DEA y Fiscalía insistirán en extradición de alias “Gato” hacia EE. UU.
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan de con la Administración de Control de Drogas (DEA, por las siglas en inglés) para ampliar las investigaciones y sustentar una nueva acusación penal en EE. UU. contra el costarricense Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias Gato o El Profe, e insistir en una extradición.
El Tribunal de Apelación de Goicoechea denegó en febrero la primera solicitud para juzgar a Álvarez en Texas, bajo el argumento de que los hechos por los cuales se le acusó penalmente datan entre 2014 y mayo de 2021, cuando todavía no estaba vigente la reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses.
"La DEA sigue con investigaciones al respecto para hacer nuevas solicitudes de extradición por hechos que sean posteriores a la reforma, pero la línea del Ministerio Público es no rechazar estas extradiciones", explicó el fiscal general, Carlo Díaz.
La interpretación de dos de los jueces de apelación que analizaron el caso es que la reforma no es retroactiva. Por tanto, solo aplica para delitos cometidos desde su publicación en adelante.
Ambos jueces consideraron que la nueva norma puede aplicarse a delitos cometidos antes del 28 de mayo de 2025 únicamente si se trata de delitos continuos o permanentes. Por eso, el caso de El Profe es distinto al de otros dos costarricenses requeridos en la misma solicitud.
Según las acusaciones de EE. UU. contra el exministro Celso Gamboa Sánchez, la participación en el narcotráfico internacional comenzó en 2017 y se extendía hasta julio de 2025. Por ello, se le aplica la reforma vigente desde mayo de 2025.
Un escenario similar ocurre con Edwin López Vega, Pecho de Rata. Los delitos habrían ocurrido entre 2008 y junio de 2025. Es decir, los hechos se ajustan a la vigencia de la reforma.
Similar al caso de Gato, el Tribunal Penal de Limón negó la extradición de Gilbert Bell Fernández, Macho Coca, usando el mismo razonamiento que en el caso de Álvarez.
La fiscalía apeló esa resolución argumentando que sí se puede aplicar retroactivamente la norma para entregarlo a EE. UU., y adelantó que está dispuesta a llevar el caso hasta la Sala Tercera.
En el caso de Gato no se presentó apelación porque no se habían detectado caminos jurídicos para hacerlo, explicó el fiscal general.
Eiste la posibilidad de que se presente una nueva acusación contra Álvarez, corrigiendo el periodo de los delitos para intentar extraditarlo nuevamente.
El historial de Gato
Álvarez es de interés para la DEA y en Costa Rica continúan las investigaciones.
Esta semana, el OIJ y la Fiscalía de Legitimación de Capitales realizaron n la operación Venus 2.0, con el objetivo de golpear parte de su operación criminal. Según las autoridades, la estructura blanqueaba ganancias provenientes del narcotráfico mediante una red de negocios de distintos tipos con ayuda de familiares y allegados.
Por esa causa, Álvarez se mantiene en prisión preventiva y por eso no quedó en libertad pese al rechazo de su extradición. hacia EE. UU.
La investigación de las autoridades norteamericanas identificó una organización de tráfico de drogas operando en América del Norte, Sur y Centroamérica desde 2008. Ese grupo, ligado a Álvarez, sería responsable de mover cocaína a suelo estadounidense.
Esta organización opera en varios países, entre ellos Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México, y mantiene vínculos con cárteles como el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
Según EE. UU., Gato, desde 2014 hasta de mayo de 2021, habría sido responsable de dirigir, gestionar y facilitar actividades de narcotráfico de la organización en Costa Rica, Panamá y otros países.
Entre las funciones estaba recibir, almacenar, transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína en el país y otros lugares, así como coordinar el movimiento de droga hacia y a través de Nicaragua, El Salvador y Guatemala para su posterior distribución.
Por ejemplo, las autoridades policiales determinaron su participación en el envío de un cargamento de 328 kilos de cocaína incautado en San José el 21 de julio de 2016.
Ese día se dio seguimiento a dos socios de Álvarez, quienes conducían una camioneta Toyota Hilux con 149 kilogramos de cocaína. Al día siguiente, las autoridades incautaron 179 kilogramos adicionales en una casa vinculada con los sujetos.
Las pesquisas apuntan a que en setiembre de 2016, Álvarez y otros asociados participaron en una operación de entre 300 y 400 kilogramos de cocaína, por la cual recibieron aproximadamente 1,5 millones de dólares.
En 2017, Álvarez y 3 socios participaron en un envío adicional de 300 kilos de cocaína, según la DEA.
La acusación formal contra Álvarez Alfaro fue presentada el 12 de mayo de 2021 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, y ese mismo día se emitió una orden de arresto en su contra.
Golpe a la estructura financiera
En Costa Rica, la operación Venus 2.0 golpeó de la estructura criminal que las autoridades atribuyen al presunto narcotraficante al desarticular su entorno familiar y la red financiera que habría sostenido las operaciones de la organización.
Entre ellas figura su hija, Pamela Álvarez Jiménez, de 24 años, quien fue detenida durante los allanamientos ejecutados por las autoridades.
La joven habría actuado como testaferro dentro de la estructura dedicada a la legitimación de capitales, al estar vinculada con la administración de bienes o recursos provenientes de narcotráfico.
Las acciones policiales alcanzaron al hermano de gato, Ariel Álvarez Alfaro, detenido en La Unión de Cartago. Habría tenido un rol activo en las operaciones del grupo, incluso con desplazamientos frecuentes al extranjero que ahora forman parte de la investigación.
Entre los detenidos figuraron asistentes contables y un asesor logístico que, según el OIJ, colaboraban con el manejo de recursos y con la estructura utilizada para ocultar el origen ilícito del dinero.Estos colaboradores habrían participado en mecanismos para introducir fondos en el sistema económico mediante empresas, bienes y transacciones financieras.
Las investigaciones analizan otras operaciones internacionales del grupo como cargamentos de cocaína ocultos en exportaciones de madera dirigidas a Europa. En algunos casos, decomisos realizados en el extranjero, en puertos de Alemania, Países Bajos o incluso Hong Kong, estarían vinculados con redes que operarían desde Costa Rica.