Gobierno no oficializó apoyo a demanda contra Maduro en CPI
Desde el pasado 16 de octubre gobierno anunció que apoyaría gestión emprendida por varios países
El 16 de octubre el presidente Alvarado anunció la decisión de Costa Rica de apoyar la demanda contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, sin embargo, hasta este martes ese apoyo no se había oficializado ante esa Corte
El gobierno de Carlos Alvarado no ha oficializado su apoyo a la demanda en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI), como lo había anunciado desde el pasado 16 de octubre.
Después de 29 días de haber anunciado su respaldo a esta demanda que presentaron en un inicio Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay Perú y Francia, el gobierno no ha anunciado a la CPI su respaldo a este proceso legal internacional contra Maduro, por supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Ni la Presidencia de la República, ni la Cancillería ni la embajada costarricense en La Haya, han enviado la notificación oficial al presidente de la CPI, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, del apoyo de Costa Rica a esta demanda.
Este martes la Cancillería dijo que el pasado 9 de noviembre envió una nota verbal acompañada de una traducción del comunicado oficial que circuló el 16 de octubre, la cual desde su perspectiva "manifiesta el apoyo de Costa Rica a la iniciativa de investigar la posible comisión de crímenes contra la humanidad en Venezuela".
Sin embargo, a criterio del embajador de carrera Javier Sancho Bonilla, esta no es la forma correcta y diplomática de hacerlo.
El diplomático acusó que esto denota falta de conocimiento acerca de la magnitud del conflicto en Venezuela y "una absoluta falta de seriedad por parte de la Cancillería".
"Se debió hacer una comunicación formal firmada por la canciller, endosando la nota suscrita en Nueva York por los Presidentes el 25 de de septiembre. El comunicado de prensa no es de recibo.
No puede ser considerado un documento formal ya que incluso es una traducción no oficial del comunicado. La nota es verbal, no tiene firma, solo rúbrica y como tal se usa para comunicaciones de trámite rutinario, no para tratar asuntos de elevada importancia diplomática y de derecho internacional. Refleja improvisación y desconocimiento de las normas y práctica diplomática", considera Sancho.
Apoyo para arreglar un error histórico
Nicolás Maduro (AFP)
El pasado martes 25 de septiembre los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá presentaron una carta sellada por los mandatarios de sus países demandando ante la CPI al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tres días más tarde, Francia se sumó a la denuncia.
Ese día el gobierno de Carlos Alvarado anunció que no se sumaría a esta demanda alegando que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas "es el foro apropiado para avanzar la atención de la comunidad internacional en este caso y que se deben cumplir las recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado".
La decisión del gobierno fue censurada y muy cuestionada por la oposición, por expertos en materia de relaciones internacionales e incluso por expresidentes de la República. La falta de apoyo a esta demanda fue catalogada "como un error histórico".
Al verse duramente cuestionado, el 16 de octubre el gobierno sucumbió a la presión. Ese día el propio presidente Carlos Alvarado anunció el cambio de decisión y aseguró el respaldó a la demanda contra Maduro ante la CPI.
"En seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones, presentadas el 26 de setiembre del 2018 por seis países de América, con base en el artículo 14.2 del Estatuto de Roma, en el que le solicitan a la Fiscalía se inicie una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, que pudieran haber ocurrido a partir del 12 de febrero de 2014″, dijo Alvarado en esa ocasión.
Sin embargo, hasta este martes ese respaldo no se ha comunicado a la CPI por la vía diplomática oficial, como corresponde.
La demanda a la que se sumó Costa Rica contra Maduro en la CPI va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas en contra de Maduro en Venezuela. Uno de esos informes es el que presentó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Otro de los informes presentados es el redactado por un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que dijo que existía "un fundamento razonable" para determinar que 11 personas , entre ellas Maduro y miembros de la Fuerza Armada de Venezuela, son responsables de crímenes de lesa humanidad en ese país.
