Fracasa intento de separar a jueza a cargo de decisión clave para el futuro del caso Diamante
Una resolución de tres jueces del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública denegó la separación de una jueza que tendrá un rol clave en el futuro del caso Diamante, uno de los mayores escándalos de obra pública en la historia del país, surgido tras una investigación sobre una supuesta red de corrupción entre alcaldes y la empresa MECO.
Parte de los abogados defensores de los imputados solicitó separar a la juzgadora Ivannia Delgado del caso mediante una recusación. Este es un mecanismo por el cual una de las partes solicita que un juez sea apartado de un proceso al considerar que su imparcialidad está comprometida y que podría contaminar las decisiones que adopte.
El alegato para poner en tela de duda la neutralidad de la jueza es que, en el pasado, había emitido un criterio con relación a la vigencia de la ley contra el crimen organizado, una norma cuya aplicación a este expediente ha estado en disputa. No todos los abogados compartieron ese argumento ni esa petición, según supo CR Hoy mediante fuentes cercanas al caso.
Además, los jueces del tribunal al que se elevó la recusación rechazaron la solicitud al considerar que Delgado no había emitido un criterio que justificara su separación. Al carecer de fundamento, avalaron la permanencia de la juzgadora.
Esto elimina un obstáculo para continuar con el trámite del caso Diamante, que se encuentra en medio de un limbo legal. La jueza podrá dirigir la audiencia en la cual la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) intentará rescatar el caso, luego de que un juez anuló las pruebas y los allanamientos obtenidos para sostener la investigación.
La intención de la Fiscalía es revertir una decisión del Juzgado, emitida el 10 de diciembre de 2025, mediante la cual se ordenó declarar inválidas las escuchas telefónicas y, por ende, todo lo actuado a partir de estas: el resto de las pruebas recopiladas con base en las intervenciones, las detenciones de los imputados, los allanamientos y las evidencias recabadas en ellos, las indagatorias de los involucrados, las medidas cautelares impuestas y las suspensiones del cargo.
Tal como se encuentra actualmente el expediente, con casi todas las actuaciones anuladas, los elementos probatorios que le restan al Ministerio Público serían muy escasos para sostener la causa tal como fue planteada inicialmente; es decir, bajo la tesis de una red criminal que orquestaba, de manera conjunta, favorecimientos entre funcionarios públicos y empleados de la empresa constructora MECO.
Si la Fiscalía no consigue que en esta audiencia se revoque la decisión y que la prueba sea declarada válida, la otra posibilidad que tiene el Ministerio Público para mantener viva la persecución penal es individualizar las causas; es decir, separar las eventuales conductas ilícitas atribuidas a cada funcionario.
Como el caso inicialmente se tramitó bajo la figura de crimen organizado, se agruparon varios imputados y municipalidades. La alternativa sería investigar los actos irregulares de forma separada en cada gobierno local.
Los equipos legales de los imputados solicitaron rechazar la apelación, ya sea por inadmisible o por el fondo, y anunciaron que pedirán el sobreseimiento definitivo por ausencia de pruebas. La fecha para analizar la apelación será el lunes después de Semana Santa.
En esta causa figuran como imputados quienes, para noviembre de 2021, ocupaban cargos de alcaldes: Johnny Araya Monge, de San José; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Alberto Cole de León, de Osa; y Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú.
El caso Diamante cobró relevancia pública en noviembre de 2021, cuando se realizaron una serie de allanamientos y detenciones de altos funcionarios municipales, en el marco de una investigación por presuntos sobornos y actos de corrupción vinculados principalmente con adjudicaciones de obra pública a la constructora MECO.