Gobierno quiere concesionar estaciones de carga eléctrica para que autobuseros no tengan que construirlas
Ejecutivo también procura conseguir recursos que subsidiarían compra de buses eléctricos
El Poder Ejecutivo afina una propuesta para concesionar estaciones de "recarga limpia" que estén enfocadas en atender las unidades eléctricas que operarían las empresas autobuseras con rutas autorizadas por el Consejo de Transporte Público (CTP).
Este tema trascendió en la sesión de junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) el 19 de diciembre de 2023 y fue expuesto por Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, quien también es el presidente de ese órgano.
Es necesario recordar que la Administración Chaves Robles (2022-2026) tiene sobre la mesa un plan para conseguir fondos que permitan subsidiar la compra de autobuses eléctricos por parte de empresas autobuseras.
Amador comunicó a la cúpula del CNC de "manera informativa" que trabajarían para generar los términos de referencia de la propuesta de concesión con cooperación técnica de otros países. Una alternativa, según lo dicho, sería el gobierno de Portugal.
La idea del jerarca es que se concesione la instalación y la operación de las estaciones de recarga de "energía limpia" (electricidad o hidrógeno) para que los autobuseros no tengan que construir los equipos de manera privada en los predios.
"Y con ello facilitar que eso no tenga que darse como una inversión privada en los predios de los concesionarios, porque se impacta la tarifa, subiría la tarifa. Entonces, es meramente informativo para que ustedes conozcan que se va a trabajar en eso y eventualmente el próximo año (2024), cuando estemos listos, lo estaremos presentando", indicó el ministro, en la sesión de ese día.
El CTP respalda los planes liderados desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para conseguir recursos que permitan constituir un fondo bancario enfocado en que empresarios del sector obtengan autobuses eléctricos.
El plan del gobierno es obtener los dineros a través de "fondos verdes" enfocados en temáticas climáticas, los cuales serían administrados a través del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). Sería esta institución la que adquiera las unidades para arrendarlas a los operadores o que, en otra alternativa, facilite créditos con condiciones "ventajosas" para que los empresarios adquieran las unidades eléctricas.
La intención del Poder Ejecutivo es "incentivar" a las autobuseras a adquirir este tipo de vehículos. Quienes así lo hagan obtendrían contratos de concesión de rutas por hasta 14 años y no por 7 años (como hasta ahora).
Freddy Carvajal Abarca, director ejecutivo del CTP, indicó en diciembre que el interés es que sea el BNCR el que utilice los "fondos verdes" y recalcó que el "bus eléctrico" es caro.
"Es caro. Es 3 veces la inversión de un autobús de combustión. Efectivamente, eso está muy avanzado. Se está trabajando a nivel institucional", puntualizó el funcionario.
El interés del gobierno en esta iniciativa en este plan es tal que fue uno de los temas principales que abordó Amador durante la visita que hizo a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) a principios de diciembre de 2023 para participar en actividades ligadas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 28.
En ese viaje, el ministro se reunió con varios entes de cooperación internacional para intentar promocionar el proyecto de los autobuses eléctricos y así obtener los recursos que se gestionarían a través del fondo que crearía el BNCR.
Entre las instituciones a las que se les pidió ayuda figura la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por las siglas en inglés) a través de la plataforma Financiamiento Acelerador de Transición Energética (ETAF, por las siglas en inglés). En esos encuentros también estuvo Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía.
La intención no es nueva y se puso sobre la mesa de discusión desde diciembre de 2022. Desde entonces, se ha ido cocinando y tomando forma, hasta llegar al escenario actual.
Una unidad eléctrica cuesta entre $260 mil y $280 mil (aproximadamente ₡145 millones, según el tipo de cambio a este 7 de marzo de 2024), mientras el vehículo de diésel ronda los $150 mil (más de ₡78 millones).
La justificación del MOPT es que una concesión 14 años no generaría un impacto "alto" en las tarifas a los usuarios y los empresarios pueden diluir en ese lapso los costos de utilizar las unidades eléctricas. Para el CTP, lo actual pasa por afinar el modelo de negocio que se aplicaría en esta propuesta.
"El fondo que viene, que es un fondo bancario, es si se le venden los buses a los empresarios u operadores con líneas de crédito favorable", agregó Abarca.
Amador dijo que en Dubái el First Abu Dhabi Bank (también de Emiratos Árabes) habló sobre un compromiso para financiar entre $60 millones y $87 millones como parte de los recursos que serían inyectados al fondo del BNCR. Con ese dinero comprarían, aproximadamente, 310 unidades eléctricas.
El ministerio adelantó el 17 de noviembre que presentarían política pública de electromovilidad que otorgaría concesiones de hasta 15 años a empresarios que operen con unidades eléctricas. Así lograrían obtener financiamiento en entidades bancarias para comprar este tipo de vehículos.
En medio de la defensa del plan, el ministro ha sostenido que el costo de comprar unidades eléctricas bajo este contexto sería similar si las concesiones se otorgan por plazos de hasta 7 años para operar con buses de diésel.
La política pública de "electromovilidad" contemplaría los diferentes elementos que se necesitan a nivel de contrato, de reglamento y de incentivos para arrendar las unidades eléctricas.
El alquiler de buses eléctricos formaría parte del plan de sectorización de buses en la Gran Área Metropolitana (GAM), el cual arrancaría mediante una propuesta piloto a partir de este 2024.
¿Cuáles serán estos 7 sectores? San Francisco de Dos Ríos, Tibás – Santo Domingo, Moravia – Parásito, Guadalupe – Coronado y Pavas, Escazú – Santa Ana, y Desamparados.
La sectorización del transporte público en modalidad autobús es un gigantesco pendiente que suma más de 20 años.