El Gobierno corre contra el tiempo y presiona a los diputados por la aprobación de un proyecto de ley que crearía una entidad estatal con millonarios salarios.  La entidad estaría compuesta por tres funcionarios que tendrían salarios de poco más de ¢8 millones mensuales cada uno.

Así lo denunció este miércoles la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke, quien forma parte de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, donde se tramita la iniciativa.

El proyecto, convocado por el Poder Ejecutivo en las sesiones legislativas extraordinarias, busca crear el Consejo Nacional de Competencia (Conacom). Este consejo estaría integrado por tres funcionarios a quienes se denomina "comisionados". Cada uno de ellos ganaría ¢5,5 millones al mes más el 50% por exclusividad. Es decir, ganarían ¢8,250,000.00 por mes

La nueva entidad sería un órgano de desconcentración máxima y se encargaría de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, pero de manera independiente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Contaría con personalidad jurídica instrumental para ejercer sus funciones y competencias.

Clarke explicó que es la quinta versión de un texto que trabaja la ministra del MEIC, Geannina Dinarte. En la primera, el Gobierno pretendía que se crearan cinco "comisionados".

Clarke negó que la nueva entidad sea un requerimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como lo plantea el Gobierno.

Dijo que todavía no han llegado a analizar la propuesta de los salarios que tendría el Conacom.

Contraloría opuesta

Desde ya la Contraloría General de la República (CGR) expresó su oposición a las primeras versiones del texto, también denominado Ley de Creación del Tribunal Administrativo de la Competencia.

La entidad fiscalizadora lo dejó claro en una respuesta a una consulta de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.

La nota fue enviada el 9 de junio de 2017 y fue suscrita por Roberto Jaikel Saborío, gerente del área de fiscalización de servicios económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.

Las razones por las cuales la entidad fiscalizadora objetó la iniciativa son las siguientes:

• Aunque se hable de un Tribunal Administrativo de la Competencia, lo que se estaría creando es un consejo técnico especializado en materia de competencia.
• A la Contraloría le preocupa el crecimiento desordenado y diversificado del aparato público, sin una visión coherente, clara y estratégica. Esto dificulta la coordinación, planificación y ejecución de las políticas estatales, además se generan duplicidades estucturales que complican la evaluación de resultados y el control de la gestión.
• "La creación de ese tipo de órganos con personalidad jurídica instrumental ha sustraído del control presupuestario a cargo de la Asamblea Legislativa una gran cantidad de funciones propias de la Administración Central, lo que adicionalmente ha generado una amplia dispersión en materia presupuestaria con el consecuente debilitamiento, en la práctica, de la función de direccionamiento propia del Poder Ejecutivo, en concreto del correspondiente ministerio al que pertenece el órgano".
• Según el proyecto, los funcionarios del Conacom estarían sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a los de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esto no resulta claro para la Contraloría. "Los funcionarios del Conacom continúan siendo funcionarios del MEIC, y por lo tanto, su régimen jurídico laboral necesariamente debe ser el mismo que el de los demás funcionarios de dicha institución".

"En suma, impulsar la creación de nuevos órganos refuerza una dispersión no siempre conveniente o necesaria, por lo que su análisis debe ser lo más integral posible y no al amparo de premisas no siempre explícitas como la evasión de controles u otras similares como el dotar a servidores públicos de un régimen diferente al del resto del Gobierno Central, haciendo abstracción del fin primordial al cual está llamado el Estado", concluyó la CGR.