Marta Esquivel usa comentarios en redes como prueba para cobrar daño moral a la CCSS
La diputada de Pueblo Soberano y exjerarca de la CCSS, Marta Esquivel, presentó pantallazos de comentarios en redes sociales como prueba en su demanda contra la entidad, alegando que ha sufrido daño moral luego de que se le ordenara devolver los ₡22 millones que recibió en sobresueldos.
La actual legisladora se niega a devolver el dinero y demandó a la institución ante el Tribunal Contencioso, en la que reclama ₡3 millones mensuales desde 2023 por supuesto daño a su reputación.
Entre los comentarios que aportó Esquivel, figuran mensajes como: "¿Alguien sabe si Marta Esquivel ya devolvió los sobresueldos?", "Páguele a la Caja", "corrupta declarada" .
Esquivel sostiene que los comentarios evidencian el perjuicio sufrido y señala que los ataques se extendieron a perfiles de familiares, incluida su hija.
Este miércoles se realizará la audiencia preliminar en la que comparecerán la defensa de la CCSS y la de Esquivel.
Vea los pantallazos aquí:
La exjerarca argumenta que la exposición mediática del caso y la difusión de información sobre su salario generaron una percepción pública de culpabilidad.
Pretensión económica
Esquivel argumenta que la indemnización solicitada responde al promedio de ingresos acorde con su trayectoria profesional y que la afectación a su reputación le dificulta acceder a empleo en condiciones similares. Sin embargo, Esquivel no estuvo desempleada tras dejar la CCSS: fue nombrada ministra de Mideplan de forma inmediata.
Plantea que el daño moral es tanto objetivo como subjetivo. En el primer caso, señala la afectación a su honor y reputación pública. En el segundo, menciona el sufrimiento emocional derivado de los ataques constantes y la presión mediática.
Sostiene que el daño es continuo mientras no exista una sentencia firme que descarte la existencia de una deuda. Por ello, pide que el pago se mantenga hasta que se resuelva el proceso judicial.
Señalamientos por manejo del caso
En su escrito, la diputada insiste en que la CCSS manejó de forma indebida la información relacionada con su salario. Afirma que un documento que debía ser confidencial, emitido por la Contraloría, fue divulgado a medios de comunicación el mismo día, "lo que contribuyó a dañar su imagen".
También acusa a la institución de no respetar el debido proceso, al aplicar rebajos salariales sin permitirle ejercer su defensa.
Señala que la narrativa pública generó la idea de que existe una deuda de su parte, lo que, a su criterio, alimentó los ataques en redes sociales.
Demanda por sobresalarios y contrademanda
Esquivel recibía un salario que superaba los ₡7 millones mensuales, mientras debía recibir ₡5.5 millones. La Contraloría General de la República (CGR) ordenó ajustar ese monto y recuperar sumas pagadas de más, por lo que la Junta Directiva de la CCSS tomó los acuerdos necesarios.
Esquivel, sin embargo, rechaza que esos pagos sean indebidos. En su contrademanda afirma que el salario estaba respaldado por acuerdos de Junta Directiva vigentes desde años anteriores y que no se trató de una decisión arbitraria.
Contexto del caso
El conflicto por los sobresalarios se remonta a su gestión como presidenta ejecutiva de la CCSS, cargo que asumió en setiembre de 2022. La Contraloría intervino en diciembre de 2023 al ordenar ajustes salariales y la eventual recuperación de montos.
Posteriormente, en marzo de 2024, la Junta Directiva de la CCSS declaró lesivo el acto administrativo relacionado con el salario de Esquivel y ordenó iniciar el proceso judicial correspondiente.
También afirma que los acuerdos que fijaban su salario fueron adoptados hace más de cuatro años, lo que a su criterio impide su anulación por haber vencido el plazo legal para impugnarlos.