Médica y jefe entraron al EDUS de secretaria de la CCSS sin autorización, detalla denuncia
Una secretaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) demandó a la entidad por ₡100 millones, debido a ingresos a su expediente de salud por medio del EDUS, sin su consentimiento y sin que existiera relación médico- paciente.
Según el documento, al enterarse de los ingresos, la mujer sufrió una seria afectación en su salud mental. Tuvo una crisis de ansiedad y un aumento en la dosis de medicamentos antidepresivos. También alega que tuvo deseos de autolesionarse.
Además, afirma que ha sufrido crisis de ansiedad, irritabilidad y cólera. También describe una sensación de vulneración al saber que terceros revisaron datos sensibles sobre su salud.
La funcionaria es secretaria en el hospital San Juan de Dios y los funcionarios que ingresaron a su expediente son su jefe directo, un médico ortopedista y una doctora que trabaja en la misma área.
Accesos al expediente
En la demanda se detalla que, el 30 de abril de 2024, una médica general que labora en la parte administrativa de la jefatura de Ortopedia consultó en dos ocasiones el expediente digital de la funcionaria, pese a no existir relación médico-paciente ni autorización para hacerlo.
El documento también señala que el 16 de mayo de 2024 el jefe directo de la secretaria, un médico ortopedista del mismo hospital, accedió al expediente con la justificación de "buscar persona". Según la demanda, la trabajadora no era paciente de Ortopedia ni estaba siendo atendida por ese especialista.
Asimismo, se reportan dos accesos adicionales el 10 de noviembre de 2024, nuevamente realizados por la misma médica, uno de ellos registrado a las 4:20 a. m.
La funcionaria sostiene que ninguno de esos ingresos estaba justificado y que quienes accedieron a la información eran compañeros de trabajo o superiores jerárquicos, sin vínculo médico con ella.
Según la demanda, la trabajadora presentó una denuncia el 2 de abril de 2025 ante la Gerencia Médica de la CCSS para que se investigaran los hechos. Posteriormente, el caso fue remitido a investigación mediante un oficio interno.
Solicitud de medidas cautelares
Como parte del proceso, la demandante pidió al tribunal medidas cautelares urgentes. Entre ellas, solicita su reubicación inmediata a otro servicio dentro de la CCSS, debido a que continúa compartiendo el espacio laboral con los médicos denunciados.
También pidió que un médico que actualmente funge como jefe de los funcionarios señalados sea apartado de cualquier proceso administrativo o investigación relacionada con el caso, al considerar que existe un conflicto de interés.
La funcionaria sostiene que permanecer en el mismo entorno laboral ha agravado su estado emocional y que incluso profesionales en salud mental recomendaron su traslado para disminuir la sintomatología asociada al cuadro clínico.
Reclamo por confidencialidad
La demanda se fundamenta en la normativa que regula el EDUS y en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, que establece que la información médica es de carácter privado y confidencial.
Argumentan que los funcionarios solo pueden acceder a estos datos cuando sea estrictamente necesario para la atención médica del paciente.
El proceso busca que el tribunal declare la responsabilidad de la CCSS por el supuesto acceso no autorizado a información contenida en el expediente digital de salud.
¿Qué alega la CCSS?
En la contestación de la demanda la CCSS rechazó que se hayan producido accesos indebidos.
La institución aceptó que existen registros de ingreso al sistema por parte de los médicos señalados. Sin embargo, sostuvo que registrar una entrada al EDUS no implica necesariamente la consulta de datos sensibles del paciente.
Según la defensa de la Caja, esos accesos pueden responder a distintas gestiones relacionadas con la atención médica o con el registro de actuaciones dentro del sistema.
Además, la CCSS argumentó que sí existía una relación médico-paciente con la demandante. Señaló que la funcionaria habría recibido atenciones médicas e incapacidades dentro de la institución. A su criterio, esto justificaría el ingreso al expediente para revisar antecedentes o tomar decisiones médicas.
La institución también indicó que los accesos se realizaron en el contexto de la prestación del servicio de salud y de la continuidad de la atención médica. Añadió que también pudieron responder a gestiones administrativas relacionadas con incapacidades o sustituciones de personal.
En su defensa, la CCSS sostuvo que no hubo violación a la confidencialidad del expediente ni divulgación de información sensible a terceros. También señaló que corresponde a la parte actora demostrar que los accesos carecían de justificación. Además, debe probar que existe un nexo causal entre esos registros y los daños que reclama.
Finalmente, la institución solicitó al tribunal que se declare sin lugar la demanda. Argumentó que las actuaciones respondieron a la prestación del servicio médico.