Gobierno de Chaves aplicó “borrón sin cuenta nueva” a política pública educativa

(CRHoy.com) Si los anteriores Gobierno no lograron contrarrestar años de desatención y el fenómeno del "Apagón educativo", la actual administración de Rodrigo Chaves aplicó "borrón sin cuenta nueva" a políticas educativas públicas que funcionaban y trazaban una ruta.

Así lo revela el noveno informe del Estado de la Educación, presentado este jueves 31 de agosto. La investigación encendió alarmas por la grave crisis educativa que vive Costa Rica y que afectará profundamente su rumbo en las próximas décadas. El informe resalta que hay una generación -la más golpeada- que nunca podrá recuperar el tiempo perdido en aprendizaje.

En su explicación, Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del Programa Estado Nación, hizo énfasis en la desconexión tecnológica que afronta el sistema educativo y mencionó el impacto que generará la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo.

"Es una de las involuciones más serias en informática educativa. La desarticulación de esta alianza debilitó el modelo de la enseñanza informática educativa forjada desde hace 30 años, que beneficiaba el 92% de la población. Optamos por el borrón y sin la cuenta nueva cuando más necesitábamos avanzar en el cierre de la brecha digital. El MEP promueve ahora un modelo pedagógico, que pasa de uno que promueve habilidades superiores de pensamiento, a uno operativo. Propone pasar de un aprendizaje basado en problemas con integración de evaluaciones por nivel, a uno que no se sabe cómo se hará", citó Román.

La experta señaló que las políticas fiscales no deben nunca sacrificar la inversión en educación porque, a la postre, esto le saldrá mucho más caro al país.

El informe menciona como otro retroceso en la evaluación estandarizada de los aprendizajes en inglés con computadora, que se hizo con ayuda de la Universidad de Costa Rica (UCR). Este apoyo también se suspendió este año en la administración de Rodrigo Chaves.

"Se perdió el seguimiento, comparabilidad, certificación, el uso de un instrumento probado y robusto, diseñado por especialistas y aplicado en línea con amplios estándares de calidad", dijo Román.

Esta problemática, según Román Vega, afecta sobre todo a los niveles de prescolar, primaria y secundaria del sistema educativo nacional. 

"Entre 2022 y 2023 el Ministerio de Educación (MEP) mostró serios problemas para ejecutar planes remediales para después del apagón y sentar la bases de una recuperación futura", dijo Román.

Esta falta de respuestas adecuadas se evidencia, según Román, en varios aspectos:

• Condiciones desiguales dificultaron la nivelación del aprendizaje: el informe señala que las medidas del MEP para esta nivelación se aplicaron de manera parcial y sin seguimiento a sus resultados.
• Inestabilidad en instrumentos de macroevaluación: se cuestiona que luego de tener por años la prueba de bachillerato (1988-2018) el país entró en una "gran inestabilidad de en estos instrumentos, pasando por las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) hasta el 2021 y luego a "ensañar" las Pruebas Nacionales Estandarizadas.
• Debilitamiento en procesos de capacitación de docentes: La inversión es "una partecita" de la que se hacía en 2019, dice el informe y cuestiona además que los cursos a docentes se redujeron en un 63% y los talleres en 78% y ambos dejaron de ser obligatorios.
• Reducción en salarios de docentes: Entre 2020 y 2022 los salarios de los docentes perdieron una caída del poder adquisitivo del 18%, lo que representa un desincentivo que se debe arreglar.

"Las respuestas de política pública frente al apagón educativo fueron insuficientes para salir de la crisis educativa. Mucho de la política pública ha sido más del problema que de la educación", dijo Román.

El informe también señala que el gobierno no ha atendido rezagos de la educación en materia de inversión, infraestructura educativa, contratación docente, enseñanza del inglés y educación técnica.

En inversión, infraestructura e informática educativa se cuestiona que el Gobierno propició un retroceso. Se cita, por ejemplo, que la inversión del Ejecutivo en educación no llega al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de que la Constitución estipula que debe ser del 8%.

Añade que el Gobierno ha venido realizando recortes en becas y transferencias en los últimos 4 años que afecta a estudiantes en condición de vulnerabilidad.

"La plata para becas y becas ha tenido una reducción acumulada del 30% en 4 años, ese recorte es preocupante porque 4 de cada 10 estudiantes entre 5 y 18 años de la educación pública son pobres, casi la mitad", dijo Román, quien puntualizó que actualmente el porcentaje de estudiantes pobres es de 40,8%.

Por el lado de la infraestructura, Román mencionó que actualmente el gobierno invierte una tercera parte de lo que se invertía en 2013.  

"Vamos como el cangrejo. Esto tiene serias consecuencias", dijo la experta, quien citó que el Ejecutivo mantiene a junio de este año 54 centros educativos con órdenes totales de cierres y otras 25 con órdenes parciales.

En lo que respecta a la contratación docente, se cuestiona que el MEP está haciendo contrataciones sin garantizar la idoneidad de los educadores, esto frente a la pensión de más de 5 mil docentes en los últimos 3 años.

"Este es un tema apremiante, pues estos docentes trabajarán con nuestra niñez y juventud sin garantía de calidad", añadió la experta.

Sobre la educación técnica, señalan un estancamiento total de la inversión en un 40% desde el 2014, esto en momentos en que hay una alta demanda en el mercado laboral.

"Esta situación tiene consecuencias, pero más los más perjudicados con los distritos de índice social bajo", dijo Román.

¿Qué hacer?

El Estado de la Educación señala que para afrontar esta problemática, el gobierno y los distintos sectores deben, en primera instancia, reconocer el problema de que el país se encamina a "una educación de menor calidad". Dice que el rezago de la de la educación se debe intervenir como una emergencia nacional que se debe atender con medidas inmediatas e impostergables.

"Las decisiones de hoy pueden evitar daños generacionales difíciles de recuperar. Se necesitan acciones que se encuadren en marco legal vigente. Las acciones del Ejecutivo que vayan a desmontar políticas de larga data solo agravarán la crisis. Se deben optar por soluciones basadas en la legalidad", dijo Román.

Entre las prioridades más apremiantes, según los investigadores, sugieren atender la educación desde la reversión de los recortes en inversión, revisar los contenidos curriculares para los aprendizajes y dignificar a los docentes con mejores opciones de contratación.

"La mejora fiscal no debe hacerse a costas de las oportunidades educativas, esto es dispararse en los pies", dijo Román.