Futuro de plan fiscal y economía nacional se juega en 8 días

Dentro de los próximos 8 días quedará claro cuál será el futuro que seguirá el rumbo de la economía nacional en los próximos meses.

A más tardar el próximo lunes 26 de noviembre los magistrados de la Sala Constitucional definirán la constitucionalidad del plan de impuestos , que según el Poder Ejecutivo, es la única vía para al menos apartar al país del borde un precipicio económico.

El presidente de dicha Sala, Fernando Castillo dijo a finales del mes anterior que esta es la fecha límite  en la que los magistrados resolverán  las tres consultas facultativas sobre la constitucionalidad de la reforma tributaria que presentaron varios diputados a los altos jueces.

Las tres consultas se agruparon en un solo expediente, el 18-016546-0007-CO y aunque se refieren al mismo proyecto, tienen fines distintos.

El 19 de octubre 14 diputados de los partidos Restauración Nacional, Frente Amplio e Integración Nacional presentaron una acción para que la Sala defina si es inconstitucional sumar la inversión en cuido de menores y el Instituto Nacional de Aprendizaje al 8% del producto interno bruto que deben recibir las escuelas, colegios y universidades públicas.

También le consultaron si es inconstitucional que la reforma imponga impuesto a la canasta básica.

Una segunda consulta fue presentada por el bloque de diputados que votaron a favor la reforma fiscal en primer debate el pasado 5 de octubre.

Legisladores del oficialista Acción Ciudadana,  Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y el independiente Eric Rodríguez consultaron a la Sala si el plan riñe o no con la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Esta consulta surgió tras los planteamientos de la Corte Plena del 16 de octubre, para oponerse a la iniciativa que pretende ponerle un tope al crecimiento de los salarios y de los beneficios salariales para los empleados públicos.

De lo que diga la Corte sobre este tema dependerá de que el plan requiera 38 votos para su aprobación en segundo debate. En la primera votación el proyecto contó con el respaldo de 35 congresistas.

Una tercera consulta fue presentada por dos diputados del PIN, cinco del nuevo bloque de Nueva República, la socialcristiana Shirley Díaz y el republicano,  Dragos Dolanescu.

Ellos afirman que se violentó el principio de publicidad durante el trámite abreviado del plan fiscal, pues no se publicaron en el diario oficial La Gaceta todos los textos sustitutivos que se aprobaron durante la discusión del plan en la comisión legislativa que lo dictaminó.

Estos mismos diputados, además,  consideran como otro vicio de procedimiento que el Congreso realizara las consultas obligatorias a las instituciones afectadas por el proyecto sobre el texto base y no sobre la redacción final, aprobada vía moción de reiteración.

Argumentan además,  que el proyecto fiscal no se podía tramitar por la vía rápida.