Gobierno dejará 3 grandes pendientes en transporte: trenes, buses y plataformas

El actual Gobierno terminará su gestión en mayo con tres grandes pendientes en temas de transporte, los cuales se heredarán a las siguientes administración y Asamblea Legislativa que sean elegidas en las próximas elecciones.

Dos de estos proyectos permanecen en el papel, sin resultados tangibles, pues no se llegaron a construir o ejecutar. El otro, si bien tuvo un impulso, tampoco logró concretarse.

Por el contrario, el transporte público vive un periodo de crisis. Los últimos años han estado marcados por el abandono de rutas y la proliferación de servicios al margen de la ley.

GAM sin tren

Una vez entró a Casa Presidencial, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, descartó darle continuidad al proyecto de tren eléctrico de la administración anterior. El Ejecutivo dedicó casi tres años y medio a reformular dicho plan hasta que en setiembre del 2025 finalmente presentó su versión del tren.

El proyecto contempla solo dos líneas (San José-Alajuela y San José-Cartago) y excluye el trazo hacia Belén, además de las conexiones a Ciruelas y El Coyol. También se eliminaron varios pasos a desnivel y el tramo entre las estaciones Atlántico y Pacífico, en San José centro, se devolvió a nivel de calle, aunque la propuesta anterior incluía un túnel. Estos cambios hicieron que el proyecto rebajara su costo a $943 millones, $800 millones de financiamiento y el resto por cuenta del Estado.

No obstante, el crédito de este tren llegó a la Asamblea Legislativa hasta noviembre del 2025, apenas seis meses antes de concluir el periodo presidencial. El préstamo requiere de la aprobación de los diputados y es muy probable que quede en manos de la siguiente Asamblea. Esto significa que la Gran Área Metropolitana (GAM) sumó cuatro años más sin el prometido tren mientras se acrecenta el caos vial.

Otra promesa que quedará sin cumplir es la de llevar el actual servicio de tren hasta Paraíso centro. Si bien en el Presupuesto Nacional del 2025 se incluyó una partida de ¢1.900 millones para hacer realidad esta extensión, el Ministerio de Hacienda decidió finalmente no girar los fondos para la obra. El argumento del exministro Nogui Acosta fue que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) carecía de capacidad operativa para ejecutar esa inversión.

Tras este episodio, en setiembre anterior el Incofer renovó la eterna promesa de acercar el tren al centro de Paraíso. La nueva fecha es para julio del 2026, lo que significa que le tocará al siguiente Gobierno inaugurar este nuevo servicio.

Al igual que el metropolitano, el Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca, rebautizado como Tren Huetar) tampoco vio la luz en esta administración. En julio del 2025, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) confirmó que, junto con el Incofer, trabajaba en una propuesta para concesionar la construcción y operación de este tren.

Ese mismo mes, el Incofer respondió a CR Hoy que estaba intentando dejar este proyecto adjudicado "lo antes posible", luego de una propuesta privada para concesionarlo. La entidad evitó dar un dato actualizado del costo de este transporte de carga.

Un cambio que implantó el Gobierno en este proyecto es sustraerle su característica de eléctrico, principalmente por el alto costo de hacerlo con esa tecnología.

Sectorización frenada

En el ámbito de la modalidad de buses tampoco hubo avances notables en el principal proyecto que lleva años estancado: la sectorización.

Este sistema plantea la reorganización de las rutas de bus en el área metropolitana de San José. Lo que se propone es que, en vez de que todas las rutas entren al centro de San José, solo lo hagan algunas llamadas troncales, mientras existen otras rutas alimentadoras dentro de cada uno de los 12 sectores en los que se dividió la región.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Consejo de Transporte Público (CTP) han intercambiado criterios sobre quién es el responsable del atraso. Aresep señala que el CTP debe diseñar los esquemas definitivos y promover la creación de consorcios, y el CTP indica que la Aresep aún no define la tarifa.

No obstante, ambas entidades expusieron a CR Hoy en setiembre sus dudas sobre el plan. Todo indica que el país está impulsando un sistema de transporte público del que existe poca certeza sobre si será una solución efectiva.

"Seguimos anclados a una conceptualización que, a ciencia cierta y técnicamente, no tenemos los elementos suficientes para saber si es la solución", declaró el intendente de Transportes, Paolo Varela.

Por otra parte, el sistema de transporte público se vio marcado por el abandono de decenas de rutas por la poca rentabilidad que le deja a sus operadores. Más de 100 rutas han sido abandonadas, en el área rural y urbana, algunas de ellas están sin operador desde hace 10 años.

Lo que sí avanzó durante estos años fue la integración de más buses y rutas al pago electrónico, una modalidad que se estrenó en el tren en el 2021 y que luego siguió a las unidades de autobús.

Plataformas: sigue pendiente regulación

Costa Rica vio pasar cuatro años más sin una regulación de las plataformas tecnológicas de transporte como Uber o Didi. En agosto del 2025, Uber cumplió 10 años de operar en el país sin reglas claras. Desde entonces se han presentando varios proyectos de ley para regular estas aplicaciones, también este Gobierno propuso el propio.

Representantes de empresas de transporte, taxistas y Gobierno presentaron en conjunto hace tres años el proyecto de Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales, bajo el expediente 23.736. Sin embargo, al igual que las anteriores, no ha llegado a convertirse en ley. El gremio de taxistas  mantiene el respaldo a este proyecto mientras que Uber comentó que la empresa está abierta a una regulación "moderna".

Al mismo tiempo, en el 2022 el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Gilberto Campos presentó un proyecto más con la intención de ordenar el tema. Sin embargo, los taxistas se manifestaron en contra de esa iniciativa.

Mientras tanto, varios procesos judiciales de exconductores de Uber contra la empresa han terminado a favor de los trabajadores. El año anterior se supo de, al menos, dos casos en los que el juzgado determinó la existencia de una relación laboral entre ambas partes.

Una sentencia conocida en setiembre dio con lugar la demanda laboral y se condenó a Uber al pago de poco más de ₡14 millones por conceptos laborales, además de otros ₡2,8 millones por costas personales y procesales.

La regulación de las plataformas será otro tema que deberá asumir el próximo Ejecutivo de la mano de los legisladores que resulten electos.