Fiscalía y CGR analizan nueva prueba en investigación de contrato para red 5G que gobierno dio a Datasys

Racsa reconoció haber sido notificado del informe. (Foto: Archivo)

Las investigaciones abiertas por los contratos otorgados a la empresa Datasys, por medio de Radiográfica Costarricense (Racsa), sobre los contratos 5G cumplen más de un año en curso.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Contraloría General de la República (CGR), si bien confirmaron que se mantiene el avance del caso, no brindaron detalles del estado del mismo sobre la nueva prueba que se recibió a mediados del año pasado.

En la documentación aportada como prueba, donde se revelaron al menos 30 contratos presuntamente con irregularidades, figura uno llamado "Aprovisionamiento e Implementación de redes 5G NR", por la cual se señalan supuestos incumplimientos de Racsa con el presupuesto estimado para la contratación.

Dichos acuerdos comerciales se habían pactado por $3 millones, pero posteriormente el precio varió a $25 millones con las órdenes de pedido en el transcurso de los primeros meses.

Radiográfica publicó, a través del Sistema de Compras Públicas (Sicop) el 17 de abril del 2023, el pliego de condiciones del procedimiento especial para contratar los servicios de redes 5G.

Cerrado el concurso Datasys fue la empresa a la que se le otorgó la licitación, estableciendo el monto de $3 millones, pero en la ampliación de la denuncia del 28 de junio de 2024, se puso en tela de duda la cifra, pues posterior a la firma el consorcio recibió dos órdenes de pedido por $25,8 millones.

"A escasos 19 días posteriores se tramita una segunda orden de pedido por USD $ 21,124,703.833 y para este caso no se observa que se haya seguido el trámite anterior de aumentar y justificar el presupuesto. Claro está, hay una serie de incógnitas que no se explican en el expediente y que deben ser investigadas", detalla el documento presentado ante la Fiscalía General.

La prueba inicial fue aportada el 9 de noviembre del 2023, donde se apunta que hubo una modificación al contrato inicial para variar el plazo de entrega y fue el 22 de noviembre de ese mismo año cuando se notificó el cambio.

"Según consta en Sicop, Racsa ha realizado tres pedidos por los siguientes montos, los cuales sobrepasan por mucho el monto presupuestado de EE.UU. $3.000.000", indica la prueba.

Tomado de Sicop

"No es posible dar detalles"

El Ministerio Público abrió una causa penal desde diciembre del 2023, que se sigue en el expediente 23-035050-0042-PE, tras recibir una denuncia.

"La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que la causa se encuentra en investigación, por lo que no es posible dar más detalles al respecto", indicaron ante consulta de crhoy.

No obstante, en agosto del año pasado el ente acusador reveló que la Fiscalía General asumió la investigación, desde donde ratificaron que se recibió la solicitud de ampliación de la denuncia inicial con los nuevos elementos aportados que incluyen otros casos adicionales con anomalías que podrían superar contratos por $30 millones.

Misma postura tuvo la CGR, donde al consultar nombres de las compañías involucradas indicaron que por estado de la investigación no podían revelar ese tipo de información.

"En este momento lo único que podemos indicar que el caso está en investigación y, por lo tanto, no podemos dar mayor detalle, lo que incluye que no podemos confirmar nombres de empresas o contrataciones puntuales de dicha investigación.

Solo para precisar: se trata de una denuncia que recibimos asociada con una contratación de la red 5G contratada por Racsa, la cual se encuentra en etapa de investigación", indicaron en el Área de Denuncia Ciudadana de la CGR.

 Procuraduría archivó investigación

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la investigación por este caso, que se llevaba con el expediente administrativo DEP-393-2023, fue archivada, pero por un asunto de incompetencia, pues debía resolverse en primera instancia en despachos judiciales y la CGR.

La PGR confirmó que en el escrito analizado se mencionaban inquietudes sobre el reiterado uso de mecanismos de excepción para las contrataciones adjudicadas a RACSA.

"A la denuncia se le asignó el número de expediente DEP-393-2023 y tras el análisis detallado de las manifestaciones expuestas, se determinó que los cuestionamientos tenían estrecha relación con el ordenamiento jurídico que rige la materia de contratación administrativa, el cual es un componente integrante de la hacienda pública y, por ende, corresponde al ámbito de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) en su condición de órgano rector de la Hacienda Pública", contestaron a este medio.

La decisión se tomó al conocer que la CGR tenía la misma denuncia en análisis de admisibilidad en abril del año pasado, así como la participación de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) dentro de causas penales relacionadas con estos contratos de Racsa.

Ante los cuestionamientos, la empresa Datasys alegó que ganó el concurso siguiendo los parámetros establecidos por la legislación de contratación pública.

"En relación al proceso de licitación de las redes 5G en Costa Rica, Datasys Group cumplió con los requisitos establecidos por el oferente, en este caso, Racsa.

Se llevó a cabo respetando los debidos procesos, y fueron adjudicados y ejecutados con éxito.

Nuestra compañía está comprometida con la transparencia y la legalidad en todas nuestras operaciones", respondieron.

Contratos bajo la lupa

Según la denuncia, existen cuatro escenarios donde se cree que hay dudas y posibles irregularidades en la adjudicación de contratos del Estado a varias empresas, usando a Racsa como intermediario.

El primero sería contrataciones directas, un 40 en total, donde al parecer Racsa propone dar el servicio, pero luego termina subcontratarlo a empresas “a dedo”.

El segundo hecho señala cerca de 30 contrataciones con una empresa de tecnología, a la que se le adjudicó directamente servicios de mantenimiento y de software.

Una tercera línea de investigación tiene que ver con supuesto pago con sobreprecio por el servicio de tobilleras electrónicas para sentenciados.

El último punto de investigación es la contratación de Racsa a Datasys para implementar la red 5G en Costa Rica.

Según datos públicos del Sistema Integrado de Compras (Sicop), esta empresa estatal intervino de diciembre del año pasado a la fecha en las adjudicaciones que suman un monto cercano a los $30 millones en contratos directos, los cuales ahora deberán ser sometidos a estudio.

Ese monto se deriva de compras en las que Racsa figura como comprador o adjudicatario, las cuales fueron corroboradas por este medio en una revisión hecha en el sistema público, información que además fue incluida en la denuncia penal que está en manos de la Fiscalía.

“Según datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, RACSA ha resultado favorecida en más de 40 adjudicaciones, de las cuales todas han sido licitaciones por excepción (es decir sin concurso de oferentes como en las licitaciones mayores, menores o reducidas) porque quienes contratan a RACSA son instituciones públicas, tales como: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores,Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Central, ICE, COSEVI, CTP, CCSS, IAFA, SINAC, SINEM, CNP, Centro Nacional de Música, Junta Administrativa de Migración y Extranjería, Junta Administrativa Imprenta Nacional. Según datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, las adjudicaciones efectuadas a RACSA sin concurso y adjudicadas a dedo, ascienden a millonarias sumas provenientes de fondos públicos“, dice el documento aportado al órgano acusador.

La denuncia señala que al menos 15 personas estarían involucradas en estas supuestas irregularidades, entre ellos el gerente general de Radiográfica, Mauricio Barrantes, junto a 10 sociedades anónimas y el exasesor político de Casa Presidencial, Federico Cruz.

En Radiográfica habían negado cualquier anomalía en los concursos o que existiera vínculos para favorecer a una u otra compañía, de igual forma lo hizo en su momento Barrantes.

La documentación con la prueba aportada solicita indagar la posibilidad de que se cometieran incumplimientos de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; posible lesión a los deberes de probidad, transparencia e independencia; posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno; posible corrupción.