Gobierno declaró confidenciales resultados de polígrafo aplicado a jerarcas
Casa Presidencial declaró confidencial la información sobre el financiamiento, la contratación y los resultados de las pruebas de polígrafo aplicadas a jefes policiales y jerarcas que integran las reuniones semanales de seguridad del Gobierno de Laura Fernández.
Pese a las solicitudes formales de acceso a la información, Presidencia no explicó cómo se financió y contrató la aplicación de las pruebas, cuáles fueron los costos del proceso ni los resultados obtenidos por los funcionarios evaluados.
El ciudadano Janekeith Durán pidió formalmente a Casa Presidencial detalles sobre el dueño del polígrafo utilizado, el lugar donde se realizaron los exámenes, el contrato o convenio con la empresa contratada y el monto de dinero público invertido en el proceso.
Durán solicitó, además, los cuestionarios aplicados y los informes de las pruebas realizadas a los ministros Gabriel Aguilar, de Justicia; Arnold Zamora, de Comunicación, y Pablo Martínez, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Presidencia no respondió de manera completa la mayoría de estos requerimientos.
"Cabe resaltar que la Ley General de Policía, Ley N.º 7410, en sus artículos 10, incisos a) y f), y 16, señala como principios fundamentales el deber de rigurosa confidencialidad y discreción, la custodia de información confidencial y la estricta reserva a la que están sometidos los funcionarios policiales respecto de los asuntos en materia de seguridad nacional y defensa nacional que conozcan en razón de su cargo. De ahí que la información relacionada con las preguntas concretas y sus respuestas es confidencial y, por ende, es jurídicamente improcedente su divulgación", respondió Casa Presidencial.
Presidencia no presentó ningún decreto ejecutivo que declarara esa información secreto de Estado antes de aplicar las pruebas, trámite necesario para negar los detalles. Por eso, Durán acudió a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo por la falta de respuesta a sus solicitudes.
El Poder Ejecutivo se limitó a señalar que la mandataria había dado detalles en conferencias de prensa y añadió que las pruebas fueron aplicadas por la empresa privada International Polygraph Studies Center (IPSC), en coordinación con la DIS. El propio director de esa entidad, Martínez Bertozzi, figuraba entre los evaluados.
Campos también guarda silencio
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, se niega a revelar la identidad de los funcionarios que no pasaron la prueba del polígrafo, entre ellos los jefes de la Fuerza Pública que reprobaron el examen, según el propio Poder Ejecutivo.
Fernández informó tras una reunión semanal del Equipo Élite que siete personas reprobaron la prueba. Campos detalló, sin identificarlos, que se trata de cinco oficiales de alto rango designados por su gestión, un asesor legal del Ministerio de Seguridad Pública y un jefe policial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la Policía de Tránsito.
"La encargada de darla sería Presidencia en su momento adecuado. Yo fui un usuario más del sistema. Recuerde que todos los que somos integrantes del equipo élite nos pasamos por la prueba del polígrafo como una orden que dio la señora presidenta. Simplemente ya hicimos los comunicados y ella verá el momento oportuno para dar el nombre de esas personas", respondió el ministro.
Se trata de comisionados y comandantes de la Fuerza Pública que el propio Campos, junto con su equipo de trabajo, seleccionó para supervisar a los oficiales de distintas regiones y provincias del país.
Pese a haber liderado ese proceso de selección, el ministro afirmó que los resultados del polígrafo no le generan cuestionamientos sobre las designaciones que realizó.
"Hay gente que trabaja en el Ministerio y sigue trabajando en el Ministerio. El sinsabor es… qué complicado, porque yo a usted lo conozco con solo verlo, pero no sé qué es lo que usted piensa ni sé lo que usted hace. Eso es muy interno suyo. Si usted ha sido muy hábil para engañar al sistema, pues qué complicado", manifestó el jerarca.
La presidenta Fernández ha asegurado en sus conferencias semanales que quienes reprobaron la prueba fueron despedidos o destituidos. Sin embargo, lo que ocurrió fue el cese de los nombramientos que el propio Gobierno les había otorgado como jefes policiales.
El ministro de Seguridad reconoció que todos regresaron a sus cargos regulares dentro de los cuerpos policiales.
"Estaban ocupando cargos que les permitían estar dentro del equipo élite y precisamente a los que me corresponde a mí se les indicó que no… bueno, regresaban a sus puestos de propiedad como dentro de los cuerpos policiales. No van a integrar los puestos de confianza como directores regionales donde yo los tenía nombrados", explicó el ministro en una entrevista con CR Hoy.
Las preguntas que no aprobaron indagaban si los funcionarios habían favorecido a alguna organización criminal, recibido algún beneficio ilícito de una organización criminal, divulgado información reservada a personas no autorizadas o si se habían beneficiado ilícitamente de los cargos que ejercieron.
Tras perder la confianza de las autoridades, se abrieron investigaciones administrativas preliminares. El Ministerio de Seguridad Pública no presentará denuncias ante el Ministerio Público. Ni Campos ni ningún otro jerarca estuvieron presentes durante la aplicación de las pruebas a los jefes policiales.
Tras remover a estos funcionarios de los puestos de jefatura, el Ministerio inició el proceso para designar a sus sustitutos.
