Gerente del Invu ignoró advertencias sobre contrato por el que pagan millones en servicios “innecesarios”

Oficios elaborados por funcionarios de alto rango en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), entre el 2017 y el 2020, advirtieron a la gerencia de la entidad sobre posibles faltas al deber de probidad en un contrato con la empresa Logística Transaccional del Istmo (LTI). Sin embargo, el gerente a cargo Marco Vinicio Hidalgo Zúñiga, ignoró las alertas y avaló la licitación para tercerizar los servicios de cobro y recaudo de créditos. Por ese contrato, la institución ha pagado ₡1.600 millones en los últimos ocho años.

CR Hoy reveló este martes que un informe elaborado a mediados de 2025 por el exasesor de la Presidencia Ejecutiva Mauricio Montero,  concluyó que la entidad había pagado la millonaria suma de forma innecesaria pues el INVU ya contaba con plataformas suficientes, mediante entidades públicas, para gestionar los cobros sin costo adicional.

Este medio tuvo acceso a oficios dirigidos al gerente, en los que se le alertó sobre anomalías si continuaba el contrato. Sin embargo, la administración mantuvo el servicio y, a la fecha, el INVU sigue pagando a LTI.

Uno de los documentos, fechado el 27 de febrero de 2018, lo firmaron Cristina Sánchez Cubero, de Finanzas, y Jackeline Alfaro Poveda, de Contabilidad, ambas de la Unidad de Finanzas del INVU.

"(…) no es apropiado que brindemos el visto bueno al pago de las facturas por los servicios brindados, ya que no tenemos los insumos necesarios para la verificación de la información (conciliación archivo-monto recaudado- comisiones), y de hacerlo estaríamos incurriendo en una falta al deber de probidad, pues estaríamos autorizando la erogación de fondos públicos sin el sustento debido", notificaron las funcionarias a Hidalgo.

Sánchez y Alfaro advirtieron que debían aportar documentación de respaldo que demostrara la revisión de los archivos entregados por la empresa, junto con depósitos y notas de débito por comisión, sin inconsistencias en la información, antes de aprobar pagos del contrato.

Aun así, insistieron en que el INVU no requería ese contrato, ya que los sistemas disponibles podían ejecutar la misma labor.

El documento agrega que la institución cuenta con esos servicios mediante el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) desde 2008, con conectividad para entidades financieras públicas, privadas y cooperativas, además de plataformas como BN Servicios, con más de 3.000 sucursales en el país.

¿Qué establece el contrato?

La licitación adjudicada a LTI se denomina "Contratación de software y licenciamiento de un sistema integrado para la gestión administrativa, financiera y contable del INVU". El gerente firmó el contrato como apoderado generalísimo de la institución.

La adjudicación se concretó en setiembre de 2016 tras un concurso público en la plataforma Merlink.

Aunque existían plataformas para esa gestión, el contrato asignó a la empresa la administración de planes de ahorro, apertura y gestión de créditos, así como el cobro administrativo y judicial en caso de mora, bajo un sistema automatizado con integración a cajas recaudadoras.

Por este contrato, el INVU comprometió un pago inicial de $272.000 para implementar los programas. En una ampliación en 2017 canceló más de ₡7,6 millones adicionales. A la fecha, los desembolsos superan los ₡1.600 millones.

Cuestionamientos en informe

El informe de Montero, exasesor de la presidencia, concluyó que el pago de ese contrato millonario resultaba innecesario. El documento cuestiona a la Gerencia por ejecutar, sin sustento técnico suficiente, pagos por servicios de interfaz de conectividad.

"El servicio de la empresa contratada le cuesta a la institución en promedio ₡204 millones al año por lo que a la fecha se le han cancelado más de ₡1.600 millones, por un servicio que no resulta necesario o bien puede ser objeto de ahorros significativos", dice el informe de setiembre del 2025.

El análisis detalla que la Junta Directiva conoció la situación a través de la Auditoría Interna. Sin embargo, en varias ocasiones declaró privadas las sesiones y no adoptó acuerdos para corregir los señalamientos.

El informe también advierte que no existen evidencias de sanciones disciplinarias, pese a la documentación que respalda los incumplimientos asociados al contrato.

Además, expone debilidades en la gestión administrativa, financiera y operativa del INVU. La institución administra más de ₡198.000 millones en inversiones y cerca de ₡96.000 millones en cartera crediticia bajo controles que el documento califica como insuficientes, lo que eleva el riesgo financiero, operativo y reputacional.

El informe recomienda una intervención inmediata ante la magnitud de las debilidades detectadas y el riesgo de eventual malversación o desvío de recursos vinculados al contrato y otros procesos. También plantea una posible responsabilidad de autoridades actuales y anteriores por omisión frente a los riesgos identificados.

Montero agrega que la información sobre inversiones bancarias y rendimientos resulta limitada. Además, más de ¢28.000 millones permanecen sin invertir debido a la falta de cuórum estructural en la Junta Directiva.

Desde el pasado lunes se consultó a la institución por medio de su oficina de prensa sobre los cuestionamientos contenidos en el informe interno y el martes indicaron que se estaba gestionando la respuesta, no obstante, al cierre de esta nota no se ha recibido más información de esa entidad del gobierno.