Gobierno no halla vía legal para pagar plus salarial a vicecanciller
Desde hace más de un mes Poder Ejecutivo busca justificar el pago
Luego de casi dos meses en el cargo, el gobierno no logra justificar por la vía legal el pago del 65% de prohibición a la vicecanciller, Lorena Aguilar.
Las direcciones jurídicas de la Casa Presidencial y del Ministerio de Relaciones Exteriores no encuentran la vía legal para poder pagarle a la vicecanciller de la República, Lorena Aguilar, el pago del plus salarial de 65% por prohibición.
Desde hace más de un mes los asesores de la Presidencia y la Casa Amarilla buscan la maniobra legal para poder cancelarle a Aguilar ₡846.622 de más en su salario base, pues por ley la funcionaria no puede beneficiarse de este plus salarial.
La vicecanciller Aguilar tiene casi dos meses en su cargo, desde entonces la jerarca gana un salario mensual de ₡1.302.650. Hasta que el gobierno encuentre la vía legal para pagarle el 65% del pago de su prohibición su salario mensual no puede alcanzar los ₡ 2.149. 372.
De momento Aguilar no puede beneficiarse de este incentivo porque la Procuraduría General de la República determinó en abril de 2017, tras una consulta del Ministerio de la Presidencia -en la pasada administración- que los funcionarios que puedan cobrarlo deben estar incorporados al colegio profesional respectivo de su profesión, sin embargo, Aguilar es antropóloga, carrera que no tiene un colegio profesional en la actualidad.
Y es que sin el pago de la prohibición el cargo de vicecanciller no sería tan atractivo para Aguilar, quien viene de ganar un salario más competitivo como consultora ambiental en Washington, Estados Unidos.
Dentro de las opciones que estaría barajando el Poder Ejecutivo está la posibilidad de reconocer el incentivo salarial de dedicación exclusiva a la funcionaria o el solicitar a otro colegio profesional, como el de sociólogos, la incorporación de la viceministra, pero aún no logra concretar de manera legal ninguna de las dos opciones.
La canciller y vicepresidenta de la República, Epsy Campbell contó hace un mes que el pago a Aguilar se le congeló mientras no se tenga certeza legal de como justificarlo. Campbell garantizó "transparencia" en las indagaciones legales para determinar de qué manera solventarán ese pago.
"Estamos haciendo las consultas jurídicas necesarias para tener el respaldo del pago de prohibición. Lo que quiero decir es que esto es tan transparente que no vamos a pagar ni un cinco en prohibición hasta que no tengamos las respuestas definitivas", dijo Campbell.
Con cautela
El tema del pago de los incentivos salariales a los ministros y viceministros de gobierno es manejado con cautela por el nuevo gobierno,pues hay que recordar el embrollo que tuvo la pasada administración por reconocer el pago de prohibición a funcionarios que no cumplían con los requisitos.
El gobierno de Luis Guillermo Solís pagó en sus primeros tres años de gestión ¢189 millones en sobresueldos ilegales a jerarcas a los que no les correspondía este pago. Se trató de tres ministros y cinco viceministros del pasado gobierno.
A la fecha, los ex ministros de Comercio y Planificación, Alexander Mora y Olga Marta Sánchez,adeudan ¢36 millones cada uno por este pago que recibieron de manera ilegal. El resto de ex funcionarios saldaron sus deudas antes de dejar el gobierno.
El plus de prohibición equivale a un 65% del salario base y fue creado para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.