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Gobierno anuncia que presentará proyecto para combatir crimen organizado, a pocos días de las elecciones

Por José Adelio Murillo | 26 de Ene. 2026 | 12:47 am
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El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles presentará un proyecto de ley contra el crimen organizado a escasos días de las elecciones y a menos de 4 meses de terminar su mandato; sin embargo, el mandatario evitó responder por qué se esperó hasta ahora, cuando desde hace años viene hablando de la necesidad de reformas legales.

El mandatario anunció la próxima presentación del proyecto en la visita del presidente de El Salvador Nayib Bukele, durante un acto en el que se promocionó la colocación de la primera piedra para la construcción de nuevos módulos carcelarios en el complejo conocido como La Reforma, aunque esto finalmente no ocurrió.

Chaves aseguró que la iniciativa sería presentada en la corriente legislativa durante esta semana, para que los actuales o los próximos diputados la tramiten. Por esa razón, CR Hoy le consultó por qué esperar hasta una semana antes de las votaciones presidenciales para hacerlo; no obstante, evadió en reiteradas ocasiones la pregunta.

"No me aturda por favor, no me aturda", se limitó a decir.

Sin precisar con exactitud el día de presentación, el mandatario afirmó que propondrán una ley contra el crimen organizado, modelada en el sistema internacional de lo que abogados denominan ius ad bellum, basada en lo aplicado por Bukele y en experiencias de países europeos.

Por lo poco que adelantó, Chaves aseguró que la intención de la propuesta es tipificar como delito la pertenencia a una organización criminal, para poder detener previamente a los sospechosos y, posteriormente, juzgarlos por otros delitos que hayan cometido, como homicidios, narcotráfico o extorsiones.

No obstante, los cambios legales que Chaves plantea no son nuevos. Desde años atrás, para evadir su responsabilidad y la de su administración en la crisis de inseguridad y homicidios que azota al país desde mediados de 2022, ha señalado como responsables a la legislación vigente y a la Asamblea Legislativa, por no impulsar los cambios que considera necesarios.

Aun así, el mandatario evitó responder por qué se espera hasta la recta final de la contienda electoral para impulsar estas acciones, pese a llevar años planteando el tema.

"Tratamos años de años de años. No valía la pena construir una cárcel sin el cambio de leyes y sin cambio de Poder Judicial, y con jueces de la pena", exclamó el mandatario.

Esos otros cambios a los que se refiere y que pretende impulsar aún no se han concretado. Aun así, el Gobierno aceleró el proyecto del nuevo recinto penitenciario durante los últimos 12 meses de la actual administración. Pese a ello, el mandatario optó por justificar su accionar.

"Lo que dijimos fue: démosle esto a la próxima Asamblea Legislativa que tendrá que tomar decisiones fuertes sobre qué tipo de Poder Judicial quiere tener en Costa Rica, qué marco jurídico y aquí está listo para que no haya excusas. 

Tratamos de negociar con gente que lo único que hace es querer a los delincuentes", añadió Chaves, alejándose de las preguntas de CR Hoy y dirigiéndose hacia medios de comunicación afines a su gestión para evitar cuestionamientos.

¿Tiene futuro?

Durante la conferencia posterior a la visita de Bukele, Chaves fue cuestionado por la prensa sobre la viabilidad del proyecto, dada la incapacidad que ha tenido el Gobierno para lograr que sus iniciativas prosperen en el Congreso, ya sea por falta de negociación o por deficiencias técnicas en la redacción.

Pese a ello, el mandatario evadió su responsabilidad y culpó a diputados de oposición por no aprobar las leyes impulsadas por el Ejecutivo.

"Los puentes ellos los volaron. La dinamita que usó Rodrigo Arias Sánchez, Gloria Navas en su momento cuando presidía la comisión de crimen organizado era hacer reunioncitas, lo que llamamos los ticos patear la bola para adelante o como decía mi tata, patear el tarro para no juntarlo ya. 

Pese a anunciar que la propuesta se presentaría esta semana, incluso dentro del propio chavismo se desconoce si esto finalmente ocurrirá. Pilar Cisneros, diputada jefa de la bancada oficialista, aseguró que no conoce la iniciativa ni ha sido enviada.

Incluso el lunes pasado mantuvieron una reunión de fracción con el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, sin que desde el Poder Ejecutivo se les informara nada. Cisneros, además, dijo desconocer cuándo se presentaría la propuesta.

¿Qué establece la norma?

El principio legal que pretende invocar Chaves es, en esencia, un concepto destinado a justificar una guerra. El ius ad bellum es un pilar fundamental del derecho internacional que establece las condiciones legales y morales bajo las cuales un Estado puede recurrir legítimamente al uso de la fuerza armada.

A diferencia de las normas que regulan cómo se combate, este principio se centra exclusivamente en la justificación del inicio de la guerra. En el orden global actual, marcado por la Carta de las Naciones Unidas, rige la prohibición de la agresión, con excepciones estrictas limitadas a casos de legítima defensa.

Marvin Carvajal, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que el ius ad bellum es el derecho de guerra y se refiere a la posibilidad que tienen los Estados de defenderse frente a agresiones extranjeras, bajo reglas específicas sobre cómo se debe conducir un conflicto armado.

Por ello, considera preocupantes las declaraciones de Chaves, pues podrían implicar más riesgos que efectividad.

"Me parece muy muy desafortunado pensar en en algo así para enfrentar un tema que por más grave, gravísimo que es nuestro problema de seguridad. No es una guerra, no es algo que en este momento haga que nuestras instituciones no estén funcionando.

Nuestras instituciones están logrando funcionar a pesar de los recortes de recursos a pesar de todo, de la sofisticación del crimen organizado, de su crecimiento, a pesar de eso, sigue funcionando.

Por eso es que todas estas tesis de declarar un estado de sitio y similares, son 90% peligrosas y 10% efectivas", señaló el experto.

Carvajal agregó que, en todo caso, si lo que se pretende es penalizar la participación en una banda criminal, ya existe el delito de asociación ilícita, el cual podría modificarse dentro del marco constitucional vigente.

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