Fundación cuestiona a la CGR por evidenciar anomalías en Red del Bicentenario

(CRHoy.com) La Fundación Omar Dengo (FOD), elegida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para que se encargue de diseñar, contratar e implementar la parte que le corresponde ejecutar a la institución de la Red Educativa del Bicentenario (REB), la emprendió contra la orden de paralizar el proyecto emitida por la Contraloría General de la República (CGR) la semana anterior.

Según la FOD, la orden del ente contralor "contiene imprecisiones u omisiones importantes" y la auditoría apenas se encuentra en etapas iniciales, por lo que censuran que se paralice el proyecto del todo sin haber concluido el proceso.

La Contraloría ordenó a la ministra Giselle Cruz paralizar todas las actuaciones que está ejecutando la fundación porque cuestionan la figura legal que utilizó el MEP para trasladar competencias exclusivas de la institución a un ente privado; además señalan "incumplimientos legales y técnicos" en el proceso.

La orden detuvo la readjudicación de un multimillonario contrato de $7,4 millones al año durante un plazo de 15 años, que se asignaría a una empresa privada para que conecte a internet de banda ancha a 2.139 centros educativos del país con las oficinas del MEP.

Por administrar este contrato, la fundación tendría derecho a cobrar hasta un 10% del presupuesto por "gastos administrativos".

Tras varios días de silencio, la FOD emitió una comunicación donde la emprende contra la decisión del ente contralor.

"La orden emitida por la Contraloría General de la República (…) contiene imprecisiones y omisiones importantes, y es producto de una auditoría que se encuentra aún en su etapa inicial de planificación (…) la Fundación Omar Dengo apoya y secunda el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria presentado por la señora ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, mediante el cual hemos hecho llegar también nuestras apreciaciones" indicó Leda Muñoz, directora ejecutiva de la FOD.

CRHoy.com solicitó desde la semana anterior una entrevista con Leda Muñoz para analizar documentos que son parte del expediente del ente Contralor, pero en lugar de aceptar responder preguntas, solo envió el documento donde además asegura que hay poca claridad en la Contraloría sobre el proyecto.

Muñoz dijo que la Contraloría está utilizando algunos "elementos inconexos" que podrían "incidir en un daño a la imagen de la FOD", entre ellos señalan:

•  "Se expresa una preocupación por el patrimonio público de la REB, ante lo cual consideramos que la CGR tiene poca claridad sobre la naturaleza de este proyecto".
• Que la "REB es un servicio que se contrata y no se deriva un patrimonio público de esta, pues no se compra equipo porque funciona similar a un contrato por servicio eléctrico".
• "Se desconoce de dónde toma la CGR los costos que cita, pues no corresponden a los presupuestos de la REB. Resulta importante aclarar una imprecisión en el cálculo del monto que, según la CGR, ha transferido el MEP a la FOD para ejecución de la RED, ya que este excede casi el doble de lo que realmente se ha destinado para este fin", concluyeron.

Según la Contraloría, el MEP delegó labores exclusivas del Estado a un ente privado mediante una figura legal que no lo permitiría.

"Es relevante indicar que la CGR es consciente de la necesidad de la implementación de proyectos en esta materia especialmente en el contexto de pandemia; sin embargo debe hacerse dentro del marco legal y competencial correspondiente, y el MEP cuenta con la organización funcional para cumplir la orden de la CGR", indicó el ente contralor en un comunicado de prensa la semana anterior.

Este argumento lo contradice la FOD, al asegurar que "El Programa Nacional de Informática Educativa PRONIE, que ejecutan la FOD y el MEP desde hace 34 años, cuenta con dos respaldos legales del más alto nivel como lo son la Ley No. 8207 – Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa y el mandato del Consejo Superior de Educación, órgano de rango constitucional ante el cual ningún ente del Estado puede limitar o debilitar de ninguna manera", concluye Muñoz.