como se ha indicado en informes anteriores a Edgar Daniel Herrera se le vincula con el delito de tráfico internacional de estupefacientes, por medio de exportaciones. Por lo que se plantea la hipótesis que, este sería uno de motivos reales de participar como oferentes en las contrataciones dadas por la empresa Racsa", detalla el documento judicial.

Ese mismo, en la comunicación interceptada, bajo la secuencia 11531189, se logró identificar a los imputados de apellidos Herrera, Montes y Fonseca hablando de la negociación de unas propiedades valoradas en $2,5 millones. Se da primera este contexto para explicar que estaban preocupados en el manejo de sus fondos, por la visibilidad que estaba teniendo en la Asamblea Legislativa.

Los sujetos hacen mención al diputado Eli Feinzag, el cual se pronunció en contra del acuerdo de Gobierno por la puesta en disposición de los dispositivos a manos de Radiográfica Costarricense S.A.

"Francisco le pregunta si vio a ese mae Eli Feinzag, Daniel dice que sí, que esta denunciando y le pregunta si RACSA no es del mismo Estado, Francisco dice que sí, pero como ya tienen todo cuadrado por debajo y se les está yendo el contrato de las manos es que están poniendo eso, porque ese contrato es por 20 años y es que no son ni 60 millones, no es cuantificable pero son más de 100 millones, Daniel dice que igual eso no lo paga el Estado sino cada cliente con cada contenedor que exporta", reza el texto.

El expediente señala que los tres sujetos están interesados en ser "un nuevo jugador", refiriéndose a ser una de las empresas que buscan operar esos escáneres, al tener certeza de que Racsa los operaría bajo subcontratos.

"(…) además en la expresión "nos va a meter a nosotros" dicha por Francisco Montes, queda claro que cuentan con una persona con un cargo importante o bien con una gran injerencia en los temas relacionados a las subcontrataciones realizadas por la empresa Racsa", destaca el texto judicial.

Pese a que nunca referencian a una persona en específico de Radiográfica, mencionan el nombre (sin apellidos) de un funcionario, con el que Montes y Herrera tendrían comunicación directa, a quien contactarían para intervenir en la contratación para el manejo de los escáneres.

Montes menciona en una de las conversaciones: "yo, voy a hablar con Braulio para que Braulio nos consiga una cita con esta empresa y con RACSA, que ellos son quienes definen lo de los contratos".

El informe del Ministerio Público relaciona esto directamente con el objetivo del grupo de que "Braulio" los incluyera como una de las empresas privadas que buscaba tener el manejo de los escáneres.

"(…) siendo esto un negocio de mucha importancia para Edgar Daniel Herrera, ya que tendría a su disposición el funcionamiento de un escáner o varios, en algún puerto o puesto fronterizo, por el cual posteriormente tendría la posibilidad egresar del país, un contenedor o varios con algún producto ilícito, siendo él mismo el encargado de fiscalizar el contenido de la exportación, manteniendo así en el anonimato en el caso de qué contenedor se encuentra contaminado con un producto ilícito", indica el expediente.

Destaca el expediente que Montes se mostró interesado en alcanzar al menos dos contratos y habló de cuantificar cuánta plata les "llovería" de lograrlo y para poder hacerlo lo único que le faltaba a él era hablar con un "amigo mío es el que mueve todo por detrás para que nos lo den".

Por esas aseveraciones, la Fiscalía asegura que el sujeto usa su investidura de notario público para poner a disposición de miembros activos de la organización investigada, estrategias y contactos, que les permitirían exportar, sin cuestionamientos, sus cargas ilícitas, "incluso la llamada se toma en un matiz de posibles estrategias de corrupción".

Consultados sobre las menciones que se hacen en el expediente en RACSA dieron esta versión:

Con respecto a su consulta RACSA se permite indicarle que la selección del socio tecnológico se realizó en apego a las leyes y normas vigentes y estuvo circunscrita a aspectos técnicos y tecnológicos.

Como RACSA ha indicado a la Opinión Pública, no tenemos registros de acercamientos o relación alguna con las personas vinculadas al Caso Corona.

La organización es investigada por presuntamente enviar cocaína líquida en refrescos gaseosos de la marca Minerva al exterior, además de hacer millonarias inversiones en propiedades presuntamente para legitimar capitales.

Entre este jueves y viernes el Juzgado Penal de La Unión dará a conocer por escrito las medidas cautelares para los 14 imputados en este caso.