FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y TRABAJADORES DE SINOCEM
Fiscalía tiene 9 nombres en la mira por el cementazo en el Banco Popular
- Juan Carlos Bolaños ofreció propiedad para el refinanciamiento del crédito, cuyo 50% era área protegida
- Perito del Banco valoró terreno en un monto que luego subió $1,7 millones
El Ministerio Público tiene en la mira a un total de 9 personas por las implicaciones del caso cementazo en el Banco Popular, tras los créditos otorgados por dicha entidad bancaria al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Los últimos en conformar dicha lista son de apellidos Arias Silesky y Thompson Camacho. El primero es perito y se encargó de valorar la propiedad que el imputado Bolaños Rojas dio como garantía para el crédito bancario. Al segundo imputado se le indagó porque fue el analista que recomendó el refinanciamiento a Bolaños.
Los demás fueron detenidos en 11 allanamientos realizados el 14 de marzo pasado. Estos fueron identificados con los apellidos: Rojas Segura; Cortes Zúñiga; Bogantes Brenes; Gómez Barrantes; Delgado Negrini; Alpizar Hidalgo y Bolaños Rojas. De este grupo 4 son funcionarios del Popular y los demás trabajaban para la empresa Sinocem.
La fiscala General, Emilia Navas, confirmó las indagatorias a Arias Silesky y Thompson Camacho y mencionó que son investigados por el delito de peculado.
Bolaños ofreció propiedad que es zona protegida
Una fuente judicial indicó que en uno de los peritajes realizados en este caso se pudo determinar que de la propiedad ofrecida por Bolaños para el refinanciamiento del crédito en dicha entidad bancaria, el 50% era zona protegida.
Las acciones judiciales en el Popular se dan, luego de que el año pasado se presentara una denuncia por un crédito de ¢2.750 millones a Bolaños. Se mencionó que el Banco recibió como garantía una propiedad que solo cubre la mitad del dinero prestado. Además se había girado la totalidad del dinero sin confirmar si se estaba importando el cemento.
El cliente, en este caso Bolaños, no pagó el préstamo y la entidad bancaria procedió a hacer un remate el 29 de marzo del 2017. Pero nadie adquirió la propiedad ya que no vale los ¢2.750 millones que la entidad busca recuperar.
Según pruebas recopiladas por la autoridad judicial, un perito del banco (que fue indagado el lunes de esta semana) valoró la propiedad en primera instancia en un monto determinado.
Sin embargo ante una reconsideración hecha por el empresario, ese mismo terreno fue valorado en $1,7 millones más. Se dio tan solo una semana después del primer avalúo. Ambos procesos fueron realizados por un mismo perito.
“En un dictamen del Departamento de Ingeniería Forense en poder de la Fiscalía General se logró establecer que el valor real de esa propiedad es de la mitad del primer peritaje bancario“, informó la Fiscalía General. El terreno bajo investigación está en Grecia de Alajuela.
Venta de cemento chino por parte de funcionario
Otro de los hechos que investiga la Fiscalía en el Banco Popular es la presunta venta de cemento chino por parte de uno de sus funcionarios.
Uno de los detenidos, Gómez Barrantes, fue investigado por la auditoría interna del banco, pues tuvo participación directa en el otorgamiento del crédito y al mismo tiempo figuraba como presidente de la empresa Grupo Akamsa S.A. que ofrecía y cotizaba cemento chino en internet.
Según constató CRHoy.com, el contacto para solicitar facturas proforma es precisamente el número telefónico que pertenecía y era pagado por el Banco Popular para que uno de los imputados, de apellido Gómez, realizara labores propias de la entidad.
