Fiscalía pide investigar a Esteban Aguilar por “burlar procedimiento” para trabajar en el Micitt

La fiscal subrogante, Karen Valverde, segunda al mando del Ministerio Público, pidió al Tribunal de la Inspección Judicial —órgano disciplinario del Poder Judicial— investigar al fiscal coordinador de Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, por pretender “burlar el procedimiento normativo establecido” para conseguir una autorización e irse a trabajar al gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

El oficio UCS-0273-MP-2025, del cual este medio tiene copia, demuestra una serie de maniobras para aparentemente evadir el permiso que, por ley, debe obtener el funcionario para poder trabajar en una institución fuera del Poder Judicial.

El fiscal es hermano de Gabriel Aguilar, el jefe del despacho presidencial de Chaves, y fue escogido personalmente por Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), entre 10 candidatos, para designarlo como subdirector Nacional de Ciberseguridad.

Se trata de un cargo que no existía hasta hace poco, que no había sido ocupado por nadie y que ni siquiera es financiado por la misma cartera, sino por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Tal como reveló CR Hoy este viernes, Esteban Aguilar no tiene permiso para haber salido del Ministerio Público hacia otra entidad pública.

El Consejo Superior, máximo órgano administrativo judicial, no ha emitido ninguna autorización y, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cualquier servidor judicial debe contar con un visto bueno explícito para laborar en otra rama del sector público.

De acuerdo con la fiscal subrogante, Esteban Aguilar Vargas actuó de mala fe y de forma desleal, cometiendo lo que parece ser un abuso de derecho, posiblemente para simular que sí tenía el permiso para irse al Micitt.

Por esa razón, envió un oficio explicando paso a paso lo que ocurrió, para que el órgano disciplinario pueda actuar y abrir una investigación preliminar, si corresponde.

"La información facilitada por el señor Aguilar Vargas a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia fue para inducir a error a la institución y que se creyera falsamente que se contaba con un permiso sin goce salarial para trabajar en el sector público.

Así burlar el procedimiento normativo establecido para la gestión de interés e iniciar labores en el Poder Ejecutivo sin estar autorizado para ello", manifestó Valverde en el oficio.

Así trató de burlar a autoridades

La fiscala Karen Valverde ha estado a cargo de tramitar un permiso sin goce salarial que Esteban Aguilar solicitó desde el 3 de marzo, con la intención de ausentarse por un año sin perder la plaza en el Poder Judicial.

Esto se debe a que el funcionario ha alegado supuesta persecución laboral por parte del fiscal general, Carlo Díaz, quien desmintió las acusaciones tiempo atrás. En esa misma fecha, Aguilar presentó una incapacidad laboral para ausentarse del 3 al 17 de marzo.

Mediante la resolución 27-2025 de la Fiscalía General de la República, el 17 de marzo se concedió el permiso sin goce de salario que regiría a partir del 18 de marzo de 2025 hasta la misma fecha de 2026. Para plantear la solicitud, solo alegó motivos de salud.

En ese documento se recordó a Aguilar que, según la ley, existen prohibiciones para los trabajadores judiciales, y que no podía quebrantar el objetivo del permiso ni la causa que lo motivaba. En caso de requerir una autorización para un fin diferente, debía hacer la gestión específica y respectiva.

Al día siguiente, el fiscal de Cibercrimen presentó una segunda licencia médica para ampliar su ausencia del 18 al 31 de marzo, y además pidió cambiar la fecha del permiso.

Ese mismo día participó en una marcha convocada por el mandatario contra el fiscal general, e incluso se subió a la misma tarima que Chaves y habló contra Carlo Díaz, estando incapacitado. Por esa razón, se abrió una investigación administrativa en su contra.

El 24 de marzo comienzan a cambiar las versiones: Esteban Aguilar remitió un nuevo correo electrónico a esta jefatura, así como al Consejo Superior del Poder Judicial, con el fin de solicitar un permiso sin goce de salario del 1.º de abril de 2025 hasta 2026, por haber sido seleccionado para laborar como subdirector de Ciberseguridad del Micitt.

