Fundación Manos Abiertas: 25 pacientes murieron tras allanamientos
71 personas quedaron bajo supervisión de Conapdis: todos fueron trasladados a otros centros
148 días han transcurrido desde que el Organismo de Investigación Judicial condujo una serie de allanamientos simultáneos en dos hogares de personas que requieren cuidados especiales, ubicados en La Unión de Cartago y Desamparados de Alajuela.
Autoridades judiciales e instituciones intervinieron el 5 de marzo, los establecimientos debido a que mantenían una investigación por los supuestos delitos de explotación laboral, servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.
En el primer recinto llamado Camino, la Fundación Manos Abiertas tenía a su cargo el cuido de 56 pacientes con algún tipo de discapacidad y/o enfermedades complejas, todos mayores de edad. Mientras que en Alajuela, 15 adultos así como 70 niños y niñas estaban alojados en "Corazón Redentor".
En total eran 141 personas bajo resguardo de la organización, señalada de utilizar "falsas monjas" para la atención diaria, así como de malos tratos a sus funcionarios y posibles manejos irregulares de los fondos públicos que recibían.
Hasta el cierre de julio, en total han fallecido 25 personas, posterior a la intervención judicial. De ellas, 3 eran menores de edad. Así lo confirman los registros solicitados por crhoy.com al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
De esta cifra, 15 han muerto en centros médicos y 10 más en residencias a las cuales fueron trasladados. Los paros cardiorrespiratorios son la causa más común de decesos, con 9 en total.
El shock séptico, una condición en la cual el cuerpo del paciente mantiene una peligrosa presión arterial baja, generalmente producto de una infección en todo el cuerpo, provocó el deceso de 7 personas más. Una afección respiratoria como síndrome de distrés fue la razón de fallecimiento de 2 pacientes y hay otros 7 casos en los cuales hay otra causa de muerte no detallada.
Del total de los decesos, 21 corresponden a pacientes del Centro Camino ubicado en Cartago y de Corazón Redentor en Alajuela, un adulto y tres menores perdieron la vida.
La mayoría (15) de los pacientes murieron en los primeros 30 días posteriores a los allanamientos. Dos más ocurrieron en el mes de abril, cuatro ocurrieron en mayo y una en junio. Respecto a la defunción de los menores de edad, no se detallaron fechas.
Debido a esto, Conapdis presentó 22 denuncias penales ante la Fiscalía de La Unión, para indagar todo el entorno alrededor del fallecimiento de los pacientes adultos, bajo su supervisión.
Bilbia González, directora ejecutiva del Consejo, asegura que la mayoría de quienes estaban bajo tutela de la Fundación Manos Abiertas, tenían situaciones de salud incluso en fase terminal. No obstante, pidieron las investigaciones se pretende determinar si el traslado pudo haber acelerado la muerte o bien, despejar cualquier duda en torno al cuidado de pacientes.
Le puedo asegurar que eso está en fase de investigación. Por lo menos desde Conapdis, nosotros interpusimos 22 procesos judiciales en sede penal para determinar esto. Contra ignorado, porque no sabemos qué pudo haberlo causado, pero no seríamos nosotros los que tengamos que decir que si el traslado tuvo o no una incidencia.
Lo que sí le puedo decir es que todas las epicrisis o todos los dictámenes refieren a una condición estrictamente de salud y de terminalidad de las personas. No está vinculado a ningún mal manejo o a una mala praxis.
Procuramos, atendimos y garantizamos que estas personas fueran estar bien en sus respectivos puntos, pero también teníamos conocimiento de la condición ya compleja de salud de fase de terminalidad que tenían.
De acuerdo con González, caso contrario hay pacientes que han evolucionado. Crhoy.com consultó al Ministerio Público en qué fase están las causas, pero al cierre de esta nota no hemos obtenido respuesta.
Traslados
Según Conapdis, a la entidad le impusieron la obligación de asumir la administración y cuido de los pacientes mayores de edad con algún tipo de discapacidad de forma temporal y como una medida administrativa. Sin embargo, el Consejo no tenía la capacidad de hacerlo.
Eso provocó que la sede de la Fundación Manos Abiertas en Cartago cerró y dejó de funcionar, y en Desamparados, solo quedaron niños y adolescentes a cargo del PANI.
Por esa razón, los 71 adultos fueron reubicados en diferentes hogares y establecimientos localizados en zonas como Escazú, Rohrmoser, Acosta, Heredia, Alajuela e incluso, una paciente fue llevada a Limón.
