Gobierno confía en que diálogo frene protesta convocada por autobuseros y taxistas

(CRHoy.com). Los llamados de autobuseros y taxistas para realizar un paro nacional del transporte público el próximo 15 de junio provocan mal sabor de boca en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Ambos sectores se unieron para reclamar mayor respaldo del Poder Ejecutivo ante los embates sufridos por la pandemia del coronavirus COVID-19. Según dicen, en un contexto de baja demanda, deben enfrentar constantes alzas en los combustibles y obligaciones adquiridas con entes del Estado.

Este jueves se realizaba una reunión entre transportistas y autoridades del Viceministerio de Transportes para acercar posturas. Sin embargo, Rodolfo Méndez Mata, titular de la cartera, fue claro en que reconocen la situación crítica que se vive y señaló esfuerzos hechos para "atenuar" este mal momento.

"Es todo el sector transporte el que ha tenido una afectación. Es el segundo sector con más afectación, después del turismo. Hoy, una parte del sector, sufre la afectación del turismo y todo eso ha generado una alteración en los patrones del funcionamiento del transporte. La piratería se ha incrementado. Eso ha contribuido a la afectación que ha sentido el sector", alegó el ministro.

El jerarca explicó que han tratado de resolver los problemas y apostó por mantener el diálogo.  "Lamentablemente, una manifestación pública en el sector en nada va a contribuir a resolver los problemas que tiene el sector. Incluso, en los problemas que tiene el sector con los bancos del sistema. Nuestra disposición es participar y estamos en reuniones", expuso.

Roberto Muñoz, miembro de los autobuseros y representante de la empresa guanacasteca La Pampa Limitada, explicó que la crisis sanitaria los obligó a realizar despidos y a enfrentar un incremento en los servicios informales. Sin embargo, a cambio no han recibido mayores respaldos por parte de los entes gubernamentales.

Autobuseros molestos

Pese a las condiciones excepcionales derivadas de la pandemia, los empresarios de ruta regular de autobús sostienen que tienen que cumplir con las mismas obligaciones de siempre: cánones de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y del Consejo de Transporte Público (CTP), rebajas tarifarias e incrementos en los combustibles en medio de una notable reducción de la demanda (70% en algunos casos).

"Tenemos personal suspendido, el 60% de la flota parada en los predios y la demanda no alcanza para pagar los gastos básicos. Estamos en una situación catastrófica. Ya nos arrimamos al gobierno: reuniones con el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), con el Ministerio de la Presidencia, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con Aresep y ya no nos queda nadie por reunirnos. Aunque hay buena voluntad, no hacen nada", dijo Muñoz, el pasado 1º de junio.

Los autobuseros deben cancelar este año más de 321 mil colones por concepto del canon de Aresep. En marzo pasado, los diputados aprobaron el proyecto de ley 22.400, el cual busca rebajar un 25% del pago del canon 2020 que deben hacer los autobuseros a autoridad reguladora.

Según el dirigente, "en vista de que el gobierno no les presta atención, les toca parar". Incluso, ejemplificó que ya varias empresas entregaron las concesiones al CTP ante la imposibilidad de mantener la operación en medio de incrementos en los precios de los combustibles y la baja en la demanda.

"¿Qué va a hacer el gobierno y quién va a asumir ese montón de empresas que van a dejar en abandono los servicios porque el gobierno no ha hecho nada? Tenemos un grupo donde hay 180 empresas de toda Costa Rica y tenemos otro, donde hay 60 empresas de las zonas de Cartago y Turrialba", acotó Muñoz.

El sector apunta a que el CTP y la Aresep deben interceder para ayudarlos a enfrentar la crisis. "Nosotros paramos y a las 10:00 a.m. este país es un caos. Se paraliza todo. El tema es grave y el gobierno no lo quiere entender", agregó el representante gremial.

En el caso de la empresa La Pampa Limitada, el empresario explicó que los embates son fuertes en razón de que la operación se nutre de una zona turística. "Esto (la pandemia) ha sido catastrófico y delicado. Operamos con el 60% menos de la demanda y con eso tenemos que sostener a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Instituto Nacional de Seguros (INS), Tributación, planillas y Aresep. Si no les pagamos, vamos a cobro judicial y nos embargan lo poquito que nos queda", dijo.

Ambos sectores claman por moratorias o suspensiones de pagos que les permitan mantenerse a flote mientras las condiciones económicas se recuperan.