Futura Corte: Dos tercios de nombramientos de magistrados vencen en los próximos cuatro años
El chavismo ha sido claro en que intentará cambiar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, especialmente aprovechando la mayoría parlamentaria que tendrá a partir del 1.º de mayo próximo, con 31 curules de Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa.
Dos tercios de los nombramientos de magistrados vencen entre 2026 y 2030, periodo constitucional en el cual el futuro Gobierno de Laura Fernández estará asentado con dominio del Congreso. Las cuatro salas de la Corte podrían sufrir recambios.
Este mismo 2026 sería el año más crítico en ese sentido: a cinco magistraturas se les vencen sus ocho años. La primera elección será en setiembre, cuando los nuevos diputados deban definir la continuidad de la magistrada Julia Varela Araya, de la Sala Primera.
Esta es la máxima instancia judicial costarricense en materia civil, comercial, contencioso-administrativa y agraria. Resuelve litigios sobre propiedad, contratos, responsabilidad civil, conflictos mercantiles y societarios, juicios contra el Estado o instituciones públicas, disputas por tenencia de tierras y asuntos de familia, especialmente liquidaciones de bienes gananciales.
En octubre se analizará la continuidad de Jorge Araya García, de la Sala Constitucional, uno de los siete magistrados encargados de la protección de derechos fundamentales, la libertad de tránsito y la interpretación y aplicación de la Carta Magna.
Noviembre será el mes más movido. Los congresistas deberán tomar una decisión respecto a los magistrados Jorge Enrique Olaso Álvarez y Roxana Chacón Artavia, de la Sala Segunda, órgano superior que resuelve temas laborales, de familia, derecho sucesorio y procesos concursales.
Ese mes también será clave para definir si continúa Patricia Solano Castro, actual presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, máxima instancia en materia de sentencias por delitos y que, además, tramita causas penales contra el presidente de la República, diputados, ministros y magistrados.
Solano ha sido uno de los objetivos más constantes de los ataques del mandatario Rodrigo Chaves Robles, por dirigir la Sala que ha tramitado acusaciones penales en su contra.
2027 y 2028
Para 2027 habrá solo dos nombramientos por revisar: el de Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional, otro de los magistrados que ha recibido asedio por parte de Chaves, principalmente por una publicación realizada por su hija en redes sociales. Su designación vence en junio de ese año.
Gerardo Rubén Alfaro Vargas, de la Sala Tercera, también será sometido a escrutinio hacia finales de 2027, y para diciembre el Congreso deberá haber definido si se mantiene o no en el cargo.
En enero de 2028 se examinará la continuidad de la actual vicepresidenta del Poder Judicial, Damaris Vargas Vázquez, así como de Sandra Zúñiga Morales, de la Sala Tercera. A Anamari Garro Vargas y Fernando Cruz Castro, del alto Tribunal Constitucional, se les vence el periodo en febrero y octubre de 2028, respectivamente.
Presidente de la Corte
El turno de Orlando Aguirre Gómez, integrante de la Sala Segunda y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, será en enero de 2029.
La relación del chavismo con este magistrado se ha caracterizado por constantes tensiones y ataques del mandatario saliente, quien ha cuestionado su gestión y ha exigido cambios en el Poder Judicial.
A pesar de las fricciones, Aguirre ha garantizado la imparcialidad judicial en las causas penales contra Chaves. Los ataques del gobernante incluyen acusaciones de inacción, desafíos a debates públicos, señalamientos de un supuesto "golpe de Estado judicial" y cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial.
Hacia el cierre del periodo de Laura Fernández y sus 31 diputados quedará pendiente la reelección del actual presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Salazar Alvarado, en diciembre de 2029, así como la de Iris Rocío Rojas Morales, integrante de la Sala Primera, en mayo de 2030.
Además de impartir justicia con plena autonomía frente al poder político, los 22 magistrados tienen funciones adicionales, como elegir al fiscal general de la República y al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Con 31 miembros de Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa, el oficialismo tendría la posibilidad de blindar a su propio Gobierno o a sus diputados de la fiscalización y el control político desde la Asamblea Legislativa, al contar con los votos suficientes para dominar comisiones de investigación o bloquear interpelaciones y comparecencias de ministros.
Si el oficialismo intenta incidir en la Corte mediante la sustitución de magistrados por figuras afines a su gestión, también podría blindarse frente a investigaciones, acusaciones y juicios en el ámbito judicial.
Más aún si se designan jerarcas del Ministerio Público y del OIJ cercanos al Gobierno, quienes podrían tomar decisiones favorables al chavismo para no investigar posibles actos irregulares o de corrupción, en un contexto en el que al menos 12 nuevos congresistas acumulan más de 50 causas penales.
Elección de magistrados funciona distinto
En Costa Rica, la Constitución busca proteger a la Corte Suprema de Justicia de la influencia política de turno, mediante el mecanismo de elección de magistrados.
La reelección es automática por periodos de ocho años, y la Asamblea Legislativa debe reunir al menos 38 votos en contra para impedir la continuidad de un magistrado, según lo establece el artículo 158 de la Constitución Política.
Este sistema permite que los jueces acumulen experiencia y no teman adoptar decisiones impopulares contra figuras políticas por miedo a perder su cargo.
Antes de cada votación, la Comisión de Nombramientos del Congreso suele realizar una evaluación de desempeño, analizar sentencias, revisar aspectos éticos y recibir objeciones ciudadanas.
Si no se alcanzan los 38 votos para frenar la reelección, el magistrado continúa en su puesto por ocho años más. Por ahora, al chavismo le faltarían siete votos para poder incidir directamente en la Corte Suprema de Justicia, en un Parlamento donde, al menos en el papel, enfrentará una oposición férrea.
Con 17 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del Frente Amplio (FA), una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otra de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), el oficialismo deberá buscar apoyos si pretende bloquear reelecciones.
Ya José Miguel Villalobos, abogado de Rodrigo Chaves y diputado electo por Pueblo Soberano por Alajuela, adelantó que no respaldará la reelección de 14 de los 22 magistrados cuyos nombramientos vencen en los próximos años.
Semanalmente por años, el mandatario saliente se ha dedicado a hacer campaña para cambiar la conformación de la Corte.