Gobierno sin plan para 900 familias de Limón ante despidos
Se desconoce de donde saldría dinero para prestaciones, pues administración Solís gastó dinero en grúas
Japdeva cuenta con 1.468 empleados. Se estima que ante la llegada de APM Terminals 900 de ellos serán despedidos
En la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japddeva) se avecina una ola de despidos y el gobierno no tiene un plan para las 900 familias limonenses cuyos jefes de hogar trabajan en esa institución.
A seis meses, o menos, para que empiece a operar la nueva Terminal de Contenedores de Moín a cargo de la concesionaria APM Termninals, el gobierno de Carlos Alvarado apenas le encomendó al nuevo presidente de esa institución un plan de transformación de la institución. Esto con el agravante que la administración de Solís se gastó el dinero que se había separado desde el 2009 para las prestaciones (ver nota abajo).
APM Terminals asumirá, a partir de febrero, la carga de contenedores que Japdeva tuvo en sus manos durante años. La ex presidenta ejecutiva de esta institución, Ann McKinley, fue la que reveló en marzo de 2017 la cifra de 900 despidos ante este cambio. Actualmente Japdeva cuenta con 1.462 empleados, una planilla que consume ¢32 mil millones anuales.
El presidente Alvarado sabe de la urgencia de este plan, pues la pasada administración no dejó nada claro sobre el futuro de estos 900 trabajadores. "Estamos hablando de cientos de trabajadores que les tenemos que dar una respuesta oportuna", dijo Alvarado el miércoles, cuando anunció al ingeniero Greivin Villegas como nuevo presidente de la institución.
>-->Sin plata para prestaciones
El gobierno de Luis Guillermo Solís no solo dejó manos arriba al de Alvarado sobre el futuro de estos 900 trabajadores, también lo dejó sin plata para liquidarlos.
Ann McKinley fue presidenta de Japdeva durante el gobierno de Luis Guillermo Solís anunció durante su gestión que 900 empleados de Japdeva deberían ser cesdos ante la llegada de APM Terminals . (Archivo CRH)
En el 2017 el pasado gobierno decidió utilizar ¢15 mil millones de colones que se habían presupuestado desde el año 2009 para el pago de las prestaciones de los empleados de la institución para comprar, por petición de los sindicatos, dos grúas tipo Postpanamax para atender grandes buques de 4 y 8 mil TEUS.
No obstante, como se dijo anteriormente, el problema es que Japdeva perderá el 60% de la carga de contenedores con la entrada en operación de APM Terminals, y que, además, los grandes barcos no podrán entrar a los muelles de Japdeva porque el espacio y la profundidad son reducidos.
El dinero del que echó mano Japdeva se había presupuestado en 2009, bajo la administración de Óscar Arias; y durante el período de Laura Chinchilla (2010-2014) los recursos no se tocaron.
Cuando trascendió ese desvío de fondos, Francisco Jiménez, exministro de Obras Públicas y expresidente de Japdeva, cuestionó la decisión y aseguró que la adquisición es una irresponsabilidad administrativa, además dudó que esa inversión pueda ser recuperada por medio de las tarifas.
Los empleados de Japdeva tienen derecho al pago de cesantía con un tope de 20 años, pues así lo establece su convención colectiva.
El pasado gobierno se opuso y nunca reveló cuál era el monto que se requiere para las liquidaciones de estos trabajadores.
APM Terminals ha dicho que creará entre 600 y 650 puestos de trabajo directos y 1.400 indirectos durante sus primeros tres años de operación, no obstante, a la fecha no se han concretado planes de movilidad hacia esa empresa por parte de los funcionarios de Japdeva.
