Gobierno construyó proyecto para regular Uber sin consultar a actores clave
Taxistas confirmaron que "apurado" planeamiento los dejó sin conocer la propuesta
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(CRHoy.com). ¿Se puede construir una propuesta de ley sin tomar en cuenta los puntos de vista de los principales involucrados? Muchos pensarían que no, pero en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) apostaron que sí.
El cuestionado plan para poner en cintura las aplicaciones móviles que enlazan a choferes privados con clientes (como el caso de Uber) se gestionó sin participar a los 2 sectores más interesados: los taxistas formales (hay alrededor de 12.500 en todo el país) y la empresa Uber (con más de 22 mil conductores).
A finales de enero, en medio de presiones por parte de los diputados, el ministerio presentó un proyecto de ley que dejó severas críticas sobres vacíos existentes y planteamientos poco certeros con respecto al funcionamiento de estas 'apps'.
Durante una audiencia realizada el martes 4 de junio en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa –donde se discute el texto- los taxistas confirmaron que nunca fueron consultados por el ministerio previo a la presentación del proyecto.
De hecho, reafirmaron su oposición a que un fondo de movilidad (financiado con el 3% de cada viaje que haga Uber) sea destinado para mejora de las condiciones de los taxistas formales. Esta fue una de las figuras más cuestionadas del plan, incluso fue objeto de discrepancias por parte del Ministerio de Hacienda y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde enero, cuando se envió el texto a la Asamblea Legislativa, la empresa Uber publicó un comunicado de prensa donde lamentó que no se les tomara en cuenta para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, en las sesiones de la comisión que tramita el plan sí se han recogido posturas de múltiples sectores.
De hecho, Uber señaló su desacuerdo con lo propuesto y pidieron unir esfuerzos entre los sectores involucrados pare plasmar un documento más acorde a la realidad tecnológica.
Otra de las figuras propuestas por el MOPT -y que es objeto de recelo- es el pago de 8.300 millones de colones que tendría que hacer alguna empresa que desee operar su aplicación en el territorio nacional.
Taxistas, ni muy descontentos
Los líderes gremiales de los taxistas aplauden a Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, por asumir el interés en presentar un proyecto y minimizan el hecho de que no los haya tomado en cuenta.
Para ellos vale más la posibilidad de que se ponga en discusión la regulación de las aplicaciones, casi 4 años después desde que Uber comenzó a funcionar en el país.
"Nosotros veníamos en una mesa de diálogo con el gobierno, pero luego vino la presión de los diputados de presentar el texto. Se agilizó eso en el sector del gobierno, en el MOPT y se quedó en discutir el borrador con nosotros. Lo único que se hizo fue que un día antes nos llamaron para decirnos que al día siguiente presentarían el proyecto. Nunca lo vimos, pero sí estamos agradecidos de que se presentara un texto", respondió Gilbert Ureña, secretario general del Foro Nacional de Taxistas.
El dirigente indicó que siempre estuvieron opuestos a propuestas planteadas por legisladores del período anterior, como Franklin Corella (del Partido Acción Ciudadana) y Otto Guevara (del Movimiento Libertario).
"Eso no creó discrepancias con el señor ministro (Méndez Mata), por haberlo presentado. Por el contrario, vivimos eternamente agradecidos con él y con el señor presidente (Carlos Alvarado), porque al entrar en la corriente legislativa podemos discutir los cambios que queremos", expresó Ureña.
En respuesta a ese vacío de consulta, los transportistas presentaron una serie de 8 cambios a la intención gubernamental. Entre ellos, destacan un tope de 4.500 choferes de Uber, el uso de vehículos y placas rotuladas para conductores de aplicaciones y el otorgamiento de permisos de operación a personas físicas (no jurídicas).