Fiscalía pidió frenar tala de árboles y obras en finca de empresario cuestionado en Manzanillo
Solicitaron impedimiento de salida del país contra Pacheco Dent y regente forestal
La Fiscalía Ambiental solicitó detener cualquier tipo de actividad en las propiedades del empresario apellidos Pacheco Dent, detenido la semana pasada por supuestas irregularidades en los permisos para extraer árboles en el Caribe Sur de Limón, muy cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo.
En esencia, el Ministerio Público pidió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, suspender inmediatamente todo aprovechamiento forestal en las fincas intervenidas, así como el transporte de madera proveniente de estas propiedades.
También se solicitó poner un alto a todo movimiento de tierra, así como cualquier obra civil. La Fiscalía ambiental además pretende impedir el tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas o en cualquier sector de la finca donde se hayan talado árboles, o corresponda a humedal.
Otra de las restricciones gestionadas es la de retirar a todos los trabajadores, maquinaria pesada y residuos, así como cualquier instrumento que se encuentre en las fincas que permitan el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles, adicional a remover el relleno sobre el humedal utilizado como camino localizado en las fincas.
En la petitoria de medidas cautelares, la Fiscalía Ambiental también pidió al Juzgado ordenar a Pacheco Dent abstenerse a sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, así como abstenerse a realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó que el empresario cuestionado deba depositar su pasaporte ante el Juzgado Penal de Hacienda y de esta forma, se le impida salir del país. Pacheco Dent también tendría que firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí.
Regente detenida
En contra de la regente forestal de apellidos Camacho Calvo, fue la Fiscalía Ambiental la que tramitó medidas cautelares. Pidieron inhabilitarla del cargo y prohibirle emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal.
Si el Juzgado da visto bueno, esta mujer tampoco podría ejercer como regente forestal para el aprovechamiento de productos forestales, bajo cualquiera de las categorías como planes de manejo, certificados de origen y permiso de aprovechamiento.
La inhabilitación tendría que ser comunicada ante el Colegio Profesional respectivo y a la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Sobre ella también se requirió firmar una vez al mes, entregar su pasaporte y no salir del territorio nacional, mientras avanza la investigación.
Otras medidas
La Fiscalía Ambiental también solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, ordenar a quien ejerza la dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), revocar y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales aprobados y suspenda inmediatamente la ejecución de estos permisos, así como la entrega de guías de transporte para la madera que se pretenda extraer de esas fincas.
También pidieron suspender y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales pendientes de autorización para las fincas bajo investigación, y ordenar la anotación de las fincas ante el Registro Público de la Propiedad, sobre la presente investigación y con el fin de asegurar su recuperación a favor del demanio público.
Estas medidas cautelares se suman al requerimiento elevado por la Fiscalía Anticorrupción FAPTA, de suspender del cargo por 6 meses a la administradora del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo de apellidos Cruz Torres, a un biólogo del SINAC de apellidos Campbell Lindo, quien se desempeña como jefe de la Subregión ACLAC y a Alexis Salas Rodríguez, ingeniero forestal y funcionario que en mayo pasado aseguró que la tala de árboles en la zona estaba en regla.
Estos cinco imputados fueron detenidos a inicios de la semana pasada como parte de una investigación por los presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso. Sobre ellos no se solicitó prisión preventiva.
