Funcionarios habrían recibido pagos de hasta $60 mil para ocultar fallas en obras viales
A ingeniero de Conavi le habrían prometido ₡6.5 millones para encarecer trabajos en ₡30 millones
(CRHoy.com).-Representantes de la empresa constructora MECO S.A. y de la compañía Ingeniería Técnica de Proyectos ITP habrían pagado dádivas a funcionarios públicos (o sujetos equiparados) por hasta $60 mil para presuntamente ocultar "defectos constructivos, de calidad y composición de mezcla asfáltica, así como la simulación de óptimas condiciones para cumplir con las exigencias cartelarias" en obras ejecutadas en Nicoya, Guápiles y San Carlos.
Ese es uno de los numerosos detalles citados en el expediente penal 19-000025-1218-PE, conocido mediáticamente como caso "Cochinilla", en el cual se investiga el aparente pago de sobornos entre empresarios y empleados del Estado para favorecer el desarrollo de proyectos de construcción y conservación de carreteras.
En uno de los casos se señala que el presunto pago de sobornos ocurría bajo la "jerarquía, dominio funcional y autorización" del propietario de la empresa MECO S.A. (apellidos Cerdas Araya, quien fue detenido el lunes).
Uno de los hechos imputados indica que Cerdas habría obtenido colaboración de otra compañía investigada: Ingeniería Técnica de Proyectos ITP. El objetivo, al parecer, era evitar castigos económicos por trabajos defectuosos y recibir la totalidad del pago por los contratos pactados con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
En enero de 2020, se presume que el empresario Cerdas habría autorizado a 2 de sus colaboradores más cercanos (apellidos Gutiérrez y González) un pago de 200 mil colones a favor de un laboratorista de la empresa Cacisa (otra de las investigadas) para que manipulara muestras de mezclas de transición que no cumplían con especificaciones del cartel de licitación para un proyecto y así al parecer encubrir a la Administración posibles deficiencias.
Otras dádivas se habrían pagado a funcionarios del Conavi, una de ellas de apellidos Madrigal Rímola, para obtener información privilegiada sobre el proyecto de construcción de un túnel a la altura de La Galera en Curridabat y sobre asuntos de mezcla asfálticas en obras realizadas en Guanacaste.
A su vez, los empresarios habrían pagado dinero para que el exdirector financiero del consejo (apellido Solís) intercediera en el "pago célere" de facturas por proyectos a cargo de MECO S.A.
El documento señala que en junio de 2020, el empresario Cerdas habría autorizado a 2 de sus colaboradores prometer un pago de 6.5 millones de colones a un ingeniero de Conavi (de apellido Sánchez) para incluir un monto de 30 millones de colones en trabajos asignados a la constructora. Al parecer, el ingeniero de la entidad estatal estaba a cargo de la gestión de obras de conservación en rutas nacionales.
En uno de los casos más emblemáticos dentro de la investigación, MECO S.A. junto con las empresas ITP y Cacisa presuntamente habría confeccionado informes falsos y documentación ficticia sobre la calidad asfáltica con tal de esconder falencias en la mezcla colocada en el proyecto del viaducto de Garantías Sociales (inaugurado en marzo de 2020).
Incluso, el encubrimiento de las deficiencias habría contado con la colaboración de gerentes del Conavi encargados de la gestión del proyecto.
En este caso, la constructora habría contratado a un ingeniero de apellido Loría (exfuncionario de Lanamme) por un monto de $2.500 para que desvirtuara el informe técnico de Lanamme que advertía deficiencias en la carpeta asfáltica del viaducto.
El caso
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) planteó el peligro de fuga como uno de los 3 motivos para solicitar 1 año de prisión preventiva contra 14 de los imputados en el caso Cochinilla.
Entre los investigados a los que se le solicitó esta medida cautelar figuran los empresarios de MECO S.A (apellido Cerdas), H. Solís (apellidos Solís Vargas), Constructora Herrera (Herrera Chacón), e ITP (Martínez). También, el gerente general de MECO S.A. (González), el abogado de MECO S.A. (Bolaños), el gerente de la empresa Diccoc (Cervantes) y 8 funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
En las empresas que estarían bajo investigación destacan MECO y H.Solís. 2 de los principales contratistas en proyectos de infraestructura vial durante la actual administración (Alvarado Quesada, 2018-2022). Sin embargo, también figuran Cacisa, Constructora Herrera e ITP de Ingeniería de Proyectos.
Aparentemente, entre los sobornos que habrían pagado los empresarios a los funcionarios figuran: dinero en efectivo, propiedades, carros y favores sexuales.
La policía judicial apunta a que existirían otras 42 personas involucradas en la investigación. No se descartan nuevas imputaciones o detenciones. En total, se investigan 72 nombres.