Por esa razón, la Secretaría General de la Corte inició la gestión y le advirtió al fiscal de Cibercrimen que debía aportar documentación, como una constancia emitida por la Inspección Judicial que indicara que no tenía causas pendientes, el visto bueno escrito por parte de la jefatura y un documento del Micitt que señalara las fechas del nombramiento.

El pasado lunes 31 de marzo, la Fiscalía General emitió la resolución n.º 39, en la cual señaló que avalaba el permiso para ausentarse y que no se oponía a su traslado al Gobierno, “sin perjuicio de lo que resuelva el Consejo Superior del Poder Judicial ante la solicitud de permiso”.

Ese mismo día, a tan solo horas de su ingreso al Micitt, Aguilar Vargas respondió un correo indicando que solo faltaba “únicamente ya la autorización del superior”, es decir, su jefe, para que el Consejo Superior tramitara su solicitud al día siguiente, martes 1.º de abril.

Por esa razón, en la Fiscalía reenviaron la resolución en la que no se oponían al aval, a sabiendas de que se debía valorar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que debía revisar el Consejo.

Sin embargo, ese mismo martes, Esteban Aguilar retiró el trámite y desistió de pedir el aval para irse al Micitt, bajo el argumento de que su jefatura le había concedido el permiso sin goce salarial para trabajar en el Poder Ejecutivo.

Debido a todo este embrollo gestado por el funcionario, la fiscal subrogante emitió una aclaración especificando que nunca autorizó su traslado al Micitt, sino solamente su ausencia, y pidió investigar el actuar de Aguilar.

No me atribuí una competencia que no me corresponde, se advirtió al señor Aguilar Vargas de forma reiterada en las resoluciones señaladas y en el correo dirigido al Consejo Superior, encargado del trámite de la gestión.

Debe observarse que las gestiones presentadas por esta persona a la Fiscalía General se han atendido mediante resoluciones por lo que tampoco es aceptable considerar que sobre el cambio del objetivo del permiso sin goce de salario para trabajar se vaya a omitir la obligación de sustentar formal y sustancialmente tal decisión. (…)

He de advertir lo siguiente y debido a lo que pareciera ser un abuso del derecho y un comportamiento desleal por parte del señor Aguilar Vargas. 

No es válido considerar que el visto bueno que se otorga por esta jefatura para el trámite del permiso sin goce de salario, amparado en el artículo 44 de cita, pueda o deba suplir la decisión que le corresponde al Consejo Superior o si fuera del caso a quien este órgano disponga. (…)

Pareciera observarse la mala fe en el actuar del petente, porque según se me informó, la comunicación del supuesto permiso se hizo utilizando medios informales, sin el sustento documental respectivo y sin copia a esta jefatura.

El pasado miércoles, en entrevista con este medio, la jerarca confirmó que el exfiscal empezó a trabajar en el Micitt el martes 1º de abril, fecha de inicio de su nombramiento temporal. “Ya él comenzó el día de ayer”, replicó Bogantes ante una pregunta directa.

Este funcionario salió del Ministerio Público en medio de acusaciones y polémicas con su superior jerárquico. Allí laboró sin mayores resultados operativos durante los últimos años y acumuló varias investigaciones disciplinarias, múltiples viajes y algunas controversias. 

Alabado por el mandatario Rodrigo Chaves y por la ministra de Ciencia y Tecnología, el exfiscal de Cibercrimen fue nombrado en el Gobierno tras salir de forma controvertida de la Fiscalía, en medio de varios escándalos.

Pese a los halagos, los informes de labores de Esteban Aguilar muestran que durante los últimos años él únicamente destacó por participar en reuniones, viajes, talleres, charlas, capacitaciones y entrevistas, sin mayores resultados operativos.

En 2023 y el primer semestre del 2024, no se registró ni un juicio, acusación, operativo o trámite de medidas cautelares por causas penales, a pesar de que la función principal de los fiscales es precisamente la persecución penal.

Solo se reportó un allanamiento y dos acusaciones hacia la segunda mitad del año pasado.