La movilización era compleja, dado que el 96% de ellos requerían equipos de apoyo como camas hospitalarias u ortopédicas, sillas de baño, equipos de oxígeno, desfibriladores, además de sus medicamentos y alimentos especiales, así como sus artículos personales y de apego.
Según Bilbia González, los pacientes son visitados una vez al mes con equipos médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos que analizan el estado actual de cada uno.
Recordemos que es una población que está claramente identificada no solo en nuestro caso como población con discapacidad, sino que son personas que tienen padecimientos múltiples y muchos de ellos ya en fase de terminalidad.
Por eso en cada caso, se debió valorar el traslado a una nueva alternativa residencial o a un centro médico, porque no era como trasladar a una persona en en plano de salud idóneo.
Además, con la Fundación Manos Abiertas ya no existe ningún tipo de convenio. Conapdis afirma que su labor es de facilitar los recursos para los beneficiarios que lo necesiten, así como de supervisar el cumplimientos de los albergues autorizados.
Menores de edad
Cuando se intervino la Fundación Manos Abiertas el pasado 5 de marzo, en el Hogar Corazón Redentor en Desamparados de Alajuela estaban albergados 70 menores de edad con enfermedades crónicas, terminales y con cuidados paliativos, de los cuales tres han fallecido.
Fue precisamente una niña la primera persona en morir: el 9 de marzo, la Caja Costarricense de Seguro Social informó que la menor de edad falleció luego de dos días con soporte de oxígeno. La menor era portadora de una encefalopatía crónica no progresiva, presentaba bronconeumonía a repetición, asma bronquial, entre otras complicaciones.
Cinco de los niños y niñas asumidos por el PANI tras la intervención, tenían meses de edad. Además, 28 de ellos no superaban los 6 años de edad, 25 infantes tenían entre 7 y 11 años al momento de los allanamientos y 12 más eran adolescentes.
De acuerdo con el Patronato Nacional de la Infancia, la mayoría de ellos estaban declarados en abandono y entregados a esta institución por orden judicial. Así lo confirmó Kennly Garza, jerarca de la entidad.
Las personas menores de edad ubicadas en Manos Abiertas en su totalidad tienen algún diagnóstico en el menor de los casos de discapacidad, con una disminución de su independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
En la mayor parte de los casos y como agravantes, estas personas tienen diagnósticos de enfermedades adquiridas, hereditarias, degenerativas, con un curso o una evolución que es irreversible, con muchas referencias a muchas especialidades médicas.
Por lo menos el 95% de los menores de edad que están allí tienen una dependencia total, eso significa que ocupaba un personal 24/7, que incluso les ayude a alimentarlos.
Algunos tienen sondas para la alimentación, en su mayoría no se movilizan por sí mismos y también en su mayoría no logran comunicarse. Son personas que por todos estos diagnósticos, tienen corta vida o una esperanza de vida disminuida.
Según Garza, estos menores de edad suelen tener entre 7 y 10 citas diarias de control en el Hospital de Niños, además de la atención médica del albergue.
Falsas Monjas
Las autoridades investigan a la fundación que calificaron como "falsas monjas" en donde 5 personas fueron detenidas al momento de los operativos.
Entre los elementos decomisados por las autoridades se encontraron 133 señales de tránsito, ₡171 millones y $7.981, computadoras, celulares y otros documentos físicos de interés para el caso. Adicionalmente, los agentes judiciales encontraron ₡140 millones metidos en un maletín, con ropa encima para ocultarlo dentro de una lavadora.
Una de las hipótesis apunta a que los imputados supuestamente sustraían y desviaban dinero público en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos.
Dos de las mujeres se encuentran 6 meses en prisión preventiva, la madre superiora de apellidos Rodríguez Ugalde e Hidalgo Murillo, según determinó el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Hacienda el 7 de marzo anterior.
A una persona apellidos Quirós Castro se le otorgó arresto domiciliario con dispositivo electrónico por un semestre, mientras que Granados Delgado podía quedar libre si cumplía con la entrega de una caución real o fianza por ₡70 millones mediante una hipoteca a favor del Estado.
A mediados de abril, el Tribunal Penal de Goicoechea rechazó la apelación de medidas cautelares presentada por la defensa.
A continuación puede repasar los detalles de las personas que han fallecido.